por Victor De Gennaro*
En marzo de 2020 el gobierno nacional decidió tomar una medida de prevención frente al avance de la pandemia mundial COVID 19 cuyos resultados sanitarios están fuera de discusión: Argentina es el país con menos contagiados y muertos por COVID de toda la región y un ejemplo de priorizar la vida para la OMS y el resto de los países del mundo.
Por supuesto, las consecuencias económicas de sostener una cuarentena durante más de dos meses no escapan a nadie. La actividad económica cae y los primeros perjudicados son los trabajadores y las trabajadoras que viven con lo cotidiano, que trabajan informalmente o en la economía popular. Estas personas son las que habitan nuestros barrios populares en Lanús, donde antes del COVID 19 ya había una situación de emergencia de hambre que la pandemia vino a empeorar.
Atentos a esta situación, desde el gobierno nacional de Alberto Fernández y el gobierno provincial de Axel Kiciloff se han tomado medidas que reforzaron la asistencia económica a la población más necesitada de forma directa, a través de la IFE y el aumento en AUH, y de forma indirecta repartiendo bolsones de comida. De hecho, hemos contabilizado que el esfuerzo respecto de la asistencia alimentaria se ha duplicado desde diciembre del 2019 por parte de la provincia.
La pandemia también puso en acción la solidaridad social activa de los vecinos y vecinas de Lanús. Durante los meses que van de marzo hasta hoy se han puesto de pie decenas de nuevas ollas populares en todo el territorio, multiplicándose las trincheras de la lucha contra el hambre.
En este momento, consideramos que estamos llegando a un punto de quiebre.
A medida que se deteriora la situación económica no hay política de coyuntura que resuelva
el problema de fondo, y por cada nueva familia que cae en la pobreza extrema hay una olla que se abre en un club de barrio, un taller de autos, un local social o iglesia. Pero la batalla contra el hambre no cesa y nuestras condiciones para pelear empeoran con los días.
La mayoría de las ollas populares, surgidas en estos meses, no son reconocidas formalmente por el municipio, no reciben asistencia estatal alguna y dependen de los esfuerzos vecinales. La colaboración de comercios y vecinos, como es obvio, también está sujeta a que ellos tengan para ayudar, y el avance de la crisis económica no reconoce sectores sociales.
Por lo tanto, cada vez es más difícil sostener la actividad de dar de comer pero es cada día más imprescindible.
Hasta el momento, el COVID 19 no había llegado sino de forma muy asilada al municipio. Sin embargo, ya contamos con más de 200 casos confirmados, y tenemos el ejemplo de Villa Azul en Quilmes, donde los enfermos se multiplicaron por decenas en cuestión de días.
La preocupación empieza a correr y es esperable que muchas ollas que aparecieron al calor del avance del hambre deban cerrarse por miedo al contagio. Otras seguirán a pesar de los riesgos reales que existen al realizar esta actividad no reconocida formalmente por el gobierno y muchas veces discriminada desde el poder municipal.
Es por ello que desde el Movimiento Lanús Libre de Hambre exigimos al intendente Grindetti y a sus funcionarios la apertura inmediata del comité de crisis, que nos permita coordinar acciones con la totalidad de los espacios que hoy combaten el hambre en Lanús.
El tiempo apremia. En este marco, los errores se miden en vidas. Convocamos públicamente al señor intendente para que informe públicamente cual es la estrategia para este tiempo. La hemos planteado en todos las reuniones, y nunca se esbozó.
Hoy hace un mes que no hay reunión del comité de crisis cuando en la provincia se plantea cada vez en el cotidiano. Los vecinos y vecinas de Lanús queremos saber qué y cómo se llevan adelante las políticas para defender nuestra vidas y las de nuestras familias.
(*) Ex candidato a intendente y líder del Movimiento Lanús Libre de Hambre
