por Aurelio Nicolella*
Ha caído en el olvido el proyecto de ley de Reordenamiento Sindical, llamado “Ley Mucci” por Antonio Paulino Mucci, ministro de trabajo de ese entonces del presidente Raúl Alfonsín desde 1983 a 1984.
Debemos adentrarnos un poco en la historia: Durante el desarrollo de su campaña presidencial durante 1982-1983, el doctor Alfonsín denunciaba la existencia de un supuesto “pacto militar-sindical” cuyo objetivo sería lograr la continuidad del poder militar, amparado por un posible futuro gobierno justicialista, en donde quedarían impunes los delitos de lesa humanidad.
Evidentemente se manifestaban elementos de acercamiento entre los sindicatos peronistas y los jerarcas militares para evitar la condena social y penal de los actos aberrantes cometidos durante la dictadura. Basta recordar las reuniones entre el sindicalista metalúrgico Lorenzo Miguel y sus vínculos reservados durante la dictadura, que incluyeron, además de los contactos con Massera, reuniones con el subsecretario general del Ejército, el general Jorge Ezequiel Suárez Nelson, y declaraciones sugestivas como las del jefe del Ejército Cristino Nicolaides, quien llegó a calificar al líder de la UOM. como “el estadista más grande de la Argentina”. O como el caso de Saúl Ubaldini, quién dos días antes de la recuperación de Malvinas había hecho una huelga a los militares, para luego subir al avión chárter que lo transportó a Malvinas a la jura de asunción del general Menéndez, a la que asistieron políticos, sindicalistas y representantes de la sociedad argentina. En la escalerilla del avión se habrá acordado, Ubaldini, de Dalmiro Flores, un obrero metalúrgico de 28 años, muerto por un disparo de la
Por eso no sorprendió que Raúl Alfonsín, en 1983, denunciara un “pacto sindical-militar” mediante el cual, si triunfaba el peronismo en las elecciones, se iba a aplicar una amnistía para militares acusados de violaciones a los derechos humanos.
La propuesta de la “Ley Mucci” promovía la convocatoria a elecciones de delegados sindicales y de autoridades en todas las asociaciones gremiales de trabajadores. Para ello buscaba modificaciones en las condiciones, garantías, padrones, listas, electores y jueces electorales independientes.
Es así que el gobierno radical decidió iniciar el debate en el parlamento. Algunos radicales le habían advertido a Alfonsín y al ministro Mucci que era una cuestión que despertaría la resistencia del peronismo, pero el doctor Alfonsín confiaba en que podría cambiar la vida de los trabajadores argentinos y haría que los sindicatos fueran más participativos en sus decisiones entre sus afiliados y la sociedad. También se querían ampliar las comisiones transitorias con sectores internos adversarios a la conducción, en nombre siempre del pluralismo sindical.
El debate en el congreso comenzó en la Cámara de Diputados en febrero de 1984. El proyecto pasó holgadamente, ya que el radicalismo tenía mayoría propia.
Pero la lucha se presentó en el Senado de la Nación. Entre idas y vueltas,Alfonsín se dio cuenta que quienes le habían dicho que en el Senado podía pasar la ley, se equivocaban: Los votos estaban en 22 a favor y 23 en contra pero había un senador que podía empatar y era Elías Sapag por Neuquén, quien no había hasta ese momento manifestado opinión alguna. Enseguida los radicales comenzaron un acercamiento al líder del Movimiento Popular Neuquino. Éste había manifestado que necesitaba para su partido más protagonismo por lo cual los neuquinos terciaron y reclamaron favores muy concretos para su provincia: El control del gasoducto Loma de la Lata y la empresa Hidronor.
El voto positivo al proyecto de ley del neuquino llevaría a un empate 23 a 23 y la decisión de desempate sería del vicepresidente Víctor Hipólito Martínez, entonces así la ley saldría.
Pero Alfonsín consideró que lo que pretendía el senador patagónico era imposible de cumplir ya que él había dado la palabra que el control de las empresas que pretendía Sapag ya estaban acordadas.
La votación final el 14 de marzo de 1984 fue 23 a 22 en contra, rechazando la ley. Días después la CGT comenzó un plan de acción iniciando el primer pago general el día 24 de septiembre de ese año que sería una seguidilla de paros.
Antonio Mucci renunció pocas semanas después del rechazo de la ley y lo sucedió el bonaerense Juan Manuel Casella. Por lo cual seguiría vigente la ley 22.105, Ley de asociaciones gremiales de trabajadores de 1979, promulgada por la dictadura cívico-militar y fuertemente cuestionada por la Organización Internacional del Trabajo hasta el día de la fecha.
La pregunta es:¿Cómo los sindicalistas argentinos, que tanta bula hacen de haber luchado contra la dictadura de Videla y sus secuaces, no solicitan la modificación de esa ley por otra más moderna y democrática? La pregunta implicaría que modificar esa ley haría revivir los fantasmas de la ley “Mucci” y se sabe que los tiempos de hoy no son los de 1984. Mucha agua corrió bajo el puente, hoy el sindicalismo no se encuentra tan cuestionado como la política.
Las críticas dentro del radicalismo no se hicieron esperar. Lógicamente había un grupo que criticaba que Alfonsín había puesto en escena un tema tan delicado como lo era el entramado “sindicalismo argentino” donde el peronismo, la fuerza política opositora, la consideraba su columna vertebral al decir de su líder. Sostenían que debería haber esperado para plantear a la sociedad semejante cambio. En síntesis que no era la hora.
Otro grupo lo achacó a la testarudez de Alfonsín de no negociar entregando lo que el neuquino pretendía, era un cuestión lógica en política: “Te doy y vos me das”, ya que había prometido el control de las empresas a otras personas del partido.
Pero también la pretendida ley Mucci salpicó al peronismo, en este caso al peronismo “renovador” de Cafiero, quien había apoyado el rechazo a la ley. En 1988, cuando las internas justicialistas se realizaron, los sindicatos en su mayoría inclinaron la balanza por el riojano Carlos Saúl Menem, apoyándolo electoralmente y económicamente. Los sindicalistas temían que con Cafiero perdieran sus privilegios, ya que tenía un discurso “aggiornado”. El veterano dirigente peronista sintió en carne propia que otra hubiera sido la historia con un sindicalismo más pluralista y no tan concentrado.
Pero bueno, si Alfonsín en ese momento se equivocó o no es cuestión del cristal con que se lo mire.
(*) Abogado, militante radical