“Operación pandemia fraudulenta”, tenía 2 “sucursales” en Lanús
Tras dos años de investigación criminal la Policía Federal Argentina, logró desarticular una organización criminal que se dedicaba a estafar a personas mediante diferentes métodos, que les permitió acumular, según las primeras pericias, una suma equivalente a los doscientos millones de pesos.
La organización desarrollaba formas de engaño disímiles, lo que pudo comprobarse tras una meticulosa investigación que, pudieron desgranar los detectives de la División Investigación de Delitos Tecnológicos de PFA. La complejidad del modus operandi de esta organización criminal, con ramificaciones fuera del país, requirió de la fuerza federal vincular tipos de estafas que se iniciaban fuera de la Argentina para luego concretarse en el país. En primer lugar, el grupo de estafadores, mediante el uso de bases y la adulteración de datos informáticos que extraían de manera
ilegal de determinadas empresas, identificaban a personas que poseían algún tipo de deuda monetaria. Establecida la identidad de los deudores, la organización les ofrecía, mediante engaños convincentes como por ejemplo alterar de manera casi imperceptible el correo electrónico de la empresa acreedora, formas de pago para saldar sus compromisos con descuentos respecto del monto total. De ese modo, al ofrecerles estos modos de condonación, brindarles un número de cuenta bancaria y haciéndose pasar por sus acreedores, la organización lograba hacerse del dinero de sus víctimas, quienes creían estar pagando sus deudas. Como consecuencia de ello, las personas engañadas, además de continuar con sus deudas originales, perdían el monto que habían depositado.En segundo lugar, se logró comprender una segunda forma de estafa que llevaba a cabo el mismo grupo, denominada “Estafa del Soldado Americano”. La misma se iniciaba a partir de entablar un vínculo de confianza mediante contactos digitales entre el estafador y la futura víctima. El victimario, que se presentaba como un extranjero que realizaba alguna misión fuera del país, sostenía la relación durante largo tiempo hasta convencer a la otra persona de que, debido a su actividad en el extranjero, se veía imposibilitado de retirar de la aduana encomiendas que, según explicaba, le habían llegado a la Argentina. Debido a ello, el miembro de la organización le solicitaba a la víctima que fuera a la aduana después de hacer un depósito en una cuenta bancaria para poder hacerse de la aludida encomienda. De este modo, la víctima, creyendo estar colaborando con la necesidad de su interlocutor, depositaba dinero en cuentas bancarias ajenas para personas apócrifas. Las cuentas que recibían el dinero estaban a nombre de otras personas que, formando el eslabón más bajo de la organización criminal, prestaban sus datos y cuentas a cambio de un porcentaje menor de aquello que se estaba robando. Finalmente, la organización extraía el grueso del dinero y, a través de una compañía de servicios financieros, enviaban lo robado hacia el exterior. De ahí que la PFA llegara a determinar la dimensión transnacional de la organización, cuya ramificación alcanza a varios países.
Una vez que la PFA, mediante esta exhaustiva investigación, logró acumular las pruebas necesarias, se iniciaron los operativos que permitieron la detención de 15 involucrados, entre quienes se encuentra el líder de la banda, y cuyas identidades no fueron proporcionadas a La Defensa. Siguiendo las indicaciones del Poder Judicial se realizaron allanamientos en barrios de clase media y media alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires y en San Luis. La red criminal que organizaba las estafas estaba encabezada por quien brindaba los datos de quienes serían luego las víctimas de toda esta operatoria. Hasta donde se logró establecer, la organización delictiva operaba en varios países. De allí que, entre las detenciones, se encuentren personas de diferentes nacionalidades. Tras 23 allanamientos, a los 15 miembros de la organización se les secuestraron 46 teléfonos celulares, 14 notebooks, pendrives, discos rígidos con información sustancial para la causa, elementos de almacenamiento digital, tarjetas de crédito y débito, documentación bancaria de interés, gran cantidad de dinero en efectivo de diferentes denominaciones, dos autos y una motocicleta.
Los allanamierntos fueron ejecutados en: Guardia Vieja 3300 CABA; San Luis 3300 CABA; Azcuénaga 770 CABA; Berutti 4400 CABA; Callao 380 CABA; Larrazabal 920 CABA; Juan B. Justo 3800 CABA; Crucero Belgrano 5800 La Tablada; Poeta Forti 870 Morón; Gobernador Cresto 2100, Concordia, Entre Ríos; Cordero 20, Piñeiro; Pellegrini 2600, Libertad; Amenábar 1100 CABA; Santa Fe 1200 CABA; Santa Fe 1270 CABA; Yapeyú 80 CABA; Tokio 3700 Isidro Casanova;
Concejal Noya 2100 Lanús; Monoblock Lucas Rodríguez, San Luis; Juan Piñeiro,100 Lanús; Ayacucho 1400 CABA; Ciudad de la Paz 1100 CABA.
