por Lisandro Martínez*
El 9/2/1984 Madres de Plaza de Mayo anticiparon en el programa de TV de Neustadt y Grondona que “con el alfonsinismo seremos intransigentes, porque el gobierno incumplió sus compromisos de campaña frente a los derechos humanos”. Para 1985 el gobierno había confirmado al 90% de los jueces del Proceso. Ascendió con acuerdo del Senado a militares vinculados a la represión, dio continuidad al aparato represivo de las fuerzas de seguridad, FFAA, SIDE y SI, y dictó 2 decretos de juzgamiento: el 157/83 que ordenó enjuiciar a los jefes guerrilleros y el 15/8/83 estableció el juicio a los comandantes de las tres primeras Juntas Militares. La cuarta, presidida por Bignone, no sería juzgada.
La teoría de la existencia de 2 demonios
Para desarrollarla fue encargada al escriba Ernesto Sábato y seguida por el gobierno, que ponía un signo igual entre un puñado de irregulares mal pertrechados y el Ejército Argentino. La pérfida teoría fue incluida en el prólogo del Informe “Nunca Más” y fue inaceptable para la mayoría de los organismos de DDHH que la repudiaron. Así, el 20/9/1984, las Madres junto a otros no marcharon a entregar el Informe de la Conadep a Alfonsín. “Ese informe -dijeron las Madre- es desconocido por los organismos y contiene algunos nombres de desaparecidos pero no los de los asesinos”.
“El Juicio a las juntas militares” comenzó el 22/4/1985 y finalizó el 9/12/1985. Fueron absueltos Galtieri, Anaya, Grafignia y Lami Dozo. Hubo condenas menores en relación a las pruebas para Agosti, Viola y Lambruschini. Videla y Masera fueron condenados a perpetua.
La opinión de los luchadores
Al conocerse el veredicto del tribunal que juzgó a secuestradores y torturadores de niños y adultos que hicieron desaparecer a 30.000, la organización Familiares de detenidos y
desaparecidos por razones políticas denunció: “Los 9 comandantes fueron absueltos en el 90% de los delitos que cometieron y por los que fueron a juicio acusados con pruebas
Adriana Calvo de Laborde, ex detenida desaparecida, señaló “Estoy profundamente indignada. Esto va a convencer a muchos que esperaban que se produjeran severas condenas que el camino para que haya justicia es la movilización y la lucha.”
Abuelas de Plaza de Mayo señalaron: “Un proceso que por su trascendencia moral y social fue ejemplificante durante su transcurso, culminó con un fallo injusto e inaceptable. Como luchamos por los niños secuestrados y nacidos en cautiverio en los campos de concentración que las FFAA instalaron en Argentina, condenamos que se absuelva a quienes por su responsabilidad son acusados de sustracción de menores, dejando en situación de indefensión a la comunidad infantil. Rechazamos este fallo porque profundiza la quiebra moral del conjunto de la sociedad que ocasionó la dictadura militar genocida, siendo un nuevo atentado al sentido ético de nuestro pueblo”.
Las Madres declararon “Esperábamos que las sentencias fueran las que pedía el fiscal. La justicia no es independiente. Eso se siente cuando se perdona a los asesinos. Entramos en un camino muy sinuoso que significa darles piedra libre para que vuelvan a reprimir. Sólo el pueblo movilizado puede revertir la actual situación. Necesitamos una justicia independiente para condenar a los genocidas”.
El fracaso de Alfonsín que planteaba la autodepuración de las Fuerzas Armadas limitada a un puñado de comandantes, lo explicitó su ministro del Interior, Antonio Tróccoli con cara dura: "Esas reglas de juego, lamentablemente, no fueron bien interpretadas por algunos órganos jurisdiccionales como el Consejo Supremo..." (Clarín, 4/4/1985).
La pretensión del gobierno radical de adjudicarse una conducta democrática por el hecho de haber mandado detener y enjuiciar a las Juntas fue una completa impostura. El gobierno radical actuó de esta manera arrinconado por un poderoso movimiento popular de masas en el país, que en los últimos años se había extendido a Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, España, México y otros países. El presidente lo hizo con la intención de anularlo, no de potenciarlo.
Alfonsín se enfrentó públicamente a Madres, a las que descalificó con términos que no usó contra Reagan, Alsogaray o cualquier otro aparato derechista. El gobierno ingresó a una crisis política de estado frente a la represión dictatorial y fracasó en el intento de encauzar la crisis en los límites políticos y jurídicos del estado burgués.
La intención era una generosa amnistía para los torturadores.
La importancia que tenía un enjuiciamiento a jefes militares responsables de torturas y secuestros de niños, vinculados a edificar un sistema de terror para consumar una superexplotacion de las masas, era que la calidad del fallo judicial que se produjera debía impactar para agudizar la conciencia popular contra dictaduras y golpismo, debido a que la lucha contra éstos depende no de un juez, sino de profundizar la movilización popular. Para servir a esa finalidad el juicio debía concebirse de manera de asegurar la mayor agitación política posible, con capacidad para penetrar en los estratos más profundos de la población. Esto es, precisamente, lo que el gobierno de Alfonsín se empeñó en evitar. En este solo hecho ya está inscripta indisimuladamente la voluntad de encubrimiento y de amnistía para los represores.
La Cámara de Apelaciones colocó infinidad de obstáculos a las organizaciones DDHH para abortar una manifestación gigante a Tribunales y se redujo el número de testigos que podía presentar la acusación para ir a un juicio de tiempo breve. El ingreso de público y de la prensa a la sala se limitó y el juicio se hizo sin presencia de los acusados. La TV durante el juicio transmitió pocos minutos de imágenes sin sonido.
“Al finalizar la lectura de las sentencias no hubo emoción ni lágrimas, el público se retiró en silencio. Un enorme peso se desplomó sobre ellos. El asombro era tal que dificultaba la indignación. Dos mujeres se encontraron fuera de la sala del juicio, las dos con hijos desaparecidos. Una preguntó a la otra: «¿Y nuestros desaparecidos?», y se miraron en silencio”… (El Periodista de Buenos Aires 19/12/1985).
En Argentina se contabilizaron 800 centros clandestinos de detención tortura y fusilamiento (www.argentina.gob.ar/derechoshumanos).
(*) De Política Obrera
