En la última sesión ordinaria de agosto en el Concejo Deliberante se produjo un caliente debate alrededor de un proyecto sobre personas con TEA (ver nota), que dio lugar a reclamos diversos sobre la falta de atención del ejecutivo hacia la discapacidad. Estos reclamos tienen que ver con tres proyectos -dos de los cuales fueron aprobados como ordenanzas- cuya autoría es de la concejal Jesica Flores Barrios (FdT- Kolina) que no han sido aplicados. Uno de ellos ya no tiene vigencia y refiere a los empleados municipales que laboren en distintas dependencias en atención al público, estableciendo que deberían usar barbijos transparentes para que las personas sordas pudiesen leer los labios de su interlocutor, durante el período de covid 19 y hasta que durase el tiempo de obligatoriedad del uso del barbijo. Presentado el 21 de mayo de 2021 y aprobado en sesión, nunca fue implementado. Ya el uso de barbijo no es obligatorio pero, en su momento, la ordenanza no se cumplió.
Con fecha 29 de junio de 2020 otra ordenanza estableció la implementación en dependencias municipales y centros de salud, en forma progresiva, de un lenguaje genérico para personas con discapacidad, basado en pictogramas -infografías y braille- a fin que los discapacitados puedan expresarse y comunicarse. También establece que deberán
capacitarse agentes municipales para lograr este objetivo. Nunca se implementó.El 5 de agosto de 2020 se ordenó la presencia de un intérprete en lenguaje de señas en las sesiones del HCD, actos oficiales y actividades protocolares públicas. Creó un registro de agentes municipales voluntarios para aprender este lenguaje. El proyecto de ordenanza no recibió dictamen y aún está en la comisión de discapacidad para su tratamiento.
Al respecto Martín Slavec, del espacio político Principios y Valores Lanús, que se reconoce como preocupado por los problemas de los discapacitados, indicó que “el 9 de setiembre a las once de la mañana, iré al HCD con algunos papás que quieren acompañarme, para presentar una nota y entrevistarnos con el presidente del organismo, Jorge Schiavone. No es una marcha, es una presentación de nota solicitando respuestas sobre el no funcionamiento del Consejo de Discapacidad y el abandono a las personas con discapacidad, de quienes tienen la creencia en el municipio que atender la discapacidad es solamente entregar CUD. También sobre la nula participación de la Comisión de Políticas Sociales y Personas con Discapacidad, presidida por el edil radical Emiliano Bursese”. Esa presentación se realizó este viernes en la Mesa de Entradas pero no pudieron reunirse con el presidente porque, al decir de Slavec, “Schiavone no estaba hoy en el HCD”.
Cómo fue la búsqueda de la ordenanza sobre los pictogramas
En una entrevista con Noelia Quindimil, secretaria de Desarrollo Social, ésta expresó que la ordenanza sobre los pictogramas “no llegó a Desarrollo Social. Fue recibida en Gobierno -como corresponde- pero no fue girada a mi secretaría”. Y agregó que “las que llegan se van implementando. Como ejemplo: la que se sancionó el 8 de julio de este año sobre la capacitación en discapacidad desde un enfoque de derechos humanos ya se está implementando, desde el 17 de agosto, con funcionarios y empleados de mi secretaría. Después se seguirá con las distintas áreas del municipio”.
Se consultó con Gobierno y la secretaria Adriana Storni expresó que la ordenanza sobre pictogramas fue notificada y girada a Técnica Jurídica, cuyo titular es Fernando Calvo y pertenece a Jefatura de Gabinete. Tras varios días de insistencia, una fuente oficiosa reveló que la ordenanza había sido enviada a Desarrollo Social y allí estuvo bloqueada hasta ahora.
Correspondía entonces volver a hablar con Quindimil, quien reafirmó que no se la habían enviado en 2020. Unos días después aseveró que la había recibido a principios de esta semana, desde Técnica Jurídica. Vuelve a surgir esa dependencia en el seguimiento del recorrido del expediente. Y en el medio, el mismísimo Diego Kravetz, ante la consulta y por mensaje, respondió que había que hablar con Carlos Tagliafico, subsecretario de Control Comunal (?). La consulta se realizó: este funcionario no tenía la más pálida idea de lo que se trataba. Desconocía su contenido, no la había recibido.
¿O sea que una ordenanza que tiene que ver con la atención de la discapacidad estuvo más de dos años retenida en la oficina dependiente de Jefatura de Gabinete? ¿La fuente oficiosa pasó la responsabilidad del hecho a Quindimil para ocultar la falta de eficiencia de un funcionario a quien se debe proteger? ¿O la secretaria de Desarrollo Social olvidó que había sido notificada hace dos años?
Ahora encontraron la ordenanza y comenzará a prepararse su implementación porque una periodista, con su insistencia, alertó sobre “la desaparición” del expediente. Quizás en algún momento se sepa realmente cuál es el final de la búsqueda de la ordenanza y quién es el responsable de la falta de implementación inmediata. “La culpa la tiene el virus”, dicen algunos, porque gran parte de la administración municipal estaba abocada al control de la pandemia y el resto, sencillamente, trabajaba desde su casa. Pero en diciembre de 2021 la actividad se regularizó y la ordenanza siguió “durmiendo” durante ocho meses más.
Pero esta circunstancia da origen a la pregunta: ¿Cuántos expedientes habrán corrido la misma suerte?
En la foto, el expediente perdido.
Marta Santos