Otra ordenanza “legaliza” la tracción a sangre
En la primera sesión ordinaria de junio, que se realizó el jueves pasado, en el Concejo Deliberante se trataron muy pocos expedientes -solamente veinte- de los cuales cuatro fueron ordenanzas. La primera de estas declara al servicio de transporte escolar en estado de emergencia, considerando que durante muchos meses no pudieron trabajar por el cierre de escuelas como consecuencia de las medidas tomadas en tiempo de pandemia. Propuesta por el bloque de Juntos por el Cambio, prorroga las habilitaciones para la prestación de servicios otorgadas en 2019 hasta 2022, siempre que mantenga vigente la Verificación Técnica Obligatoria y los seguros de transporte correspondientes y exime a los vehículos de Transporte Escolar habilitados durante el año escolar 2020/2021, bajo la jurisdicción del distrito, del pago de patentes correspondientes al año 2021. Además, los autoriza a transportar a personas mayores de 18 años hasta tanto perdure la situación de emergencia.
Otra de las ordenanzas fue la modificación del artículo 6º de la ordenanza de Residuos Sólidos Urbanos -aprobada en reciente sesión- que agrega la inclusión, en el registro de recolectores urbanos, de los transportes que utilizarían para la tarea. Lo curioso es que se menciona entre ellos la tracción a sangre, cuando ya hay una ordenanza que establece que el uso de caballos para tal fin está prohibido. Marcela Barbeiro sostuvo que todavía no han
logrado que se cumpla la ordenanza que prohíbe la tracción a sangre y falta mucho trabajo en ese sentido.Las otras dos ordenanzas refieren a convenios marco: uno con la Fundación El Potrero y el otro con la Junta Vecinal Unidad y Lucha. No fueron acompañados por los espacios del Frente de Todos -aún cuando ambas entidades ya realizan trabajos sociales en los barrios más necesitados- y el argumento de los opositores fue que no tenían suficiente información. Fue Jorge Montero quien defendió ambos proyectos, indicando cuáles eran sus actividades. Refiriéndose al rechazo de los concejales frentistas, reprochó: “Si los vecinos se enteran que ustedes rechazan estos convenios con organizaciones que ayudan a los que necesitan, no esperen obtener esos votos”.
Pero al comienzo de la sesión, el FdT pidió que sobre tablas se tratase un proyecto para declarar la obligatoriedad de la trasmisión pública de las sesiones ordinarias, pues, como las sesiones han sido virtuales, pero solo para ediles, personal y prensa, queda sin acceso a ellas el público en general. El oficialismo no dio la aprobación y no se consiguieron los votos para su inclusión, por lo cual no fue analizado.
Y se trató sobre tablas la ampliación de recursos municipales, que fue aprobada.
Además, declararon de interés legislativo la campaña “La Señal de Ayuda”, para la promoción y defensa de los derechos humanos, cuyo objetivo es el de brindar ayuda y contención a las víctimas de violencia de género.
Si bien la sesión conectó a 24 concejales, a poco de comenzar quedaron con 23, pues la edil Ana Rodríguez, del Frente Renovador, se desconectó, no volviendo a dar presencia durante toda la sesión. Había informado que iba al médico.
Marta Santos
