por Lisandro Martínez*
Marcelo Fabián Sain es un “progre” con todos los límites que eso significa. Es un funcionario eterno de 20 años en Seguridad: en 2002/2003 fue viceministro de Seguridad de PBA. De 2005 a 2009 jefe de la Policía de seguridad aeroportuaria, reprimió una huelga de trabajadores en el Aeroparque y luego renunció por que le descubrió “la bolsa” a Antonini Wilson cosa desautorizaba por el libreto de NK. Con León Carlos Arslanian impulsaron una “seguridad democrática” que instalo el Proyecto X de espionaje contra la izquierda y el activismo obrero. De allí que las declaraciones sobre seguridad de Marcelo Sain, deban ser leídas con atención porque vienen del riñón del estado represor.
La burguesía nacional (FdT, JxC, libertarios, etc.) entiende necesario para una continuidad sin sobresaltos que al pobrerío se lo intoxique con estupefacientes y el corte sea lo más dañino posible, hasta convertirlos en “muertos vivos” como los que andan por las calles de EEUU descerebrados. “Desde mayo de 2020 hasta abril de 2021 cien mil personas murieron por sobredosis en EEUU (CNN en Español) y la mayoría de ellas fueron víctimas de opioides sintéticos como el carfentanilo mil veces más potente que la morfina. Llevar al derrumbe humano a los adictos completa el disciplinamiento social cuyo ejemplo son los países centrales como señala Marcelo Sain en su libro: Por qué preferimos no ver la inseguridad, Siglo XXI editores año 2017. Sain lo ha dicho sin empacho: “En la Argentina el narcotráfico está estatizado o, dicho de otra manera, es regulado estatalmente”.
Sain señala que en todo negocio relacionado con el narcotráfico, la policía es actor principal, encubriendo o protegiendo a sus partícipes. Esto no sería posible sin el consentimiento de los gobiernos, que avalan esto en función de que les permita gobernar sin
sobresaltos. Partiendo de este postulado, Sain, recorre y analiza 3 casos que tuvieron lugar en PBA, en San Martín, situaciones que permiten visibilizar lo que él llama “el contubernio político/policial/criminal”.El entramado de prácticas y vínculos que reproducen en PBA
No se trata de «hacer la vista gorda» sino de accionar, lo que convierte a cada una de las partes en asociados. El caso 1 que toma es el de Candela Sol Rodríguez (11 años), quien fuera secuestrada en agosto de 2011 y 9 días después fue hallada muerta en Villa Tesei, Hurlingham; asesinada. La hipótesis confirmada por la mayoría de los testigos de la causa indicaba que el acontecimiento se inscribía en un ajuste de cuentas entre grupos narcos de la zona de San Martín que tenían estrecha vinculación con la poli provincial. Este ajuste de cuentas se trataba de una venganza contra su padre -la familia de Candela tenía vinculación con narcotraficantes de “Villa Korea”, en San Martín-. La hipótesis mencionada no fue tenida en cuenta por el fiscal ni por el juez de garantías, y fue desviada deliberadamente por la justicia para encubrir a los policías que habían participado del secuestro. Es importante tener en cuenta que los secuestros son un típico modo de disciplinamiento entre narcos. El análisis de este caso permitió al autor hacer visualizar la estructura de políticos, policías y narcos en el lugar. Escribe Sain en página 25: “Queda manifiesta la forma en que la policía gestiona restablecer la relación con los narcos de San Martín e intenta regenerar el control quebrado por el asesinato de la niña, para impedir la crisis política”.
Luego analiza el caso 2: «Santiso» (2014-2015) en 2014 jefe de la Departamental de San Martín. En 2015 detenido e incomunicado por la justicia federal por liderar una banda de narco-policías. Sain señala que la policía garantizaba y armaba el negocio criminal, y lo más llamativo era el grado de compromiso institucional que se había logrado para llevar adelante el delito. Las altas jerarquías de la Bonaerense se interpusieron a las autoridades judiciales para evitar que se descubra la trama policial-criminal (ver página 24). Con Santiso una jueza estudiaba el narcotráfico en José L. Suárez porque iba a elevar a juicio la causa y descubrió que los testigos que debía llamar a declarar eran 6 ex policías de la comisaria 4ª presos desde el 2016 por negocios con narcos de la villa La Cárcova. Junto a Santiso, jefe de la Departamental de San Martín, fueron en cana por el mismo delito los tenientes Carlos C. Aguirre, Mario Maruri y otros 2 oficiales ya en “la tumba” por iguales delitos y un oficial Gabriel Cabral prófugo (www.tiempoar 9/2/2022).
Juan Pablo Bressi en 2014 (con los K) fue superintendente de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, encargado de investigar el narcotráfico en PBA, que había crecido por la connivencia del gobierno y de la policía. El comisario Juan Pablo Bressi (2015-2017) nombrado como jefe de la yuta de la PBA, mimado de la “cándida” Maria E. Vidal y de Ritondo fue denunciado reiteradamente por: 1. Violencia de género, 2. Recaudación ilegal y 3. Vínculos con el narcotráfico. Bresssi se fue por el peso de las denuncias (www.perfil.com 9/5/2017). Esto pinta el perfil de los comisarios del poder político de turno. ¿Desde cuando policías narcotraficantes están instalados en San Martín, y tienen el aval de los sucesivos gobiernos PJ/K, JxC, etcétera? Esto dice Saín en la página 25 de su broli: “Saca a la luz la superestructura policial, de regulación estatal del narcotráfico, con encubrimiento gubernamental y patrocinio de la Drug Enforcement Administration (DEA) “.
Elisa Carrio en 2006 intentó ganar la tapa de los diarios y denunció a Bressi por proteger narcos en el GBA. Pero M. E. Vidal y Ritondo (JXC) y Berni (FdT) salieron a defender a Bressi.
Sain en la página 22 dice: “El Estado es parte del crimen organizado”. Hace más de dos décadas que en PBA hay un contubernio (alto mando policía PBA, narcos y políticos que gobiernan). Los políticos, con la inseguridad construyen su gobernabilidad
No hay estado ausente sino presente. La regulación ilegal del estado gestiona la criminalidad y sin ello el narcotráfico no se habría expandido. Uno de los desarrolladores del crimen organizado es su relación con las autoridades estatales.
1. Desarmar la policía.
2. Asambleas de barrio que elijan y revoquen a los comisarios que incumplan con las instrucciones.
3. Asambleas que controlen las brigadas ciudadanas orientando a las fuerzas.
(*) Del Partido Obrero Tendencia
