por Lisandro Martínez *
La justicia opera bajo teorías retrógradas de la década de 1850. Su brazo armado policial y todas las fuerzas represivas que operan en el país responden a las ideas clasistas de Cesare Lombroso, un siquiatra italiano que sin pruebas fehacientes señaló que “las causas de la criminalidad estaban relacionadas con las formas físicas y biológicas de las personas”. Para este sujeto “la concepción del delito se daba como resultado de tendencias innatas, de orden genético y ciertos rasgos fisonómicos de los delincuentes (asimetrías craneales, determinadas formas de mandíbula, orejas, arcos superciliares, etc.).
En 1858 Lombroso era médico, en 1866 profesor en la Universidad de Pavía y en 1871 director del manicomio de Pésaro. Allí observó a enfermos mentales y desarrolló un método seudo científico que lo llevó a temerarias teorías de razas superiores e inferiores que luego serían retomadas por los nazis.
"En realidad, para los criminales natos adultos no hay muchos remedios: es necesario secuestrarlos para siempre en los casos de los incorregibles, o suprimirlos cuando su incorregibilidad los torna peligrosos" (“Le più recenti scoperte ed applicazioni della psichiatria ed antropologia criminale”, Lombroso C. 1893). Otra ocurrencia del director del manicomio fue que en provincias donde más alta era la temperatura ambiente el índice de homicidios era superior (“El delito: Sus causas y remedios”. Lombroso C. 1902).
Esta veleidad clasista y racial en la Argentina no tiene soporte científico: el asesino serial record en el país es un rubio de ojos celestes, de apellido Robledo Puch Habendak, quien asesinó a 11 personas.
Argentina que conoció la Triple A, los grupos de tareas y el genocidio militar, tiene en ese
grupo de profesionales del exterminio el gran bolsón de delincuentes y asesinos del país.
En los últimos gobiernos se estableció el espionaje contra organizaciones de izquierda y populares. Berni y Stornelli son el símbolo de la actividad ilegal. El despliegue de tropas al estilo de lo que el sionismo hace en la Franja de Gaza es una excrecencia de Patricia Bullrich, dedicada a hacer plata con la industria del delito.
Queda claro que el delito que deja plata no es el de “los cabecitas negras con gorrita” ni el de los motochorros, sino el que protagonizan: 1. Las patronales que se quedan con parte del salario de los trabajadores (plusvalía) y 2. Los funcionarios y presidentes que habilitan la fuga multimillonaria de capitales que van a los paraísos fiscales.
En “Los que viven del delito y los otros”, Elias Neuman (Editorial Temis 2005) señala: “Sorprende la desproporción entre el costo social y económico y la impunidad de los autores del delito de cuello blanco, que impunemente pasan inadvertidos, pese a que el efecto de sus actos es mucho más grave y dañoso para el cuerpo social que el arrebato de carteras y celulares en la vía pública”.
En agosto de 2018 el secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, se jactaba que la Policía municipal había realizado 900 detenciones en julio y según datos del Ministerio de Seguridad de PBA, la fuerza de seguridad local era la que más detenciones realizó en toda la provincia (www.diariopopular.com.ar 5/8/18).
Desconocemos de qué se trataron las detenciones pero con sólo conocer cómo se destrata al prójimo que va a laburar, inferimos que fueron al boleo y sin motivo alguno utilizando la teoría que Lombroso dicta: “Negro de gorrita = delincuente”.
Kravetz subido al pódium continuó relatándole a diario Popular que “la efectividad de los oficiales lanusenses duplica lo realizado por los de Lomas de Zamora que tiene el doble de efectivos que Lanús y triplica a la Policía de La Matanza que tiene 1500 agentes”. Así Kravetz/Grindetti y el honorable están a punto de aparecer en el Libro de Records de la industria del delito.
En Lanús, como en todo el mundo capitalista, la seguridad es un gran negocio que se mide en términos de ganancias para el funcionariado que actúa exitosamente para sí mientras no tiene control del pueblo.
La Subsecretaría de Seguridad del Municipio de Lanús mantiene distintos operativos de seguridad en barrios. Muchos, para que sean muy visualizados, son verdaderos reality show donde se vulneran derechos de la población trabajadora, con manoseos vejatorios de cara a la pared. Estos se realizan también sobre los transportes públicos, donde son revisados los jóvenes y quienes parecen elementos barriales. La prevención del delito está colocada bajo la teoría prejuiciosa de avanzar sobre el distinto, esto incluye a los motoqueros laburantes. Todo el diseño trata de ocultar la intoxicación militar que difumina la cantidad real de agentes que se ubican en la calle, ya que si estuvieran todos los que se dice que son, tropezarían entre sí los de gorra a cada paso.
El verborrágico Grindetti lo clarificó en marzo: "Estas acciones requieren una inversión importante, pero sobre todas las cosas de una decisión política. En ese sentido, resultó clave que la gobernadora Vidal permita ampliar el cupo de la Policía Local" (www.lagacetadelanus.com.ar 22/3/19).
Un dato revelador de la complicidad es saber cómo votó y por qué cada bancada del Concejo la ampliación presupuestaria.
En ese mismo marzo de 2019, Grindetti denunció que “a fines del 2015, de las 180 cámaras instaladas en la comuna sólo funcionaban 90. Desde entonces se colocaron otras 444 cámaras”. Esto significa más de 10 cámaras por km2. Y anticipó que “en 2019 se alcanzará un total de 750”; de ser así hoy estaríamos monitoreados por 77 cámaras cada 10 cuadras. El afán del voyeurismo municipal no resiste un conteo serio de parte de los vecinos, que pondrían en crisis el negocio del aquelarre represivo montado.
La intoxicación de tropas en los 44 km2 de Lanús propicia por su inorganicidad que siempre haya zonas liberadas aprovechables. El sábado 1°/6/19 en pleno centro, a las 15:30 fue asaltado el local de Movistar ubicado en Piñeiro e Hipólito Irigoyen. Los chorros después de reducir violentamente a empleados y clientes robaron y se dieron a la fuga.
Que se abran los libros bajo control obrero vecinal del presupuesto de seguridad inflado.
Asamblea popular que elija por voto a Comisarios y Jueces, revocables cuando incumplan su mandato.
Vigencia de las libertades públicas.
Fuera Macri y el FMI, Asamblea Constituyente, Gobierno obrero.
(*) Del Partido Obrero
