El concejal Gabriel Sandoval, del subbloque unipersonal De Lanús Para Lanús en el FT, presentó dos ordenanzas referidas a los alquileres, basadas en pedidos de la asociación Alquiler Justo Lanús, que nuclea a inquilinos del distrito y a inquilinos del polo gastronómico del distrito, conocido como Lanusita.Uno de los proyectos establece la creación de “la Mesa de Gestión de Alquileres con el objetivo de abordar problemáticas y conflictos a partir de un mecanismo de mediación entre las partes locadoras y locatarias, que garantice el cumplimento de la legislación nacional, provincial y municipal concerniente a la temática. La Mesa de Gestión de Alquileres deberá constituirse en un plazo no mayor a los quince días desde la promulgación de esta ordenanza” y estará conformada por el Departamento Ejecutivo Municipal; la Defensoría del Pueblo de Lanús; el Colegio Público de Martilleros y Corredores de Avellaneda y Lanús y la asociación de inquilinos que, a criterio del Departamento Ejecutivo Municipal, “resulte más representativa en el municipio de Lanús” (artículos 3º y 4º del proyecto).
El otro proyecto refiere a habilitaciones comerciales y establece que “toda persona física o jurídica que solicitare habilitación comercial para ejercer o instalar el mismo rubro que el locatario que lo antecedió deberá hacerlo a través del común acuerdo con el locatario anterior mediante una transferencia de habilitación de acuerdo con el modelo que luce como anexo de esta ordenanza. En caso de no contar con la mencionada conformidad, no podrá habilitarse idéntico rubro durante un plazo de veinticuatro (24) meses contados desde la finalización del contrato de locación vigente en el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU-2020-297-APN-PTE y sus modificatorias, y que no hubiere sido renovado en dicho lapso. La disposición de esta ordenanza tendrá un criterio de aplicación sobre aquellas actividades comerciales desarrolladas en inmuebles que no fuesen propiedad del titular de la habilitación y cuyo contrato de locación estuviera vigente durante
el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU-2020-297-APN-PTE y sus modificatorias, y que no haya sido renovado en dicho lapso.” (artículos 3º, 4º, y 5º del proyecto).
Ambos proyectos deben ser analizados en la Comisión de Gobierno pero, como es habitual, oficialismo y oposición están parados en distintas veredas. Mientras que Sandoval (FdT) indica que “el estado debe proteger a la parte más débil del conflicto, que serían los inquilinos”, que se viesen afectados por aumentos desmedidos en la renovación de contratos vencidos durante la pandemia y que “perderían su inversión en el local, sin ningún tipo de compensación”, Jorge Schiavone, (JC) explica que “el estado no puede intervenir beneficiando a ninguna de las dos partes porque el municipio podría recibir una ola de juicios desde la parte afectada”. Y pregunta: “¿Cuál es la más perjudicada? No todos los propietarios tienen grandes reservas de dinero. Ellos también se quejan porque sus ingresos se verán disminuidos y algunos dependen de ese alquiler. La situación es difícil y hay que recurrir también a la buena voluntad de ese sector, para que no aumenten desmedidamente los alquileres, en caso de finalización del contrato. Que puedan dar una prórroga”. Señaló que también están haciendo reuniones con este sector, en forma individual porque no responden a ninguna asociación, intentando lograr este objetivo, más allá de las que también ha realizado con grupos de gastronómicos. Respecto a la Mesa de Gestión, indicó que “el estado puede mediar, no imponer”, y que ya existe en el ejecutivo una oficina de mediación por conflictos entre vecinos.
Lo cierto es que las posiciones de los bloques son opuestas y estos proyectos seguramente estarán siendo debatidos largamente en la comisión, antes de recibir un dictamen favorable que les permita ser tratados en alguna sesión.
Marta Santos
