por Lisandro Martinez*
-Con la colaboración de Sonia Rodríguez de Junín
En Rojas, provincia de Buenos Aires, un policía de 25 años, Matías Martínez, acuchilló a Úrsula Bahillo de 18 años, hasta la muerte. Úrsula había hecho ante la justicia 18 denuncias. Ella escribió a sus amigas que su ex novio la quería matar. Ni la justicia, ni el municipio de Rojas, nadie con el poder de hacerlo, tomaron medidas de protección para ella, en cambio sí para el asesino, a quien mantuvieron en libertad para que continuara amenazando a Úrsula y finalmente la asesinara.
El perverso tiene en su legajo una denuncia de violación a una niña discapacitada y violencia sobre –por lo menos- una pareja anterior, a la que amenazó con el arma reglamentaria delante de los hijos. El criminal era un abusador serial, cubierto por la institución a la que servía con “carpeta psiquiátrica” por lo que estaba suelto, como lobo por la ciudad.
Seguramente el policía Martínez había aprobado con buenas notas el cursillo que impone la inservible ley 27499 (Ley Micaela), una capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para toda persona que se desempeñe en la función pública. Al policía Martínez como a muchos otros funcionarios la aprobación del curso contra la violencia fue y es un trámite más, que hay que pasar tapándose la nariz y poniendo cara de ángel para luego maltratar a los más débiles a sus anchas. De pericias siquiátricas profundas para
Laura pasó meses en Nicaragua estudiando en detalles la situación de una cantidad de niños enfermados síquicamente por su actividad de atormentadores de presos políticos, y finalmente llegó a una conclusión contundente: Esos seres eran a esa altura de los acontecimientos, irrescatables, porque la ciencia todavía no contaba, con el suficiente conocimiento ni con las herramientas de sanidad como para recomponer a esos seres y devolverlos a la escala humana. La responsabilidad del estado criminal de la dictadura de Somoza –en ese caso- era una losa ilevantable.
Cada uno de los centenares de femicidios que se producen clarifica todo el tiempo que los reclamos de las agrupaciones políticas y de mujeres responsabilizando al estado en su conjunto de todos las muertes femeninas a manos de sus parejas u otros criminales ocurridas en Argentina, están sostenidas por una complicidad abrumadora que destapa una olla de impunidad que llega hasta las más altas esferas.
En la ciudad de Rojas, ha quedado demostrada una vez más la tolerancia y el paraguas protector que las instituciones jurídicas, policiales, tuvieron para el asesino de Úrsula Bahillo a pesar de las 18 denuncias.
El fiscal de Junín Sergio Terrón, fue el vocero de este abandono cómplice, reconociendo ante los medios nacionales de comunicación, la impotencia del sistema judicial, que demora en tomar las denuncias de las víctimas y actúa con paso cansino ante una maquina criminal que funciona a todo vapor y que cada 20 horas mata a una mujer. Muy relajado el funcionario, dijo que el 17 de este mes Úrsula: ¡hubiera tenido audiencia!
El funcionariado, ha naturalizado el abandono de personas en estado de indefensión. La clave para entender el fenómeno es que los funcionarios responsables no son parte de la solución de estos terribles problemas sino parte de un engranaje que sirve de coartada para los criminales y es enemigo de la libertad de decisión y de vida de las mujeres. Una mayoría de mujeres cuando concurren a realizar las denuncias correspondientes reciben burlas de diversa índole, algunas sutiles y otras directas que finalmente apañan y le dan espacio y el tiempo necesario a los acosadores para que se conviertan en femicidas.
Terrón dijo en TN que “en Rojas, hasta el día de hoy, hay 8 personas detenidas en flagrancia”, cuando se movilizaron a la comisaría local sin obtener respuesta. Frente al reclamo y la bronca contra la institución que encubrió a Martínez. La policía lejos de hacerse cargo de sus responsabilidades, reprimió brutalmente con perdigones de goma tirados con escopetas desde menos de 20 metros de distancia apuntando a la cabeza hiriendo en el ojo a una amiga de Úrsula que desde una esquina con otros tres jóvenes reclamaba. Ningún policía fue detenido, la lluvia de perdigones de goma disparadas a la cabeza para hacer el mayor daño posible sobre los familiares y amigos desesperados de Úrsula fue avalada por todo el poder político de Rojas y la justicia juninense.
La opresión hacia las mujeres, debe ser enfrentada con la organización de la clase trabajadora en su conjunto y su movilización debe dirigirse al poder político. La presencia de Berni en la escena de crimen constata una vez más la preocupación por no dejar nada librado al azar y darle forma a la coartada que salve la ropa de los implicados en esta ocasión.
Impulsemos asambleas de mujeres en los lugares de trabajo, de estudio y en los barrios.
Es necesario desarrollar un plan de lucha contra la indiferencia criminal y quienes sostienen la opresión de clase sobre los más débiles y desamparados
Abajo la impunidad, paso a los trabajadores
(*) Del Partido Obrero Tendencia
