por Ariel Pesachovich*
En estos días en los que el gobierno nacional busca asistir a los sectores más afectados por la cuarentena, surge un tema aún no resuelto en el área de Defensa del Consumidor, que son los reclamos por los descuentos improcedentes que realizan en especial en bancos privados a jubilados, por conceptos como cuota social de mutuales, seguro de cajero, servicio de atención médica (siempre en distritos distantes, como por ejemplo para uno que vive en Lanús el consultorio puede estar en La Plata. Servicio de ortodoncia: inútil explicar que no sirve para un jubilado.
Asi tenemos numerosos items, llegando hasta el insólito seguro de mascota que les aparece a jubilados casi analfabetos. Estas cosas no son casuales, el sistema financiero vio claramente que la prolongación de la vida transformaba a los jubilados, aún con sus magros ingresos, en clientes apetecibles. Así bajo formas de venta engañosa, les otorgan créditos que en realidad les dicen: "Abuelo, el banco le da un beneficio". Muchos jamás se enteran que están pagando. Los casos en las oficinas de defensa del consumidor se acumulan y no siempre se resuelven de manera correcta.
En estos tiempos que exigen decisiones ejecutivas eficientes bastaría un decreto suspendiendo y eliminando estos descuentos indebidos que sólo podrían reintegrarse por manifestación expresa del usuario.
Lo anterior parece una cosa trivial, no importante. Ahora si consideramos que un 30% de los 5 millones de jubilados están afectados por estas prácticas desleales, con un promedio de unos $500 cada uno mensual, unos 1.500.000 afectados, la suma nos da la nada despreciable suma de 9.000 millones de pesos anuales.
¿Cuántos puestos de trabajo se podrian obtener con esa suma?
(*) Ex concejal de Lanús
