por Lisandro Martinez*
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Para ir al grano en el asunto de la obra pública nacional y las viviendas de Villa Jardín que es hoy nuestro tema, hay que señalar que el monopolio de la obra pública se estableció en los últimos 12 años a través de una sociedad entre los Macri y los Kirchner para chuparle la teta al estado, constituyendo un imperio que monopoliza hasta hoy las licitaciones del país entero.
Presentado el problema hay que rememorar los dichos de dos entendidos en la materia: Uno es Julio de Vido quien fuera ministro de Economía y Obras Públicas en Santa Cruz con NK como gobernador. Don Julio ha señalado ante los apurones judiciales que no lo acosen sino va a tener que hablar de IECSA/Calcaterra y sus negocios con lo público.
El otro es Lázaro Báez que ya ha dicho que recibe órdenes de Don Julio y en su indagatoria señalo que IECSA empresa de Calcaterra y los Macri estuvo asociada con su constructora
Austral Construcciones conquistando esa “sociedad de hecho” licitaciones en todo el país. De esto se infiere que si “hubo por obra pública una ruta de dinero K” (Fariña) ese mismo retorno fue a la Sociedad Macri (SOCMA).
Clarificado el origen de los negocios de la obra pública, es importante señalar que “el presidente Macri todavía tiene control sobre la empresa que supuestamente le cedió en 2007 a Calcaterra. Ese año, el grupo Macri le vendió al sobrino de Franco Macri las compañías IECSA y Creaurban, con ellas Ángelo Calcaterra creó una unión de empresas (ODS), junto a la firma Ghella.
Pero Calcaterra le “compró” a su primo la empresa a través de una prenda de sus acciones. Así los Macri se quedaron con las acciones de ODS en garantía, hasta que pudiera cancelar la deuda. Ésta operación venció a fines de 2014 pero la deuda no fue cancelada, por lo que Macri sigue siendo parte de las empresas de su primo, el tercer mayor contratista del estado en los últimos años y socio de Báez (que está 40º en la lista de los más beneficiados por obras públicas).
Macri sigue ligado a ODS, que fue la tercera más beneficiada por las obras públicas en los últimos años por más de u$s 14.000 millones, en muchas de ellas teniendo a Báez como subcontratista. (www.eldestapeweb.com 22/5/16)
1. La defraudación es un ardid o engaño que se aplica en general contra los sectores más vulnerables.
2. El lavado de la guita consiste en desvincular el origen ilícito del dinero con el objeto de legitimarlo a través de distintos actos jurídicos.
Construir obras públicas es un vehículo donde prevalece, el engaño que a través de la fanfarria de los grandes anuncios transpola dinero de los contribuyentes del tesoro público a la billetera de funcionarios y contratistas. El lavado de dinero se produce legalizando sobreprecios imposibles de justificar. No obstante luego de tres años de causa penal dentro de pocas semanas Sergio Schoklender va a quedar -seguramente- desvinculado de la causa, de una de las mayores estafas contra el pueblo trabajador llamada Sueños Compartidos.
La defraudación y el lavado es una ley no dictada pero que se aplica por eso la malversación de los subsidios al transporte, y otras iniciativas delincuenciales no pueden castigarse porque el régimen político -de la estafa, y el lavado de dinero- se desmoronaría ante las acusaciones cruzadas de todo el espectro político patronal que lo sostiene.
Las viviendas de Villa Jardín
La historia de las viviendas en Villa Jardin destinadas a los vecinos que vivian a las orillas del Riachuelo siempre estuvieron llenas de idas, vueltas y tramoyas de parte de los funcionarios locales y nacionales. Los vecinos tenían viviendas que fueron derrumbadas por orden de un juez federal e inmoral llamado Luis Armella quien nunca considero que aunque fueran ranchos -que no lo eran- cuando se traza una obra pública las propiedades que se derrumban, sus habitantes tienen derechos adquiridos por lo que les corresponde como a cualquiera un monto de dinero de resarcimiento que debe establecer el juez como indemnización expropiatoria. El juez Armella recomendado por la Suprema Corte para llevar adelante la causa Riachuelo, era a imagen y semejanza del Poder Judicial argentino y no sólo había montado sus propias empresas para enriquecerse con la limpieza del Riachuelo, sino que esperaba el bocato di cardenale a la hora de iniciarse las construcciones en Villa Jardín.
Entre el juez, el secretario de Ambiente y Desarrollo Juan J Mussi y Luis Bontempo subsecretario de Desarrollo y Vivienda de Lanús, firmaron actas de Inicio de Obras para la construcción de las primeras 149 viviendas, en el marco de Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo con la Compañía Metropolitana de Construcciones”. (Comecon) (La Ciudad de Avellaneda 29/8/11).
La Comacon era una empresa de suma confianza del grupo de funcionarios a la que la encontraorn orsai en 2013 cuando la denunciaron en Gualeguaychú, Entre Ríos por irregularidades en el programa federal de construcción de viviendas, de Villa Paranacito, con 49 viviendas. Los trabajadores del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda denunciaron sobrecalificaciones de obras por más de $6 millones. (www.elmiercolesdigital.com.ar 31/10/214).
Desde siempre el intendente Darío Díaz Pérez y los funcionarios nacionales pensaron en construir casuchas que rápidamente se transformaran en taperas y para eso nada mejor que Sueños compartidos (TN Barrio La Matera).
Hace 3 años incurrimos en un error señalando que Sueños Compartidos fue un operativo de lavado de dinero del Ministerio de Planificación de Devido. En realidad Sueños continuó siendo una fuente de retornos por eso en Lanús, Díaz Pérez junto al contaminador Mussi acordaron que Schoklender/Bonafini construyeran viviendas para los expulsados de las márgenes del Riachuelo” (La Defensa 24/6/12).
Aquello que creímos parte del pasado es hoy un operativo de “Lava Jato” que se reitera destripando al estado y estafando a los contribuyentes. Este es un método “seguro” para aspirar el presupuesto de $77.437.855,43 más las actualizaciones de obra. A cambio le entregarán a personas de alta vulnerabilidad e indefensión jurídica, casas de telgopor.
El sobreprecio establecido “para la “morochada de Jardín” es notorio: según se pudo averiguar el valor presupuestado ronda los $10.000 el m2 cuando cada placa oscila entre $300 y $500” (La Defensa 17/5/16).
Que se abran los libros de Acumar y del municipio de Lanús bajo ontrol obrero y de vecinos. Juicio y cárcel a los estafadores.25/5/16
(*) Del Partido Obrero