En los considerandos del pedido de informes remarcan que «crece a pasos agigantados el robo de autos con posterior quema de los mismos, los robos y hechos vandálicos en escuelas, en comercios de la zona, saqueo de cableados; arrebatos en la vía pública, las plazas ganadas por grupos que las usan como espacio para vandalismo y drogadicción alejando cada vez más a los niños y sus familias que son los verdaderos destinatarios de los parques del distrito». Consideran gravísima la metodología delictiva llamada entradera así como la disolución del PRI, la baja de la línea 132, la labor de Asistencia a las Víctimas, cámaras de seguridad y cantidad de personal afectado al control de las mismas, y piden al ejecutivo un detalle de la relación entre el área de seguridad municipal que conduce Sebastián Castillo y las autoridades policiales del distrito y la región, entre otros temas.
En el proyecto de resolución, solicitan que el Ejecutivo informe sobre:
a) Cantidad de cámaras de seguridad y su posición de instalación, estado
mantenimiento y funcionamiento preciso
b) Cantidad de personal destinados al monitoreo de las mismas y su efectividad.
c) Funciones específicas actuales del Cuerpo de Seguridad Ciudadana.
d) Cantidad de cuadriculas/cuadrantes en que encuentra dividido actualmente
el distrito
e) Cómo es la cobertura que se realiza sobre las cuadriculas/cuadrantes
f) Cantidad de personal destinados al área de “Asistencia a las víctimas”
g) Cantidad de personas asistidas, detallando tipo de tratamiento y/o asistencia
brindada por Asistencia a la Victima.
Indican que “este cuerpo de concejales es depositario del mandato del pueblo de Lanús con el propósito de cumplir sus funciones específicas entre la que se encuentra ejercer control a la administración municipal de turno y su accionar, lo que resulta imposible ejecutarla sin contar con la información puntual y fehaciente de los objetivos de gestión. Asimismo es nuestra obligación no permitir que se naturalice esta forma peligrosa de vida como consecuencia de la impericia y desidia de las autoridades de turno a cargo del área correspondiente, llevando a nuestros ciudadanos a enfrentarse a diario con un notable incremento de hechos de inseguridad, sumado a un aumento de metodologías violentas en el accionar delictivo debido al insuficiente accionar de los responsables del área de seguridad en el distrito”
Cabe señalar que durante la sesión suspendida en el día de ayer, jueves 15, era probable que este proyecto fuera pedido para tratamiento sobre tablas, pero ahora, en próxima sesión -que me informaron que sería el primer jueves de setiembre- recién tendrían la posibilidad de hacerlo y si no se acepta el tratamiento sobre tablas, tomaría estado parlamentario y se enviaría a comisión de Gobierno, para lograr un dictamen. La pregunta es: ¿por qué no pasaron la sesión al jueves próximo? Esto dilata demasiado los tiempos, considerando la urgencia del tema. Y hay algo más importante: consultadas fuentes de Juntos, informan que los pedidos de informes emanados de su bloque en este período legislativo, nunca recibieron tratamiento ni dictamen para que llegaran a la sesión. O sea, se estarían “durmiendo” esos expedientes en la comisión de Gobierno, cuya presidente es Marcela Barberio (UP).
Marta Santos
