La justicia avaló la medida del gobierno federal que prohíbe incluir tasas municipales en las facturas de servicios públicos. El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín rechazó los amparos que siete municipios -Tigre, Hurlingham, Moreno, General Rodríguez, José C. Paz, Ituzaingó y San Martín- de la provincia de Buenos Aires habían presentado contra la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía que prohibía incluir cargos ajenos al servicio contratado en las facturas de servicios públicos, en defensa de los consumidores protegidos por la Ley 24.240. Y les concedió a los municipios 90 días para redefinir los mecanismos más apropiados y que consideren idóneos para cobrar las tasas municipales en forma separada de los servicios públicos contratados por el usuario. El fallo dejó reconocida la validez y legalidad de las normas del Enargas y el Enre, y de la Resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio en la que se señala que la información relacionada a los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios deben referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor, no pudiendo contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio.
La polémica entre el gobierno y los municipios se inició cuando el intendente Julián Álvarez, salió a responderle al ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo (fotos) quien lo había criticado por haber subido la Tasa de Seguridad e Higiene y luego del viral rechazo al aumento por parte de las cadenas de supermercados.
