La investigación determinó que los subsidios fueron entregados sin controlar que, por ejemplo, varios de los presupuestos de gastos hechos por diferentes entidades eran iguales pero diferían en los montos. En algunos expedientes de los subsidios se detectó, inclusive, documentación duplicada: usaron papeles idénticos para pedir subsidios diferentes. Los pedidos de subsidios no fundamentaron la propuesta de intervención requerida y algunos tenían los mismos diagnósticos de situación en los que se repetían descripciones y detalles.
Las entidades en cuestión son la Fundación María de los Ángeles por la lucha contra la trata de personas, la Asociación Civil Institución Salesiana San Francisco Javier, la Asociación Civil Sol de Mayo, la Asociación Civil Madres contra el paco y por la vida y la Fundación Padre Miguel, la Asociación Civil Ushuaia Participa, la Fundación Creando Futuro, la Universidad Nacional del Chaco, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la Fundación para la Integración Federal, la Asociación Civil Hijos de Fierro, la Asociación Civil Mujeres Evita, el Club Atlético Lanús, el Club Social Deportivo de la Cárcova, la Asociación Civil Organizados por Mercedes, la Fundación Moviendo Montañas y la Asociación Civil
Campo Social por la Prevención del Delito.
También recibieron subsidios de la Sedronar las provincias de Santiago del Estero y San Juan y las municipalidades de Tres de febrero, Concordia, Rosario, Castelli, Gral. Pueyrredón, Paraná, Colón, Moreno, Río Gallegos, Caleta Olivia, Calafate, Goya, Marcos Paz, Chivilcoy, San Miguel de Tucumán y de José C. Paz.
