Frente a la realización de fiestas clandestinas en el distrito, el entonces concejal Jorge Montero, actual secretario del cuerpo, presentó en mayo de 2021 un proyecto de ordenanza que prohíbe la realización de reuniones con asistencia mayor a la indicada por el Decreto de Necesidad y Urgencia de la Nación. El proyecto, que establece multas de hasta más de un millón de pesos para los organizadores, “intenta desalentar la realización de fiestas clandestinas al tener multas más elevadas”, según aseveró Montero. En los considerandos del proyecto se indica que las fiestas privadas son a menudo convocadas a través de medios virtuales y a veces se señala el lugar de su realización a última hora. Así eluden todo tipo de controles por parte de las autoridades. También establece que, además de las quejas de los vecinos colindantes con esas propiedades donde se realizan las fiestas, no se puede conocer si tienen medidas de seguridad ni la concurrencia de menores.
Las sanciones correspondientes se aplicarán a los organizadores y a quienes publiciten esas fiestas, a los dueños de la propiedad utilizada y a los facilitadores de establecer relaciones entre los mismos. Dichas sanciones se aplicarían si se comprueba la asistencia de menores, la venta de bebidas alcohólicas en la reunión, los perjuicios que esas fiestas ocasionen a
terceros y el ocultamiento deliberado de la infracción, entre otros.Actualmente, se intenta controlar la clandestinidad de las reuniones haciendo seguimiento de mensajes en las redes o por denuncias de vecinos. Según Carlos Tagliafico, secretario de inspección comercial, los operativos que se realizarían serían similares a los actuales: Reciben la denuncia sobre la realización de la reunión y van al lugar denunciado. Si es una propiedad privada no pueden ingresar, porque necesitarían una orden de allanamiento, pero hacen vigilancia sobre la entrada y salida de los concurrentes y verifican sus DNI, al igual que la cantidad de asistentes Si es un boliche, depósito, galpón o salón de fiestas, efectúan el control en el interior. Se labra acta y se clausura. El acta va al Juzgado de Faltas, donde establecen el monto de la multa, que es baja.
Lo que cambia con este proyecto de ordenanza es el valor de las sanciones, que oscilarían entre el monto que va de 500 a 1.500 Jornal Mínimo Municipal (JMM) y es allí donde esas sanciones desalentarían la organización de estas reuniones, ya que significarían multas que irían de los $450.000 a casi $1.500.000..
Hay que recordar que en la mayoría de casos, en estas fiestas hay venta de alcohol a menores.
El proyecto podría ser tratado y modificado a partir de marzo de 2022, cuando comience el período de sesiones ordinarias.
Marta Santos