Es que los trabajadores de ATE están pidiendo que las obras a realizarse en las escuelas sean consensuadas en la Unidad de Gestión Educativa (UGE), mesa en la que intervienen todas las partes, y no quedar fuera de las resoluciones al respecto.
Tal como lo anunciara el intendente hace unos días, el Fondo de Fortalecimiento para las
escuelas no fue ejecutado por la administración anterior y los establecimientos educativos tienen graves falencias estructurales, que puede ayudar a resolver al ejecutarlo este año. Fue Jorge Montero quien aclaró el cambio de metodología: ese dinero que llega al municipio desde la provincia se entregaba a las cooperadoras escolares y ellas decidían con quién y de qué modo se hacían las reparaciones. A partir de esta declaración de emergencia, el Ejecutivo contrata el trabajo con las empresas que se encargarán de efectuarlo. Los gremialistas protestaban porque de ese modo -según alegan- no tendrán participación alguna en esa negociación.
Sin embargo, desde el Consejo Escolar afirman que la lista de escuelas en riesgo se confecciona todos los años en febrero y allí participan todas las partes, y es esa lista la que fue entregada al Ejecutivo para ayudar a resolver las obras a realizarse. Además, en la reunión de Labor Legislativa que se realizó el martes 12, Montero señaló algunas correcciones que fueron incorporadas al expediente y dejó fuera la que intentó incluir hoy: que las empresas contratadas para las reparaciones fueran locales. Este fue su alegato, pleno de referencias a los documentos de Panamá, al que adhirieron otros ediles, como Luciana Agustavicius y Aldana Damone.
También intentaron incluir una citación al intendente para concurrir al recinto a dar explicaciones sobre las cuentas fuera del país, pero el tratamiento de este expediente fue votado negativamente por la mayoría y no pudo ser incluido en esta sesión.
El otro tema a tratar fue la conformación de las comisiones, sobre las cuales Montero planteó reclamos respecto de los pocos lugares que ocupa el FV. Consultado el presidente Marcelo Rivas, aclaró que "se repartieron equitativamente, según la Ley Orgánica de las Municipalidades y el FV ocupa 19 lugares, entre ellos la presidencia de cuatro comisiones y dos secretarías".
Se aprobó el convenio de Participación Comunitaria con la empresa Lusant SA, (padrinazgo) quien hará mantenimiento de pintura por dos años sobre los tres pasos bajo nivel del distrito.
Entre los gremialistas pudo verse también a los ex concejales del FV Paola Rezano, Gabriel Sandoval y Héctor "Lolo" Vélez.
Marta Santos
