por Lisandro Martínez*
Desde hace bastante tiempo los crímenes de estado se suceden por doquier sin solución de continuidad y haciendo tabla rasa con todo lo que tenga que ver con los DDHH de la población trabajadora, mientras tanto el estado y sus autoridades no son llevados al banquillo de los acusados como principales responsables de la violencia que se ejerce sobre personas que están bajo su tutela. En este marasmo social el personal civil o uniformado que cumple funciones de ejército de ocupación inmerso y responsable de algunos deslices y/o delitos goza de protección, zonas liberadas y un aparato judicial muy aceitado y con mañas comprobadas que los apaña y les da pista.
Sandra Mayol heredera de la fábrica de lácteos instalada en la localidad de Udaondo que lleva su apellido, es la responsable política del accionar de los policías que mataron a los jóvenes en San Miguel del Monte y hace 24 años que trabaja para el palacio municipal que fue el epicentro de la masacre.
Desde 1995 hasta 2005 Sandra Mayol ocupó la Asesoría Letrada de la Municipalidad. En el 2005 accedió al Honorable Concejo Deliberante de la mano del Frente Para la Victoria. En el 2007 se pasó a Unión Pro de Francisco De Narvaez/Macri. En el 2011 fue candidata a jefa comunal por Unión Pro de Felipe Sola/Mauricio Macri. En el 2013 fue electa concejal por el Frente Renovador de Massa. En 2015 ganó las elecciones para intendenta por Unidos por Una Nueva Alternativa de Massa/De la Sota con el 49,79 % de los votos.
Mayol es la intendenta de San Miguel del Monte y podemos señalar sin equívocos es una carrerista política que no le hace asco a nada, una funcionaria que vive del estado poniéndose la camiseta del color que fuera si es que la acerca a su gran ambición que es dominar el poder político y los negocios que circundan ese poder y donde la corrupción de un sector de la policía crece al amparo oficial con denuncias sobre narcotráfico y otras.
Los familiares de los pibes asesinados le reclamaron a la intendenta desde un principio
que entregara los vídeos de las cámaras de seguridad a lo cual ella nunca accedió. Los videos fueron entregados por un empleado “desleal” que fue despedido del municipio por ese hecho. Los excesos policiales en SM del Monte, dicen los vecinos, venían pasando desde hace tiempo y desde el municipio no se hacía nada.
La intendenta Mayol y la gobernadora Vidal han alargado todos los plazos jurídicos e investigativos posibles para garantizar la impunidad de los policías que participaron de la persecución a tiros que finalizó con la muerte de los adolescentes y un joven. Este protocolo que establece excepciones a las reglas y que avanza sobre las libertades públicas y sobre los DDHH nace de la mano de la política de la ministra Patricia Bulrich, "Primero tiren, después pregunten".
La jefa de la policía de PBA es de la gobernadora Vidal y el ministro Ritondo es el que le sigue en el escalafón de responsables de la seguridad. No obstante estas presencias “estelares”, en San Miguel del Monte el ocultamiento de la verdad supera al caso Cabezas, ya que “la justicia a 60 días de la masacre aduce la falta de reactivos y todavía los peritos no pueden certificar si los policías estaban drogados o no” (www.infocielo.com.ar 25/7/19). El HCD de SMdM como todos los concejos deliberantes es una cáscara vacía donde los derechos de los vecinos están ausentes y sólo se despereza para votar negocios al empresariado que toma como clientela cautiva a los contribuyentes. Por eso la intendenta le impuso al legislativo que le adelantara las preguntas que le iban a formular con respecto a su responsabilidad en la masacre. Leyó una carta y no aceptó preguntas de los familiares de las víctimas y aseguró: "No existe nada que deban reprocharme", sobre la masacre. Y para rematar el sainete y presentar pruebas de su inocencia, citó declaraciones vergonzosas de Cristian Ritondo que insólitamente y sin que sus dichos tengan ningún valor jurídico para la causa dijo que “es una buena mujer, de un corazón inmenso”, mientras que la gobernadora Vidal aportó más palabras sin valor probatorio alguno: “Mientras otros encubren o defienden a sus funcionarios, en Monte la intendenta…echó al secretario de Seguridad”. ¿Es este un nuevo esquema probatorio? ¿O el guion de la impunidad para que el funcionariado transite plácidamente por el espacio de las sospechas y las pruebas judiciales?
La pregunta de los familiares de Monte echan luz sobre los preparativos del encubrimiento que no terminó de funcionar. ¿Qué hubiese pasado si no se difundían esas escenas por el coraje del empleado municipal que luego fue despedido por la intendenta? Y: ¿qué hubiese pasado si el chofer del camión contra el que se estrelló el Fiat 147 en el que iban las víctimas no hubiese rechazado la coima que le ofrecieron los policías para que dijera que no hubo disparos? Este nivel de violencia e hipocresía oficial se cocina en un gran porcentaje de las 135 localidades de la PBA donde está todo montado para que el delito sea un negocio redituable.
Para desenredar este enorme ovillo de responsabilidades que van acumulándose y acompaña como la nube negra a intendentes y jefes de gobiernos que no encuentran otra que montar “un ejército de ocupación” contra los vecinos, con cientos de efectivos que se chocan entre si, que son inhábiles, están mal instruidos, no se les conoce el prontuario, disponen de cuadriculas y patrulleros que en la práctica no logran hacer funcionar y que además con su ignorancia reproducen asaltos o asesinatos que cuando se esclarecen tienen indeleble “la marca de la gorra” como dicen “Los auténticos decadentes”. Es un clásico que los ejércitos de ocupación -por vagos y mal entretenidos- terminan sus días envueltos en escandalosos conflictos, cuando no en delitos y hasta crímenes contra la comunidad que dicen vinieron a defender, la que finalmente termina expulsandolos.
Asi el 11/6 se produjeron dos asesinatos en Parque Avellaneda A. Ch. y su esposa M. D. S. fueron primero torturados a golpes y culatazos y después ejecutados con disparos en la cabeza. Los investigadores establecieron que los asesinos le sustrajeron a la pareja la suma de u$s70.000 que guardaban en la vivienda esto fue posible mediante un dato que en confianza el dueño de casa le contó a uno de los criminales. (www.diariopopular.com.ar 17/7/19)
El hecho fue descubierto cuando efectivos de la comisaría de la Ciudad que recorrían la zona observaron que el portón de la casa, estaba abierto, buscaron a una hija que vive a una cuadra y cuando entraron hallaron los cuerpos sin vida. Los autores fueron dos Oficiales de la policía de la Ciudad cuyo jefe de gobierno es Larreta, esta administración se jacta de que el buen pago salarial que establece para los efectivos hace de esta corporación policiaca, un cuadro de elite que pone coto a la delincuencia en CABA.
Los oficiales de Larreta; Sonia Soloaga y Diego Pachila fueron los que urdieron este escabroso crimen. "La mujer policía hacia tres meses que trabajaba en la zona era la que estaba en la cuadra de custodia y con la que la pareja de asesinados entró en confianza, la dejaban pasar al baño, la invitaban a comer, le alcanzaban un mate”.
El ejército de ocupación se ha demostrado incapaz de dar una salida, no puede de ninguna forma combatir el crimen organizado porque comparte ese espacio y disputa ese negocio. En el periodo histórico de la agonía capitalista la seguridad de los ciudadanos debe estar en manos de las víctimas y no de los victimarios.
(*) Del Partido Obrero