por Lisandro Martínez*
La organización internacional Oxfam publicó un estudio donde señala que en Argentina el 1% de las estancias más grandes concentra el 36% de la tierra. Mientras que el 80% de las propiedades más pequeñas -se estima aquellas menores a las 100 hectáreas- alcanza solamente el 13% del territorio. (www.pausa.com.ar 6/2/17)
Según el Registro Nacional de Tierras, en el país hay 269 millones de hectáreas de tierras rurales. Cerca de 16 millones están en manos extranjeras. Benetton, posee un millón y medio de hectáreas en la Patagonia, Adecoagro, 200.000 hectáreas, parte en Santa Fe. Bunge y Born y Fortabat, 2 millones de hectáreas distribuidas en distintas provincias.
Los apropiadores conforman el grupo de los 30 grandes terratenientes del país.
Oxfam indica que sólo entre 2000 y 2014 las plantaciones de soja en América del Sur se ampliaron en 29 millones de hectáreas y Brasil y Argentina concentran cerca del 90% de la producción regional. ( www.laarena.com.ar 13/2/17)
El estado capitalista ha garantizado desde siempre el enajenamiento territorial y con Macri profundizó el modelo expropiatorio modificando la Ley de Tierras Rurales mediante decreto 820/16, antes CFK ya permitía todo tipo de enajenación. El decreto 820/16 permite entregar las mejores tierras a extranjeros y a empresas offshore.
Pero adentrándonos en el fenómeno encontramos que los pequeños y medianos productores rurales sufren una caída en la rentabilidad y que la crisis irresuelta de las economías regionales está muy presente. La industria lechera nacional que primero fue atacada con medidas que contribuyeron al cierre de 600 tambos en 2016 ahora ha sido
extranjerizada o está en vías de serlo. A esto se suman una cantidad de importaciones de productos: carne porcina, pollos, manzanas, vino, manteca, alimentos procesados de Europa y EEUU, que colocan a las tierras argentinas más fértiles y sus riquezas naturales en la mesa de remates, desmintiendo el relato macrista del paraíso campirano.
En porcinos se importa un 230% más que en 2015 y hay centenas de criaderos de cerdos que desaparecieron. En carnes frescas la importación compromete la continuidad de pequeños y medianos productores y también hay dudas crecientes acerca de la salubridad de lo que ingresa.
El macrismo pretende que el país sea el supermercado del mundo, pero por su subordinación a los grandes grupos monopólicos termina comprando vía importación lo que son nuestras exportaciones tradicionales esto beneficia a los grupos concentrados a los que rinde pleitesía, así, un 20% de empresas multinacionales maneja el 80% de la producción, venta y exportación de granos, el negocio del ganado y la exportación de carnes. En nuestro país las cadenas comerciales se quedan con la rentabilidad del productor y encarecen los alimentos. La política de los noventa tiene más de una similitud con el macrismo: en los 90’ desaparecieron 100.000 productores.
A todo esto Monsanto avanza con la propiedad de sus semillas acompañado por el macrismo y continúa enviando cartas documentos a productores y cooperativas. El nivel de endeudamiento de los pequeños y medianos productores es muy alto.
El 27/7 el gobierno, junto a los ministerios de Trabajo, Agroindustria y Hacienda, la mesa de enlace (SRA, Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro) y Uatre), conformaron “La Comisión Nacional de Trabajo Agrario”, que decidió cambios en 250 convenios laborales de la agroindustria (arándanos, limón, silobolsas, porcino, avícola, etc) y firmaron un convenio para “fortalecer la competitividad y la productividad del complejo agrario en todo el país y mejorar las condiciones de empleo”. Flexibilizando normas laborales y tomando como modelo los convenios a la baja de Vaca muerta, SMATA, ATILRA, etc.
El agro antes de este brutal ataque de “La Comisión del trabajo Agrario” ya era uno de sectores con mayor informalidad laboral en la economía nacional.
Hay una caldera de contradicciones listas para estallar
Planificación nacional de la actividad rural bajo gestión obrera.
Expropiación de tierras extranjerizadas por pulpos offshore y otros.
Comisión obrera de control de empresas propietarias de tierras.
Banco de tierras.
Nacionalización bajo gestión obrera del Comercio Exterior y la Banca.
Que los exportadores abran los libros bajo control obrero.
Auditoría obrera de puertos, nacionales, privados y provinciales, que impida maniobras de evasión de granos, de toda otra mercadería y fuga de capitales.
Control obrero del transporte rural, del crédito, de las operaciones mercantiles de granos, la agricultura, etc.
Comisiones obreras electas en asambleas en cada lugar de trabajo, con poder para multar a los infractores y garantizar seguridad, higiene, convenio de trabajo y que combatan el trabajo en negro, precarizado y el trabajo infantil.
Bolsa de trabajo en manos de asambleas obreras. Prohibición de actividad de empresas tercerizadoras de la mano de obra.
Salario mínimo igual a la canasta familiar.
Impuestos progresivos a propietarios de más de 5.000 hectáreas.
Plan de descontaminación y reforestación del hábitat rural y ciudadano bajo control de vecinos, trabajadores y organizaciones ambientalistas.
Gobierno de trabajadores.
(*) Precandidato a Senador por la 4ª Sección Electoral
