por Lisandro Martinez*
El asesinato de Mariano Ferreyra como la desaparición forzada de Santiago Maldonado son dos caras de un mismo delito cometido por quienes detentan el poder del Estado.
El grave delito que cometen los eventuales ocupas de “la casa rosada” el matrimonio Kirchner y ahora Macri y su entorno lo producen para defender negocios millonarios propios o de grupos multinacionales a los que el PE y el gabinete ministerial del momento están directamente ligados. A cambio de tal enjuague reciben ganancias millonarias a través de dadivas o de su participación en la empresa explotadora. Por la magnitud de la conspiración tejida a espaldas del pueblo este delito se denomina un crimen de Estado ya que las principales figuras públicas actúan conscientemente para establecer una anomalía que fracture la legalidad, que permita violentar leyes y avanzar revistiendo de legalidad lo que hasta hace un momento atrás estaba reñido por las leyes vigentes.
El GAFI impuso una ley antiterrorista al cristinismo, lo mismo que a cualquier país sometido al yugo de la especulación financiera asegurandose la consabida fuga de capitales.
Esta Ley antiterrorista habilita la aplicación de altísimas penas “a cualquier tipo de organización o individuos que cuestionen y se opongan no solo a las políticas del gobierno nacional sino tambien a las de gobiernos extranjeros y a las de organismos internacionales”. Ya nadie podra reclamar defender la soberanía nacional, o el no pago de la deuda. Estamos ante una ley de vasallaje nacional, anticonstitucional y contraria a un país que aspire a ser
independiente.
La ley antiterrorista fue impulsada por CFK en 2011 y conllevaba dos mensajes centrales uno para los luchadores sociales avisándoles que a partir de su sanción se criminalizaría toda protesta y el otro aviso era que desde entonces el gobierno nac&pop garantizó a los capitales transnacionales ante cualquier crisis y confirmó que con la bicicleta financiera se podían fugar capitales al exterior.
La ley trata como terrorismo cualquier delito que “aterrorice a la población. Los jueces y fiscales aplicaran el doble de las penas de los delitos de los que se acuse a los involucrados por cualquier acción reivindicativa, movilización, huelga, ocupación de tierras, vía pública u otras acciones de lucha social y política, si se entiende que esto “aterroriza a la población”.
Un dato que pinta de cuerpo entero a los K es que Remo Carloto quien era en 2011 presidente de la Comisión de DDHH en la Cámara de Diputados votó la bochornosa Ley no obstante ser el hijo de la presidenta de Abuelas, organización que rechazó esa ley punitiva contra el movimiento de lucha. Carloto, junto a miembros de La Cámpora e integrantes de “hijos de desaparecidos” como el Diputado Eduardo De Pedro votaron la ley Antiterrorista.
La ley fue el paraguas legal de la entrega de “Vaca muerta” que salido a la luz en ese mismo periodo “YPF descubrió en Neuquén un "espectacular" yacimiento de petróleo no convencional” (La Nación 8/11/2011).
Desde 2011 en la estancia Leleque de Benetton en Chubut, funciona una comisaría que brinda seguridad al terrateniente, hay una base de la Gendarmería y un ejército privado con varias camionetas blancas que se desplazan de conjunto a la hora de incursionar contra los indígenas. (Tiempo Argentino 26/8/17 Ricardo Ragendorfer)
El 28/8/13 en medio de una represión brutal el Concejo Deliberante de Neuquén aprobó el contrato de YPF/Chevron con votos kirchnerista y del MNP. Como saldo represivo, fue herido en el tórax un docente por una bala de plomo.
El Gobierno Nac&Pop acordó con Chevron vía el presidente de YPF Miguel Galuccio otorgarle la explotación de Vaca Muerta de recursos naturales millonarios pertenecientes al reservorio nacional. El complot fue de tal magnitud que nunca se conocieron las clausulas secretas y el mismo Galuccio continuó durante los primeros tres meses del gobierno de Macri hasta que le paso la presidencia de YPF a un hombre de la Banca Morgan.
Limpieza Étnica
A todo esto las comunidades mapuche, como las de otras etnias históricas de la Patagonia, quedaron encerradas dentro de lo que hoy son, para la legislación argentina, propiedades adquiridas por privados. Así como cosa de mandinga, las comunidades de pueblos originarios a pesar de estar contemplados en la Constitución de 1994 como propietarios originarios viven en tierras que han sido cedidas a magnates y empresas extranjeras.
Este contexto de leyes equivocas ha provocado que los terratenientes, alimenten una creciente demonización que se agigantó cuando hace unos días el Senado de la Nación, con el voto del oficialismo y la abstención de una parte de la oposición (que incluyó al kirchnerismo), rechazó tratar con urgencia la prórroga de la ley 26.160 que protege a los pueblos originarios y que vence a fines de 2017.
Desde 2015, crecieron los conflictos se agravaron y fueron procesados muchos los dirigentes mapuches: en julio de este año, la gendarmería irrumpió en Campo Maripe, por pedido de YPF, para sitiar y resguardar la zona de explotación de YPF-Chevron; y hace unos días, un fiscal declaró en rebeldía a seis integrantes del lof Campo Maripe, sobre quienes pesa la acusación de «usurpar» un camino privado que conduce al yacimiento Loma Campana.
Macri es la continuación de los K ambas corrientes patronales están dispuestas a entregar la Patagonia a los monopolios habiendo antes expulsado a los Pueblos originarios, la ley antiterrorista de CFK, le ha venido como anillo al dedo a Macri. No hay que olvidar el instrumento de coacción extraordinaria contra el pueblo que le ha dejado CFK a un gobierno que necesitaba legalizar la represión.
En esta escalada el macrismo tiene como socios a jueces que se desesperan por interpretar las cosas contra el pueblo por su condición de reaccionarios y porque necesitan y labrarse un porvenir haciendo caja con sus decisiones, el principal juez involucrado con esta limpieza étnica en la Patagonia es Ariel Otranto un ahijado de La Campora apadrinado en su momento por el vice ministro de Justicia Julian Alvarez del FpV (La Defensa 18/9/17)
Otranto es parte del operativo de desaparición de Maldonado y habilitó la patota benettoniana que incendió casas de mapuches que el 20/9 ocuparon el juzgado de Esquel para que el Juez se vaya.
Fuera Bullrich y Otranto que continua a cargo de la causa del corte de la ruta 40
Juicio y castigo a los desaparecedores
Desmantelamiento de la Gendarmería
Con vida lo llevaron con vida lo queremos
(*) Candidato a senador provincial del FIT
