por Lisandro Martínez*
Con la masacre de San Miguel del Monte –un crimen contra el pueblo- una vez más los organismos represivos y judiciales (yuta, fiscales y jueces) vuelven a estar sentados en el banquillo de los acusados, junto a su personal político, intendentes, bancadas de concejos deliberantes y sus cómplices de los medios de comunicación: periodistas enriquecidos con la pauta oficial cuya tarea central es garantizar a la clase social que gobierna un saqueo prolijo del país. Los multimedios son el personal de limpieza que enjugan con trapo de piso, la sangre del pueblo que vierte el régimen a diario.
El personal político se repite. NK, CFK, A. Fernández, Cavallo, Macri, Scioli, etcétera, fueron menemistas. Stornelli es fiscal desde 1993 y manipuló la causa contrabando de armas para que Menem zafara. Con Scioli encubrieron el crimen de Candela. Stornelli con Carrió y Clarín extorsionó empresarios. Ahora apoyados por los ex menemistas, Graciela Camaño (Massa) y el faltazo de Pichetto (PJ), la Comisión de Acusación y Disciplina parlamentaria votó contra Ramos Padilla (www.infocielo.com 28/5/19) para que zafe Stornelli, justo cuando Movistar señaló que el celular de Santoro de Clarín es el aparato desde donde se chantajeaba (noticiasyprotagonistas.com 27/5/19).
intereses responde la justicia, a la cual para sanearla habría que desmantelarla y que jueces y fiscales fueran elegidos por voto y revocados cuando no cumplan con su mandato.
Lo más alto de la patronal ya desfiló por Comodoro PY: Techint, Calcaterra, Isolux, Eurnekian, IECSA, Roggio, Wagner de la Cámara de Construcción, etc. A todos se los consideró coimeros que durante 40 años tuvieron la vaca atada de la obra pública. Ahora que Clarín hace una intensa campaña publicitaria a Macri por la inauguración del Paseo del Bajo, hay que señalar que un gobierno obrero estaría investigando a quienes premiaron con u$s 650 millones que costó la obra y exigiría la apertura de los libros para saber si corresponde ese gigantesco valor que paga el pueblo o si es otro robo al tesoro concertado entre la patria contratista y el presidente.
Para que exista este festival de dilapidación de $32.500 millones que dicen costó el Paseo del Bajo que fue a manos de los “patriotas de la obra pública”, tiene que haberse conformado un mecanismo cuyas similitudes con el Lavajatos están a la vista. Ese mecanismo de corrupción se instaló en Latinoamérica mediante una desocupación feroz, con una fuerte represión preventiva en barrios obreros y sobre la juventud. En Argentina la doctrina Chocobar de la agente del sionismo Patricia Bulrrich es un sostén para el enriquecimiento ilícito de todo un cuerpo de parásitos que viven del esfuerzo ajeno.
La masacre de San Miguel del Monte, un pueblo de sólo 21.000 personas, desnuda el mecanismo instalado en toda la república con exacción, corrupción, tráfico de drogas, violación de deberes de funcionarios públicos y violencia preventiva contra el pueblo, para atrasar todo lo posible el levantamiento popular en ciernes. Lucas Richmond, abogado de dos de las familias de los chicos, señaló "se está probando el encubrimiento policial -y deslizó- hay una "asociación" con la intendencia de San Miguel del Monte” (www.losandes.com.ar 27/5/2019).
La intendenta Sandra Mayol (Massa) está sospechada, ya que informó al ministro Ritondo que los vecinos escucharon disparos y si fue así no debería haber permitido que la policía siguiera metiendo mano y destruyera pruebas: desaparecieron los celulares donde las víctimas habían filmado delitos durante su paseo en automóvil, por ejemplo. La policía trabajó en el ocultamiento y la impunidad, declararon que no habían disparado y que fue un accidente vial. Una postal de la impunidad y del tratamiento diferenciado a los asesinos está retratado en las primeras fotos de los detenidos con los brazos cruzados pero sin esposas (foto).
Fueron los vecinos quienes aportaron videos y pruebas desde el principio, si no todo quedaba impune como tantos casos. Sin la acción valiente del vecindario se tapaba el caso y el relato oficial diría que “jóvenes drogados y alcoholizados se inmolaron producto de sus excesos en un accidente vial”.
La masacre tuvo lugar el lunes a la madrugada y pasaron más de 72 horas -cuando el alud de boñiga empezaba a taparlos- para que Ritondo dijera que "el procedimiento de la policía estuvo mal hecho" y pidió que la Justicia actuara.
La intendenta que en pocas horas se fue a lavar la cara al programa de Mauro Viale, fue figura central en la tragedia: las imágenes de las cámaras de seguridad de la municipalidad en las que se ve al patrullero persiguiendo al auto donde viajaban los chicos las aportó un empleado que filmó la pantalla con su celular y las difundió. Horas después fue citado por Recursos Humanos, primero se lo suspendió y luego lo despidieron sin protocolo alguno. Los funcionarios dijeron “que lo querían contener” pero cuando la porquería saltó tuvieron que reincorporarlo.
La violencia policíaca es insoportable en el país. Los retenes a plena luz del día son moneda diaria y ni te cuento a la noche. La yuta mete mano en bolsos y carteras violando la privacidad del ciudadano. Macri, Vidal y Bullrich son responsables de la masacre de San Miguel del Monte. La doctrina Chocobar autoriza a meter bala por sólo desobedecer la orden de alto. Es el replay de 1976/82 cuando fusilaban civiles en Campomar y luego los enterraban como NN en el Cementerio de Lanús.
Sandra Borghi de Clarín habló por los delincuentes y preguntó frente a cámaras si los pibes asesinados, “¿estaban fumando un porro o haciendo lío?”
Juicio y castigo a los responsables intelectuales y materiales de la masacre.
Vigencia de las libertades públicas.
Fuera Macri y el régimen de espionaje e impunidad.
Asamblea Constituyente soberana.
Gobierno de trabajadores.
(*) Del Partido Obrero