El misterioso galpón (arriba) donde se guardan los vehículos en situación judicial, que fue allanado por la justicia bajo la sospecha de que servía de playa de descargas a piratas del asfalto, fue alquilado, conseguido o lo que sea, por la Municipalidad de Lanús mediante las gestiones de un lobbysta, un tal Pablo Rouco (abajo).
La información la proporcionó una fuente calificada del oficialismo, quien relata que Rouco, como ejecutivo de Toyota-Zento Lanús, y utilizando su relación con el martillero Ricardo Pasteletto -un íntimo del intendente- le vendió patrulleros al municipio.
Con esa llave de entrada, cuando fue despedido de esa concesionaria, Rouco anduvo durante un par de meses -a mediados de 2017- por el segundo piso de la comuna, “haciendo lobby”, como él mismo gustaba decir. El objetivo de Rouco era montar un negocio de chatarra con los autos abandonados en la calle. No lo consiguió. Pero a cambio del manejo de cierta parte de las cooperativas de Argentina Trabaja, le “consiguió” a la municipalidad el galpón vecino al cementerio, que se comenzó a utilizar como depósito de mercadería de Acción Social, para regocijo de los amigos de lo ajeno -y de un despensero pariente de una amiga de un funcionario- quienes se cansaron de saquearlo porque el “depósito” de Pico 3373, no está techado en la mayor parte de su superficie. Dice la fuente que los cráneos que tuvieron esta idea fueron el entonces jefe de gabinete Adrian Urrelli y el secretario y guardia de corp del intendente, Carlos Ganduglia.
Ahora, entre gallos y medianoche, el galpón de Chingolo pasó a ser depósito judicial. La justicia lo allanó la semana pasada y halló mercadería de “al menos una docena de robos de piratas del asfalto”, según le informa una fuente de ese ámbito a La Defensa.
¿Qué funcionaba antes de la transferencia a la municipalidad en ese lugar? Un cementerio y desguazadero de autos, que explotaban los hermanos Eber y Nahuel Russo, hoy prófugos.