por Lisandro Martínez*
El 11/9/19 un sector del FITU (PO/PTS) no resistieron la presión del Papa y a través de sus diputados, Romina Del Pla y Nicolás Del Caño, votaron junto al Pro y a los K por la emergencia social del Vaticano y de la patronal criolla.
Desde hace días la Iglesia Católica le reclamaba al gobierno que urgente declare al país en estado de emergencia alimentaria y nutricional; siguiendo los lineamientos del Papa Francisco, “exhortaron al Estado a aumentar el presupuesto destinado a comedores, a huertas escolares, comunitarias y familiares” (www.pagina12.com.ar 30/8/2019).
Cáritas puso a disposición de la comunidad para la emergencia sus recursos materiales y logísticos a través de sus comedores, merenderos, centros barriales y equipos de voluntarios de todo el país. Caritas es presidida por el obispo de Quilmes, Carlos Tissera (www.clarin.com.ar 30/8/2019).
El negocio Vaticano tiene dos bocas: una la distribución de bolsones y planes sociales y otra la captura y el manejo de rehenes espirituales.
Este mismo tira y afloje tuvo un episodio similar a fines de noviembre de 2016 y los firmantes de aquel Acta Acuerdo fueron la CTEP de Grabois y Pérsico, la CCC de Alderete, Barrios de Pie de Menéndez y el Evita de Navarro, quien se sinceró ante la revista Crisis diciendo que “yo quiero sacarle todo lo que pueda a Macri. Y para eso tengo que estar cerca, le manoteo, le saco”. El Acta Acuerdo fue firmada el 23/11/2016 en el Congreso con los ministros Carolina Stanley y Jorge Triacca (h) y las organizaciones sociales se comprometieron a no movilizar por tres años.
A esos firmantes de la paz social en Argentina se los conoce por seguir la estrategia política de Bergoglio y por sumarse a varias procesiones como “los Cayetanos”
La ley de Emergencia Social del 23/9/2016 que no votó el FIT, fue aprobada y sus
resoluciones nunca se cumplieron: 1) 1 millón de puestos de trabajo cobrando a enero 2017 el Salario Mínimo, Vital y Móvil de $8.060 por 8 horas, 2) Aumento del 15% de la AUH en 3 años sucesivos y 3) 50% más para alimentarias y nutricionales.
También se vació la ley, ya que a las Partidas Alimentarias en lugar del 50% de la guita que figuraba en el acta se destinó el 21%. El Presupuesto 2017 con partida original de $7.382 millones y modificada de $8.914 millones, el gobierno no lo cumplió y peor aún, la ejecución fue del 75%, unos $6.800 millones. Y el aumento de la partida nunca se ejecutó. Asi la “Ley de emergencia social” votada jamás se puso en práctica (www.elciudadanoweb.com13/9/19).
“Por principio, una organización que se reclame del movimiento obrero no debería firmar tregua alguna, porque los capitalistas y el estado que les responde no la cumplirán jamás, ateniéndose exclusivamente a la preservación y aumento de su tasa de beneficio -como acaba de ocurrir con el compromiso de las patronales de “no despedir” firmado en mayo y que, hasta septiembre, significó casi 100.000 despidos. Pero, además, han firmado un inmovilismo prolongado en un país con cuatro millones y medio de trabajadores sin empleo o precarios, frente a una recesión que suma más de 200.000 despidos en un año y una bancarrota capitalista mundial que se pretende descargar aún con más fuerza sobre los trabajadores. Pero esto no es, con todo lo que significa, lo fundamental. Las organizaciones le han firmado una carta de supervivencia política a un gobierno que se encuentra en el punto de crisis más alto desde su asunción, y que tiene en carpeta un plan de ajuste y eliminación de conquistas obreras. (Christian Rath, Prensa Obrera N°1439 1/12/2016)
Rath una semana después señaló: “Los firmantes de la ley de emergencia social que concedió 3 años de tregua al gobierno, declaran extinguido el reclamo fundante del movimiento piquetero en lucha -“empleo genuino, pase a planta”- oponiéndole la reivindicación de la “economía popular” que, despojada de todo el marketing, son planes sociales que someten al laburante a un régimen de explotación por menos del salario mínimo. “Economía popular”, que plantea, de por vida, la precarización crónica de la clase obrera que se convierte, a la vez, en ejército de reserva para los capitalistas”
Y el Colo cerraba su reflexión con: “La organización masiva de los desocupados, de eso trata el movimiento piquetero, significó una tentativa anticapitalista gigantesca para reconstruir a la clase obrera frente a la desocupación masiva que impone la bancarrota capitalista. Sus direcciones independientes, como el Bloque Piquetero o la Asamblea Nacional de Trabajadores, son continuadores de aquellas Coordinadoras que “pasaron por encima de la CGT” y de las masas que impusieron la expulsión de los López Rega por medio de la huelga general, surgida en oposición a la burocracia sindical. Esa es la historia que vamos a defender” (Prensa Obrera n°1440 - 7/12/2016).
¿Qué sucedió entre la Emergencia Social vaticana de 2016 donde la dirección del PO llamó a sus diputados y a los del FIT a no votar esa Emergencia y la Emergencia Alimentaria del 2019 donde los mismos actores, menos “Altamira y su grupete”, convocaron a votar “la Emergencia” y convirtieron a la fe cristiana al PTS y al PO, apoyando el fraude capitalista?
El derrumbe ideológico de los diputados del FIT que votaron junto a los partidos del régimen y el tremendo impacto que rompe la unidad de los que luchan, es fenomenal, causaron un daño enorme a la independencia política de los explotados. Dieron todo el crédito a una emergencia alimentaria fraudulenta de los capitalistas que hambrean y despiden en masa desde hace años, reasignan partidas y vacían ANSES diariamente.
En 2016 los funcionarios se devoraron el presupuesto de la “Ley de Emergencia” votada. La Iglesia Católica aprovechará este regalo por izquierda que el electoralismo desenfrenado del PO/PTS entregó a los explotadores. Ahora estos podrán con el aval de la izquierda aplicar sus políticas reaccionarias destinadas a envilecer las relaciones sociales y tomar de rehenes a los compañeros.
Viva la independencia de clase
Abajo la Emergencia Alimentaria, fuente de demagogia, manipulación patronal y religiosa.
Prohibición de despidos.
Empresas que suspendan o despidan ocuparlas y producir bajo control obrero.
Jornadas de 6 horas y que se repartan las horas de trabajo.
Por la organización independiente de los desocupados.
Abrir el pase a planta permanente en todas las Municipalidades para los desocupados con salario igual a la canasta familiar.
(*) Del Partido Obrero