La denuncia que desde la propia justicia pesa sobre el juez Rubén Baca, tiene relación con las detenciones de los cuatro policías acusados de proteger una red de trata en Lanús, noticia que La Defensa publicó tres días antes que cualquier otro medio.
Los cuatro policías detenidos por orden de la fiscal María Recalde, acusados de brindarle protección al prostíbulo Yamila, son: el comisario inspector Marcelo Roque Lizzano, jefe del Comando de Patrullas Comunitarias de Lanús; el agente Darío Damián Belcastro que revistaba en ese CPC; el oficial Roberto Ariel Burgos de la División Informática; y el agente Ariel Hugo Comba del CPC Quilmes.
Pero a Lizzano, Belcastro y Burgos, los acusa Recalde porque en julio de 2014, cuando prestaban servicio en la 2ª de Lanús, en lugar de comunicar a la UFI 9 la existencia de prostíbulos, denunciados en los primeros días de julio, le dieron intervención al juez correccional Rubén Baca. Este -secretario renunciante de la policía municipàl local- ordena allanar un prostíbulo el 28 de agosto de ese año, y en las actas de ese procedimiento se insertaron datos falsos para proteger -entiende la fiscal- al lupanar.
6 allanamientos: un solo detenido
Lanús es el distrito donde más “privados” funcionan. Y no es la primera vez que en este distrito
se realizan operativos de esa clase: “para la tribuna”.
Alameda pone un video (foto) en la web, que muestra los allanamientos que el viernes 19 de febrero de 2011 se realizaron en lupanares de 9 de Julio 1329; O’Higgins 1966; Basabilbaso 733; Madariaga 591; Piñeiro 14; y Aristóbulo del Valle 314. “Allí se encontraron mujeres víctimas de explotación sexual, varias de ellas indocumentadas y presumiblemente menores y víctimas de trata; también había drogas y armas. Se secuestraron cuadernos, computadoras y agendas de contactos de los burdeles. Hubo un solo detenido y ninguna asistencia para las víctimas, que quedaron a merced de los proxenetas”, dice Alameda.