por Lisandro Martínez*
El 9/4/18 vecinos informaron a www.elnacionaldematanza.com.ar, sobre una ola de robos en 8 manzanas aledañas a la avenida Luro, en el centro de Laferrere. Los vándalos asaltaron a mano armada y arrebataron como motochorros. Luego de pascuas, se profundizó la zona liberada y reconocidos negocios fueron desvalijados y sus puertas forzadas. Los comerciantes atemorizados dijeron: “Ya no hacemos denuncias, porque el robo es a diario, lo único es pedir que no nos maten y trabajar para recuperarnos”. Otros vecinos denunciaron: “En la semana, motochorros roban en por los menos tres paradas a quienes esperan el 236, por Echeverría hasta llegar a Ruta 3. Esto no da para más.”
Este era el escenario de La Matanza una semana antes del asesinato del chofer Leandro Miguel Alcaraz. Este cuadro de violencia se vive en el 90% del GBA, provocado por zonas liberadas dedicadas a la distribución de drogas de punteros y yutas. Ante el crimen cometido contra Alcaraz, de CABA y PBA se coordinaron 36 líneas al paro convocado por los choferes de la 620. Se cortó desde las tres de la mañana la General Paz en Alberdi, otros hicieron lo mismo frente a la Comisaría de Virrey del Pino y cortaron frente al municipio por su corresponsabilidad.
La rebelión obrera se dio frente a la inacción de la UTA que no avala el paro ni defiende la vida obrera. Esto clarifica la inutilidad de la directiva de UTA que hace rato abandonó la lucha para que las patronales brinden seguridad en el trabajo. La UTA se maneja con rituales tendientes a apaciguar a los superexplotados choferes, quienes luego de más de 24 horas de paro deberán volver a trabajar jornadas por arriba de las 6 horas que marca la insalubridad de esa profesión, extendiendo su labor por 12 o más horas diarias para juntar
un salario.
Las leyes laborales, nacionales e internacionales, señalan que es la patronal quien asegurará que el ambiente donde se trabaja sea higiénico y seguro. La OIT en 2003, indicó que la violencia a trabajadores durante su jornada es inaceptable y que los empleadores y el Estado tienen la obligación legal de protegerlos. En mayo de 2015, la International Transport Workers Federation (ITF) y la International Association of Public Transport (UITP) diseñaron un plan de acción mundial de prevención contra la violencia a los trabajadores del transporte.
Desde hace décadas los choferes del GBA y de otras provincias son víctimas de agresiones de distinta gravedad que van desde golpes, robos, cuchilladas, seccionar dedos o matarlos. La patronal viola la legislación vigente y el sindicato (UTA) acompaña en silencio a las patronales.
Pronto se van a cumplir 10 años de que se consignaba: “La implementación de la cabina de protección en los colectivos que prestan el servicio de autotransporte de pasajeros en el conurbano se concretaría en el marco de las medidas de seguridad que venía reclamando la UTA para los choferes de los colectivos”. Por aquellos días dos choferes de distintas líneas de zona norte del GBA fueron asaltados. Uno conducía la 203 y otro la 365. Uno de ellos A. Quiroz fue atacado por dos hombres que intentaron robarlo y le dieron un machetazo en la mano. Quiroz fue operado y recuperó su dedo. “Ante repetidos ataques contra los choferes del transporte público, el ministro de Seguridad, Stornelli, el titular de la Policía, Salcedo y la UTA acordaron que los colectivos tendrían GPS y cabina de protección para choferes” (Telam 2/10/08).
Dos meses después: “La Secretaría de Transporte de la Nación dispuso que los colectivos que circulen por CABA –en todo o parte de su recorrido– incorporen una cabina “que proteja al conductor de actos vandálicos”. La resolución fijó plazo de 30 días para que “las empresas carroceras presenten propuestas”. Una entidad de empresarios del autotransporte se quejó de “no ser consultados”, otra anticipó que se requeriría “una financiación razonable” y la UTA admitió su divorcio de la clase obrera y el pueblo señalando “que la razonable financiación sería por aumento de tarifas o de subsidios”. En julio de 2008, la UTA había hecho paro en demanda de seguridad para los choferes pero representando intereses empresariales (Página 12, 8/11/08).
El 27/11/08 el Boletín Oficial Nº 31.541 exponía la resolución 926/2008 de la Secretaría de Transporte:
“Establécese que los operadores de los servicios de transporte público urbano y suburbano de pasajeros de Jurisdicción Nacional deberán incorporar un Sistema de Protección Antivandálico para el Conductor”. “Que en el mundo, es práctica habitual el uso de un Sistema de Protección Antivandálico para el Conductor en las unidades del transporte urbano, con el objetivo de generar un ambiente de trabajo aislado de perturbaciones que puede ocasionar el pasaje sobre el chofer y para mejorar sus condiciones de seguridad ante una agresión”.
“Por ello, el secretario de Transporte Resuelve: Artículo 1º -Establécese que los operadores de los servicios de transporte público urbano y suburbano de pasajeros de Jurisdicción Nacional deberán incorporar un Sistema de Protección Antivandálico para el Conductor. La primera etapa del cronograma deberá asegurar, a la brevedad la fabricación e instalación del Sistema de Protección Antivandálico”.
“a) Generar un espacio protegido del resto del pasaje.
b) Dicho espacio será para proteger al conductor de actos vandálicos, asimismo dispondrá de áreas transparentes que no restrinjan la visión del chofer. A su vez, deberá proteger al chofer de agresiones con objetos contundentes, armas blancas y agresión física.
c) El espacio aludido deberá permitir al chofer mantener contacto visual y auditivo con el pasaje, así como espacios libres que permitan la ventilación del habitáculo.
Luego del crimen de Alcaraz los compañeros de la 620 señalaron que hay varios tramos de los varios kilómetros de recorrido que son “zona liberada por la policía”. De allí que la propuesta de la Intendenta Magario “que la gobernadora pase la policía al municipio para imponer presencia de los uniformados” es una hipoteca sin sentido ya que la descomposición se anida en el alto mando de la represión estatal. La conferencia del ministro de seguridad Ritondo sonó a tomadura de pelo a los trabajadores al proponerse un negocio mayúsculo: “instalar 9.000 cámaras de seguridad y botones antipánico”. Esto no es prevención sino captar la imagen de los responsables del crimen cometido y disparar un aviso luego del delito consumado.
1. Asamblea general de la UTA que se proponga acabar con las zonas liberadas y muertes en el trabajo. 2. Comisiones de choferes y vecinos que abran los libros de las comisarías para evitar zonas liberadas.3. Instalación inmediata de cabinas de protección y GPS. 4. La Empresa que no pueda instalar cabinas de protección será estatizada y puesta bajo control obrero. 5. Hasta que se instalen las cabinas y el GPS un guarda acompañará al chofer. 6. Se establecerá en cada empresa un plan de seguridad bajo control obrero de todo el recorrido, asegurándoselo al usuario ante un Estado incapaz de garantizar iluminación, rutas ni caminos adecuados en las barriadas.
(*) Del Partido Obrero
