por Lisandro Martínez*
El peso de la iglesia sobre el Estado impide, mediante el encubrimiento y la impunidad, que en Mar del Plata los responsables del crimen de Lucia Pérez sean condenados.
Monseñor Tony Anatrella, consultor del Pontificio Consejo para la Familia y del Pontificio Consejo para la Pastoral, escribió instrucciones a los seminarios sobre si existe obligación de denunciar abusos a menores cometidos por sacerdotes, ante la ley civil: “No es deber del obispo denunciar sospechosos a las autoridades, la policía o los fiscales” (www.bbc.com 11/2/2016).
En el recientemente escandaloso juicio a los secuestradores, violadores y asesinos de Lucia Pérez en Mar del Plata, donde resultaran absueltos los imputados y procesados los peritos que determinaron la responsabilidad de los perversos sexuales, se invirtió la carga de la prueba mediante una estrategia judicial que utilizan los abusadores de menores en todo el mundo.
Quienes lucran sistemáticamente defendiendo a los abusadores de menores, utilizan las mismas estrategias que tienen un grado de eficacia en los poderes judiciales, por inhabilidad de fiscales, peritos y magistrados, o porque el encubrimiento es aceptado desde los tribunales. El eje de acción para derrumbar las pruebas es atacar a los profesionales a nivel personal y a través de los medios de comunicación, exponiendo incluso sus vidas privadas. Se acusa a los peritos de parcialidad, conducta inapropiada, falta de profesionalidad o todo eso junto. Una vez limpio el terreno y derrumbadas las pruebas se inician causas penales a los peritos y se los desplaza de sus tareas, pierden sus puestos de trabajo y su habilitación
profesional. Se convoca a peritos advenedizos como Roberto Locles, quien en 2010 deformó la bala que mató a Mariano Ferreyra para inutilizarla como prueba. Así la defensoría de pedófilos y violadores presenta personajes con teorías extrañas a la ciencia para que los peritos que presentaron pruebas del delito cometido pasen a sentarse en el banquillo de los acusados.
Entre los defensores de violadores y pedófilos tiene un lugar destacado la abogada Patricia Perelló, quien defendió hace 30 años al femicida Carlos Monzón, más acá a los policías que secuestraron, violaron y asesinaron a Natalia Melmann, a quienes hoy pretende sacar libres. También defendió a Ana Elma Pandolfi condenada a 7 años de prisión por haber cometido abusos sexuales entre 2001 y 2002 a cuatro niñas de entre 4 y 5 años de edad, en el colegio Divino Rostro de Mar del Plata, donde trabajó 28 años junto a hombres que participaron en esos ultrajes. Nunca las autoridades del colegio católico fueron molestadas y tampoco se identificaron los pedófilos denunciados por los niños y la condenada a 7 años cumplió sólo 7 meses de prisión.
La abogada siempre utiliza la fórmula de victimizar a las víctimas de sus defendidos. Fue defensora de innumerables pedófilos/as, abusadores/as y violentos/as, esa es su especialidad y es la abogada estrella del Obispado de Mar del Plata, que en cada momento que vio peligrar a pedófilos que militan en sus órdenes religiosas apeló al escándalo místico. En 2013 decenas de niñas/os de entre 3 y 5 años relataron abusos sexuales a manos de la profesora de música Analia Schwartzy del colegio San Antonio María Gianelli, la estrategia de Patricia Perelló y el Obispado fue la celebración de una misa el 16/2/17 una semana antes del inicio del juicio y que grupos de monjas se concentran frente al Tribunal y organizaran cadenas de oración clamando por la inocencia de la profesora pedófila. El TOC 1 compuesto por Pablo Viñas, Juan Gómez Urso y Aldo Carnevale junto a la abogada Patricia Perelló, atacaron a los profesionales que dieron pruebas de la responsabilidad criminal de Schwartzy. El juicio fue anómalo y terminó con la absolución de la responsable y el castigo para los profesionales que aportaron pruebas en su contra.
A Lucía Pérez (16), Matías Farías (25) la llevó a su casa, luego apareció Juan Pablo Offidani (43), hijo del contador de Carlos Arroyo, intendente de Mar del Plata. Estos dos sujetos la intoxicaron de cocaína, la violaron reiteradas veces y luego de 5 horas de calvario Lucia falleció.
Aunque la carátula de la causa era “Farías, Matías; Maciel, Alejando; Offidani, Juan, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser cometido en perjuicio de menores de edad, abuso sexual agravado por el consumo de estupefacientes, seguido de muerte en concurso ideal con femicidio”, todo se volvió a fojas cero y los jueces permitieron que en el fallo la defensa de los violadores introdujera párrafos enteros del whatssap personal de la víctima para demostrar su “inconducta” sexual, su carácter de adicta insatisfecha, etcétera, cosa que permitiera revictimizar a Lucía Pérez y absolver a los 3 perversos que participaron del hecho delictivo.
La estrategia del tribunal fue efectuar un juicio de valor lleno de prejuicios ilegítimos sobre Lucía que garantizara la impunidad de los acusados. Esta estrategia eclesiástica que tan buenos resultados le ha dado al episcopado de Mardel para que sean absueltos violadores y pedófilos en distintas instancias desde hace décadas, hay que rechazarla de plano. Los estereotipos sexistas y discriminatorios sobre la vida de Lucía reivindican la cultura de la violación en lugar de concentrarse en el análisis de la conducta criminal de los acusados.
Los jueces Pablo Viñas, Juan Gómez Urso y Aldo Carnevale, en lugar de aplicar el Código Penal en vigencia -lo hicieron aconsejados por sus mandantes con el Códice de la Inquisición española de 1478-revisaron el pasado de Lucía, husmearon su vida íntima para dar con el “pecado mortal”, la conducta hereje en la que cayó Lucía o algún delito contra la fe. Asi Viñas, Gómez Urso y Carnevale abrocharon la absolución naturalizando un escenario criminal donde tres adultos que venden drogas a una adolescente de 16 años a la que luego violan y finalmente asesinan, lo hacen bajo el consentimiento de la piba, según la delirante resolución de los jueces relacionados con el clero.
La movilización popular para que triunfe y se condene a los responsables no puede ser indiferente a los lazos profundos y la responsabilidad del Estado, el Obispado y la Justicia.
La separación de la Iglesia del Estado es garantía de que funcionen las libertades públicas y políticas de los ciudadanos, eliminando la injerencia prejuiciosa, misógina y retrógrada, contraria a la ciencia y los conocimientos del siglo XXI.
El Estado es responsable
Abajo el encubrimiento y la impunidad
Castigo a los responsables
Separación de la Iglesia del Estado
Todos al paro general de mujeres
(*) Del Partido Obrero
