por Lisandro Martínez*
La lluvia del fin de semana dejó en Lanús un tendal de casas sin luz. El corte de muchas horas se instaló en el centro y en otros barrios y volvió a poner en el tapete que los habitantes del distrito somos rehenes de Edesur y de la inacción de “los representantes del pueblo”, quienes en lugar de cortar la gangrena y que el pueblo “paganini” no sea maltratado han incorporado como una consecuencia normal el castigo al cuerpo social.
La principal figura que nos subordina al maltrato de Edesur es Grindetti, seguido por el cortejo de concejales oficialistas y opositores indiferenciados a la hora de exprimir el bolsillo obrero.
Los concesionarios del servicio eléctrico se enriquecen con la ecuación de altas tarifas y ni una moneda va al mantenimiento. Tienen todo atado con alambre, son del riñón de los partidos que gobiernan, socios de Edesur que aplica tarifas 5 estrellas y durante 30 años brindó un servicio de cuarta categoría que el personal político aceptó haciendo prósperas sus cuentas bancarias mientras elaboraba excusas a favor Edesur.
Cada tormenta expone la falta de obras de Edesur y a un gobierno que arregla calles y las vuelve a romper una y otra vez, desplegando por meses su propaganda electoral de: “Se están haciendo obras”. Si “los cráneos” del municipio planificaran este desastre en la
actividad privada ya les habrían pateado el trasero y estarían buscando un laburo.
El presupuesto cero de Edesur dedicado a mantenimiento tiene su contracara en los préstamos internacionales invertidos en toneladas de cemento que una y otra vez cubren calles para volverlas a romper y cementar. Hacer veredas y alimentar la voracidad cementista no ha impedido que los túneles de la estación Lanús se inunden como desde hace 35 años, ni que las bocas de tormentas se desborden y se formen lagos de 2 metros de ancho en los cordones, como en el Registro Civil de Iberlucea y Miguel Cané. Esto revela la fragilidad del plan de obras que resulta al final cartón pintado y se entiende “per se” la inexistencia de un responsable de final de obra. Todo conduce a hacer caja y no importan resultados ni garantías (ver los baldosones flojos y rotos colocados hace dos años en plaza Belgrano, un resumen que cohesiona a los k y a los desaparecedores de personas).
A las dos facciones las iguala el prontuario. Este manoteo al presupuesto del que participan ambos destaca el divorcio entre “autoridades” y vecinos, quienes no son convocados aunque sean los que saben de obras y planificación. No son integrados a proyecto alguno porque conocerían por dentro el despilfarro y lo denunciarían. Si el fracaso es a cuadras del “Lanús Hollywood”, ¿qué efectividad podemos esperar de las “obras” en las barriadas alejadas?
La finalidad de hacer caja con las obras públicas es el objetivo y aunque el responsable es el gobierno macrista, el silencio opositor “$e” cotiza, desmintiendo a las películas policiales yanquis que sermoneaban “el delito no paga”.
Tempranamente en marzo de 2016 se conoció que el modelo delictivo -que De Vido instaló hace casi 30 años en Santa Cruz y luego puso en funcionamiento en todo el país- había sido retomado a sólo tres meses de ingresar Cambiemos al poder por el ministro de Energía “el chorizo” Aranguren, quien ha hecho transferencias millonarias a cuentas bancarias de una asociación civil de Venado Tuerto en la provincia de Santa Fe (Clarín 30/7/2017).
La Asociación Tecnológica Venado Tuerto (Ateven) tiene varios convenios suscritos con la cartera energética y recibió “la suma de $13.510.986 hasta marzo de 2017 y la ONG se quedó con el 10% como pago por el blanqueo. Esos pagos se produjeron el 15/3/16 cuando Aranguren firmó un convenio de asistencia técnica con UTN de Venado Tuerto (La política online 30/7/17).
El convenio “dibujó” la realización, tareas, análisis y seguimiento, que se harían en la “Dirección de Gas Licuado de Petróleo” y Ateven “se comprometía a afectar personal idóneo y los recursos técnicos necesarios”. Pero se descubrió que los trabajadores que prestaron servicios en el Ministerio eran prestanombres, en su gran mayoría jubilados que tienen domicilio en otra provincia.
La operación fue “un circuito de dinero enmascarado bajo convenio con UTN” sin cuentas claras y con transferencias millonarias con intermediación de una ONG que no poseen ningún control” (Diario Popular 1/9/17).
Aranguren está acusado de malversar caudales públicos e incumplir deberes de funcionario público. Es la misma acusación que tuvieron rectores de las 52 universidades que recibieron del 2003 al 2015 millonarios fondos del gobierno kirchnerista.
Con la normalización vía decreto 844 del Ente Nacional Regulador del Gas, el macrismo continuó privatizando la dirección de ese ente incorporando jerarcas de petroleras privadas y extranjeras que jugarían de jueces y partes en los conflictos. El presidente de Energas es Daniel Perrone, un CEO de la Transportadora de Gas del Sur TGS. Son parte del directorio de Energas: Carlos Casares, ex gerente logístico de administración y ventas de Tecpetrol (petrolera de Techint); Diego Guichón y Griselda Lambertini, esposa de Raúl Bertero, uno de los seleccionadores de candidatos para Energas.
Esta escandalosa componenda contra los recursos naturales de la Nación y parcializada en favor de intereses foráneos debe ser rechazada por perjudicar el interés nacional. El nombramiento de un nuevo directorio no alcanza a despejar los flagrantes conflictos de intereses que minan Energas. Los anteriores miembros del directorio del Energas y los actuales violan la ley 25.188 de “Ética en el Ejercicio de la Función Pública”. La embajadora yanqui Carrió le inició una causa a Aranguren por subsidiar a compañías petroleras a través de TGS, según consta en los registros del Ministerio de Energía (www.ambito.com 22/11/16).
Aun entendiendo el rol pendular que juega Carrió mediante su política extorsiva -hoy denunciante y mañana protectora del mismo mafioso que ayer denunció - va escalando posiciones en su carrerismo político. Apretando mediante sus denuncias y encolumnando a los mafiosos tras sus pasos para que continúen sus tareas con mayor “seriedad y empeño”.
Han gobernado y gobiernan la Argentina las mafias que además de malversar los caudales públicos rechazan la ley que protege la propiedad de la tierra de las comunidades indígenas y el art 72 de la reforma constitucional que otorga ese derecho.
Es hora que gobernemos colectivamente los trabajadores.
(*) Candidato a senador provincial del FIT
