por Lisandro Martínez*
lisandromartinez47@yahoo.com.ar
La causa Riachuelo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en 2008 sirvió para que los K y los Macri contrajeran créditos internacionales que manipulados engrosan la fortuna de contratistas y chupasangre del pueblo.
La SCJ había designado a “un hombre de su confianza”, el juez Lamela, quien junto a Mussi, secretario de medio ambiente, montaron empresas para “enriquecerse con el Riachuelo”. Estos “emprendedores” nunca fueron enjuiciados por la SCJ.
El escandaloso accionar de los gobiernos de MM y CFK involucrados, ha dilapidado a diciembre de 2016 u$s 5.200 millones (www.buenas.com.ar 27/12/16) sin presentar una sola factura.
Esto ha servido para embaucar a 5.500.000 vecinos que habitaban en las inmediaciones o a orillas de una cuenca hídrica con altísimo grado de contaminación y origen de patologías médicas de compleja curación.
A 9 años del “histórico fallo”, es la SCJ la que debería ser sentada en el banquillo de los acusados, ya que su desidia la incrimina en el abandono de personas expuestas a la más criminal contaminación que continúa enfermando a niños de 2 años que cargan con 12,5 de plomo en sangre (12/2/17- América 24- 20,30 hs.)
Acumar, una creación cortesana, ha resultado un organismo corrupto donde los escándalos
arrecian con funcionarios con salarios de $100.000 o más.
Los trabajos realizados para descontaminar el Riachuelo informados en la Audiencia Pública del 30/11/16 fueron tres (¡en 9 años!):
1. se liberó el camino de sirga expulsando sin indemnización a gente que hace más de 30 años estaba localizada en esos lugares.
2. Se mantiene y limpia diariamente de residuos la margen de la Capital.
3. Se eliminaron algunos basurales que rápidamente se reinstalan.
Sobre el problema principal planteado por el fallo: la gente y su reubicación fuera de lugares contaminados, fue sólo a un 20% de familias que fueron censadas, que no son ni por las tapas los 5.500.000 afectados. Las condiciones de salubridad que determina el fallo han sido vulneradas ya que para reventar al pobrerío se reinstala a los expulsados otra vez a metros del foco infeccioso.
Acumar informó que ingresó un crédito del Banco Mundial por u$s840 millones para el colector cloacal pero Aysa, que debía construirlo, se retiró hace un año y medio y la obra está parada. Queda claro que los u$s840 millones están destinados a fugarse a las cuentas offshore de los chupasangre instalados en el gobierno.
Los vecinos que habían obtenido el reconocimiento judicial a través del fallo “histórico” Mendoza/Riachuelo son otra vez victimizados, ahora por la SCJ y el gobierno quienha demostrado una vez más el nivel maligno de su “bricconaggine” que acompaña a su incapacidad para resolver los problemas de las mayorías. Su agotamiento político a la hora de conducir esta nación pide a gritos que la clase obrera se haga cargo de los asuntos públicos.
Lo que a la patronal en 1945 le había permitido alardear diciendo que “cada necesidad era un derecho”, en el siglo XXI la descomposición de 10 años continuos de crisis capitalista mundial transformó aquel eslogan demagógico en este: “Cada necesidad popular es un negocio para los explotadores”.
El 30/11/16 en la Audiencia Pública sobre los avances en la aplicación del fallo Riachuelo/Mendoza los datos vergonzantes que dieron el Rabino -cara de piedra- y otro personaje -Andres Napoli- cooptado por el macrismo de las luchas ambientalistas, sobre las tareas incumplidas de Acumar impulsaron a Lorenzetti a dramatizar un paso de comedia satírica que ni Moliere cuando se ensañaba con la hipocresía del poder podría haber hecho interpretar a sus actores con la soltura del juez Supremo, quien ignorando sus responsabilidades y enojado señaló “el informe es que ya hay u$s5.200 millones gastados pero sólo se cumplió el 20% de la sentencia, ¿qué se hizo con eso?”, indagó furioso (www.infobae.com 1/12/16). En esa misma instancia Acumar informó de obras en municipios que no correspondían a la Cuenca, como Vicente López y Tres de Febrero” (informe de la Auditoría General de la Nación) lo que constituye otro delito.
Como corresponde al “Estado Nacional de la hipocresía” a los vecinos afectados presentes en la Audiencia Pública no se les permitió estar en la sala pero se les autorizó “relojear” lo que sucedía a través de una pantalla desde otro lugar (www.infobae.com 1/12/16).
Las 174 viviendas precarias en Villa Jardín son precarias como las de los “Sueños Compartidos” de Schoklender destinadas ahora por Grindetti a los desterrados; en 2012 valían $ 77.437.855,43 y hoy por el índice de la construcción (2012, 25,6% - 2013, 29,3% - 2014, 35,5% - 2015 31,2% y 2016 38,7%) aumentaron su valor en beneficio de la empresa constructora y quienes despluman al tesoro público. Son viviendas sin garantía ni título y de tenencia precaria, además no soportan ampliaciones si se agranda la familia, son prefabricadas baratas que hay que pagar. Viviendas que no elevan el nivel de vida y condenan para siempre a la marginalidad a quienes las reciben ya que no tienen valor de venta en el mercado por su corta vida útil. Son un desmejorado modelo de los monoblocks de los 70’ que carecían de papeles y en su deterioro para malvenderlos había que engañar a otro pobre.
El 31/5/16 en La Defensa señalamos: “Es un operativo para chuparse el presupuesto. A cambio entregarán a personas de alta vulnerabilidad e indefensión jurídica, casas de poca durabilidad”. El sobreprecio establecido “para la “morochada de Jardín” según se pudo averiguar ronda los $10.000 el m2 cuando el conjunto de durlock/ telgopord y alambre oscila entre $300 y $500" (La Defensa 17/5/16).
La estafa tiene su monumento con 149 prefabricadas de telgopord/durlock en el barrio NK ubicado desde el 14/10/12 en la ribera del Riachuelo (Pellegrini entre Millán y Viamonte, Lanús); allí mudaron a los barrios 10 de enero y San Fco. de Asís. Para los entendidos (www.arquitecturadecasas.info) “Son construcciones frágiles, no obtienen créditos hipotecarios, pierden valor con el paso del tiempo, la vida útil es más corta que la de una construcción convencional y se las consideran casas inferiores”.
Proponemos “Comisiones de vecinos afectados” que se reúnan y resuelvan:
1. Que el gobierno pague la expropiación del lote y de su antigua vivienda.
2. Que se abran los libros contables de Acumar y del municipio de Lanús bajo control de los vecinos afectados y sus asesores jurídicos y técnicos.
3. Iniciar la causa penal correspondiente.
(*) Del Partido Obrero
