por Lisandro Martínez*
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La burguesía nativa es una clase parasitaria que actúa contra los intereses nacionales y se relame cuando encuentra un emprendimiento que tenga un anuncio rimbombante de obras públicas para meter mano en presupuestos millonarios. Esto sucede todo el tiempo ante la vista y los oídos del sufrido pueblo trabajador. Así sucedió en la dictadura y en el retorno de la democracia cuando UCR y PJ entendieron que tenían frente a sí una coartada magnífica, “con obras que podían llegar a cambiar la fisonomía de las zonas más densamente pobladas del país, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y la ecología del lugar, previniendo las endémicas inundaciones y evitando desastres humanos y económicos”. Era el proyecto soñado. Se trataba del saneamiento, regulación y control de la cuenca Río Matanza. El MOSP bonaerense desde el mismo día que Antonio Cafiero inició su gobernación (10/12/1987) trabajó con un consorcio de empresas (Horacio O. Albano, Ingeniería y Construcciones SACIFI, Salini Construtori SA y más tarde sumó a Franco Macri (Supercemento).
Junto al “proyecto soñado” estaban, entre otros, Petroquímica Bahía Blanca (u$s120 millones); la ampliación del subte A para Macri (u$s70 millones); generadores para Yaciretá (u$s 67 millones). Los proyectos sumaban u$s1.222 millones que fueron contabilizados en la causa
12.547/93 del Juzgado Federal N°5 y en el folio 2380 el juez Martín Irurzun señala: “Los créditos efectivamente concedidos a nuestro país para ser destinados al sector público, forman parte de la actual deuda externa argentina, las empresas privadas fueron las encargadas de efectivizar los proyectos y los préstamos fueron otorgados por Italia”.
La burguesía argentina, a través de la UCR y el PJ, había entrado en los negocios turbios de la P2, del Vaticano y la camorra italiana, que se conocieron como “la tangente” y su investigación internacional como “Mano pulite”. El paquete podrido se desató el 17/2/1992 en Italia cuando Mario Chiesa, un “biglettaio” (cobrador de coimas), se disponía a cobrar la novena “tangente” de 14 millones de liras por una concesión a una empresa de limpieza y los billetes que recibió estaban marcados. El primer ministro, Bettino Craxi (PSI), era una de las cabezas de la podredumbre que dominaba desde hacía años la economía y la política de Italia y utilizó como “chivo expiatorio” al biglettaio que se consideró abandonado y cantó.
En 1988 con el “Tratado de relación Asociativa Particular entre Italia y Argentina”, el PSI de Craxi se propuso “ayudar” al alfonsinismo con donaciones gestionadas por 14 ONGs. La iniciativa fue del embajador Ludovico Incissa di Camerana (DC).
“El 21/10/1988 comenzaba a gestarse una de las mayores estafas en la PBA. El 10 de noviembre el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Carlos Bruno (UCR), fue informado por Alieto Guadagni (PJ) (MOSP) que su ministerio estaba en tratos con el holding italo-argentino (Albano-Salani) e insistió para que el gobierno alfonsinista propiciara la inclusión del Proyecto Matanza en el paquete de obras a financiar por Italia”. (“Tangentina: Corrupción y poder en Italia y Argentina”, 1994, Norberto Bermúdez).
El consorcio italiano integrado por Torno SpA y Termomeccanica SpA y la empresa Argentina Supercemento SA (Franco Macri), el 11/10/1988 iniciaron el exp. 2400-4363/88 dirigido al Ministro de Servicios Públicos de la Nación, Rodolfo Terragno; allí expresaron su interés de participar en el negocio del río Matanza. Antes de ese trámite hubo una carta de Bruno al gobernador Cafiero que aseguraba los créditos para las obras del Matanza. El gobernador Cafiero el 7/11/1988 firmó la documentación solicitando financiación del proyecto que Alieto Guadagni llamó “la obra del siglo”.
Los investigadores judiciales posteriormente encontraron evidentes manipulaciones del expediente: folios truchados y páginas insertadas.
Un personaje estelar de esta saga fue José Luis Manzano proveniente de Guardia de Hierro como Francesco, una agrupación derechista afín a López Rega e Isabel. Manzano fue clave en la corrupción, jefe de bloque del PJ y negociador privilegiado de la UCR.
En junio del ‘89 se dibujó una licitación internacional con ganador acordado. Un “malandrino”, Luca Rigacci Hay Franceschini, contactó a dos funcionarios que “cortaban la torta”: Coti Nosiglia y Pedro Truco ministro de Servicios y Obras Públicas de Alfonsín. La agenda de Rigacci fue retenida por la justicia argentina y estos funcionarios figuraban como contactos personales del “imbroglione”.
Los nuevos protagonistas del permanente saqueo a la Nación son aún más farsescos que los de hace tres décadas, cumpliéndose aquel axioma de Marx “la historia se presenta primero como tragedia y luego como farsa”. El ministro de ambiente de la Nación es el rabino Bergman. Macri le entregó a Massa un par de patentes de corso para actuar en ACUMAR; Sergio Federovisky fue nombrado parte del PE en ACUMAR y Ricardo Delgado es subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal.
Pero como le sucediera a la SCJ, no importa dividir el botín con otros jueces ni compartir negocios porque el choque violento de los intereses materiales que se disputan convierte al Riachuelo en una pelea en el barro, donde la burguesía y sus funcionarios muestran sus partes íntimas. “El rabino Bergman intenta designar a todos los directores de ACUMAR y pelea con Larreta, Vidal y Monzó”. (www.lapoliticaonline 12/2/16)
Acumar ha dividido al PRO y hay sueldos de $100 mil. Bergman no puede ordenar ese organismo que tiene jurisdicción tripartita entre nación, ciudad y provincia. El mayor bolonqui se dio con la salida de su presidente, Amílcar López, quien renunció furioso por las internas del PRO y denunció a Macri por asociación ilícita (lapoliticaonline 7/6/16)
Acumar es un organismo que maneja más dinero que el ministerio de Ambiente y que tiene mayor facilidad para contrataciones y licitaciones gracias al fallo de la Corte Suprema que ordenó el saneamiento de la Cuenca Matanza/Riachuelo.
Bergman es un agente de la Constructora IRSA cuyo propietario es el rabino Elsztain, quien no permitirá una autopista ribereña por costanera sur porque arruinaría la construcción del pensado Mini Puerto Madero. Sólo aceptan una autopista elevada sobre el ferrocarril para debajo de ella construir más edificios.
Son todos “López”. Hay que poner a la república bajo control obrero y de los vecinos.
(*) Del Partido Obrero