por Lisandro Martínez*
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“Quien no castiga el mal, ordena que se haga”. La frase de Leonardo Da Vinci encaja como anillo al dedo si hablamos de Argentina, un régimen social que no brinda futuro donde grandes segmentos de la autoridad judicial están ligados a violadores, trata de personas y prostitución.
Hasta minutos antes que los barbudos tomaran el poder en Cuba la descomposición social impuesta por el imperialismo yanqui había convertido a la isla en un gigantesco casino con prostíbulo, que era visitada por magnates, gánster y perversos de toda laya; el pueblo cubano era rehén de esa orgia sin fin. Cuenta Jean Paul Sartre en “Huracán sobre el azúcar” -libro que recopiló 16 artículos sobre su visita en 1960 a la isla y que fueran publicados en el diario de mayor circulación en Francia "France-Soir"- que producida la toma del poder el Presidente Urrutia –un burgués moralista- frente a la decadencia impuesta por EEUU y Batista propuso prohibir el juego y la prostitución pero la mayoría del pueblo con laburo fijo estaba conchabado en casinos o prostíbulos y ambos sectores escribieron o se movilizaron para hacerle saber al ejército rebelde que esa determinación los mandaba a las filas de miles de desocupados crónicos que había propagado Batista; este baño de realidad hizo que la dirección del M26/7
reflexionara que había que destruir el organigrama estatal de los explotadores y poner en pie otro país.
En Argentina, Enrique Pescarmona es dueño de IMPSA que en 2014 estuvo en defolt por no pagar un vencimiento por $ 42 millones más otros u$s 23 millones. IMPSA fue subsidiada por CFK (La Nación 18/9/2014). Ahora Pescarmona desde la Recoleta pontifica que “Las chicas de 14 años se preñan por unos mangos” (Infobae 30/11/16) aclarando que lo hacen para cobrar la AUH. En la pequeñez de su repugnante elaboración habría que preguntarse si Pescarmona ha llegado a esa conclusión porque para conseguir ese millonario subsidio de los K él tuvo que entregar a cambio a alguna de sus nietas.
Pescarmona se jactó también de haber puesto en vereda a trabajadores indolentes en Brasil a través de pasantías intensivas de un año. El despótico accionar deja al desnudo las opciones de futuro cero que tiene planteado el régimen de la estafa que Pescarmona defiende: para los jóvenes que ni estudian ni trabajan y que en octubre sumaban 1.000.000 (La Nación 11/10/16) ninguna salida y para los demás, trabajos basura como el que impulsa la agencia de colocaciones Grindetti con salarios de $4500 para ser explotados en MacDonal’s cuando la canasta ya está por arriba de los $23.000.
Pescarmona es la cara visible de la burguesía nacional que Néstor Kirchner vino a refundar y Macri quiere consolidar. Es una clase parásita que vive del trabajo ajeno y de las estafas a que somete al propio Estado que controla.
En el país los violadores enquistados en el aparato del Estado hace rato están instalados y cuentan con protección nacional e internacional. Ahora surgió que se investigan 12 casos de abusos a niños que ocurrieron en 2007 en un instituto para pibes sordos en Mendoza. Uno de los detenidos es un sacerdote de 82 años, Nicola Corradi quien desde 1984 tiene denuncias en Verona y el otro sacerdote es Horacio Corvacho acusado de haber abusado a niños de 5 a 17 años que podrían según el fiscal Fabricio Sidoti llegar a ser 60. “Los antecedentes del cura Corradi dispararon el alerta sobre la complicidad del Instituto Próvolo en Italia y Argentina y la responsabilidad de la Iglesia Católica. El abogado Carlos Lombardi -Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina- afirmó que “tanto la Arquidiócesis de Mendoza como la de La Plata sabían de los antecedentes penales de Corradi”. Lombardi contó que el cura escapó de Italia por denuncias hechas en 2009 por abusos sexuales en el Instituto Próvolo de Verona. Estos casos ocurrieron entre 1950 y 1984 (Clarín 28/11/16)
Nicola Corradi fue transferido por el Vaticano en 1997 de Verona a La Plata para protegerlo. EN 1996 el Arzobispo Carlos Galán intervino personalmente ante el abuso del cura Héctor Giménez contra cinco menores en Magdalena; Giménez fue arrestado pero liberado en diciembre de 1997 por los jueces Raúl Delbés y Horacio Piombo, por el pedido de excarcelación peticionado por el arzobispo Carlos Galán, el cual fue concedido por la Cámara Penal de Apelaciones local. El mismo fue otorgado de modo extraordinario bajo caución juratoria, en particular, por el hecho de que el propio arzobispo garantizase personalmente la presencia del excarcelado en su sede eclesiástica.
En Argentina son 43 los sacerdotes denunciados en los últimos 20 años, según BishopAccountability.org, una organización internacional que documenta casos de abusos de la Iglesia (Clarín 10/3/16). Pero el aluvión de los pedófilos ensotanados es mucho mayor.
Aquí es preciso dejar en claro que el lugar que ocupa la Iglesia en la sociedad es impensable sin la complicidad del Estado capitalista. Cuando el Estado financia a esa institución corrupta, cuando delega el derecho que la educación esté en manos de religiones, cuando avala la intervención eclesiástica en el dictado de leyes de todo tipo (Código Civil), es su cómplice.
La trata de personas es un operativo donde las fuerzas de seguridad, la justicia y el Estado ocupan lugares estratégicos y colaboran en la desaparición de personas en “democracia”. Las mujeres desaparecidas engrosan prostíbulos de todo el país donde se las prostituye, algunas viajan kilómetros tabicadas y con tránsito garantizado por fuerzas de seguridad que liberan rutas para que la caravana alimente al ejército de esclavas sexuales que hace de éste un negocio próspero.
El caso de Alika Kinan esclarece el nivel de complicidad e impunidad establecido desde las más altas esferas policiales, judiciales y políticas. Los polis procesados por la Trata ocupan todo el escalafón de la fuerza y lo recaudado para la “caja negra” se distribuía en organismos superiores. Esto señala que no se trata de una manzana podrida sino de toda una institución del Estado en descomposición. Y como en la Trata de personas el rol del poder político es esencial, el “trabajo” de Alternadora era avalado mensualmente por la municipalidad de Ushuaia y la gobernación, ambas en manos de La Cámpora.
Este es el organigrama estatal en Argentina que impone un nivel de relaciones sociales intolerables y coloca la necesidad de un gobierno de los trabajadores en la orden del día.
(*) Del Partido Obrero
