El magistrado pidió declaraciones juradas y documentos de la citada fundación denunciada por diputados kirchneristas que afirman que fue utilizada para lavar dinero. La decisión de Lijo es parte de la investigación sobre el origen de fondos robados a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y que según la funcionaria correspondían a la Fundación SUMA.
Grindetti había declarado que él no estaba “involucrado” con la citada fundación, pero al mismo tiempo afirmó que esa entidad "tiene sus balances presentados".
