por Lisandro Martínez*
“El que no sabe es un imbécil. El que sabe y calla es un criminal”. (Bertolt Brecht)
El BCRA en 2015 tenía pocas reservas y se descontaba que luego de las elecciones de octubre se iba a una devaluación. El BCRA vía Vanoli decidió vender Dólares a Futuro, una operatoria similar a la que en 1982 realizó la dictadura militar y la llamó Seguro de cambio. Esa maniobra en aquella oportunidad sirvió para que las empresas privadas estatizaran sus propias deudas que sumaban u$s14.000 millones. Así se transfirió la deuda privada a la sociedad argentina. Cavallo, Aleman, Sigot, González Solar, estatizaron la deuda privada de empresas como Macri, Bridas, Pérez Companc, Bulgheroni, Renault Argentina, Grupo Clarín, Papel Prensa, etc. En 1984 el ministro de
Economía de Raúl Alfonsín, Bernardo Grinspun, alcanzó a auditar el 50% y determinó que el 90% de la deuda privada era fraguada.
José Luis Machinea en 1985, en el gobierno con Alfonsín, firma los pagarés de las privadas y hace responsable al estado de la deuda privada frente a los acreedores internacionales.
Muchas empresas fueron descubiertas fraguando deudas: FATE, SADE, TECHINT, BGH, SIDECO. Pero el gobierno de Alfonsín se hizo el distraído y detuvo toda investigación.
La deuda privada se refinanció permanentemente.
En 2015/2016 con la venta de dólares a futuro, las mayores beneficiarias fueron las grandes empresas. Hasta Aldo Pignanelli, un economista del riñón de la burguesía, con gran indignación no ha tenido más remedio que calificar al dólar futuro “como la estafa más grande en la historia de la Argentina”. (La Nación 19/4/16)
Las grandes corporaciones compraron a $10 u $11 cada dólar en diciembre para cobrar en abril $15 o más por cada dólar, el quebranto a las arcas públicas se puede contabilizar fácilmente, el BCRA que tenía pocas reservas para pagar el dólar futuro tuvo que efectivamente emitir dinero. El perjuicio al país es de u$s17.000 millones que fue la suma que tuvo que poner el BCRA a la hora de pagar la diferencia prometida, lo que generó una maniobra fraudulenta contra la Nación Argentina por un total de u$s68.000 millones.
Desde que los diputados Federico Pinedo y Mario Negri, jefes de los bloques del Pro y UCR, firmaron la denuncia penal contra el Presidente del BCRA Alejandro Vanoli -por las operaciones de venta de dólares a futuro- que consignaba el delito “de defraudación contra la administración pública” (30/10/2015 fortunaeb.com.ar), la santa virginidad de los compradores de dólares macristas o kirchneristas fue penetrada por los acontecimientos y nadie puede al día de hoy fingir desconocimiento alguno. Por lo tanto el falso debate si es legal o no “defraudar a la administración pública” cae por su propio peso; de allí que introducir un debate filosófico como “si es ético o antiético”, es tan absurdo como discutir sobre el sexo de los ángeles e incluso lo que los medios de comunicación intentan es colocar un manto de impunidad sobre un régimen político plagado de irregularidades y montado sobre la explotación más brutal contra quienes trabajan.
Estamos como dijeron los legisladores del Pro y de la UCR en su presentación ante el delito de “defraudación contra la administración pública” y podemos agregar: “con el concurso de funcionarios de primera línea y también con el beneficio lucrativo para las primeras espadas de la enriquecida una y mil veces patria contratista, que incluso ya ni se limita entre si son familiares directos, amigos o entenados del poder”.
Según la ley “La función pública implica el gobierno de los intereses comunes y lo que haga o deje de hacer el funcionario público tendrá directa influencia en la suerte de sus conciudadanos”.
Por lo tanto el círculo íntimo del macrismo entre el 8 y el 27/10/2015 se largó por lo menos a garantizarse la diferencia reventando las arcas públicas. Así la empresa constructora Caputo S.A., propiedad de Nicolás Caputo compró u$s 3.600.000 mediante “agentes de liquidación y compensación (Intl Cibsa S.A. y Capital Markets Argentina) con vencimientos que van de febrero a junio de este año”. Mientras, Francisco Macri compró en nombre de la empresa Chery-Socma entre el 4/9 y el 23/10/2015 u$s8.000.000 gracias a Puente Hermanos SA.
Pero lo distintivo fue que tres funcionarios públicos del macrismo (que son la mano derecha de Marcos Peña, Jefe de Gabinete del presidente Macri, es decir la mesa chica del poder), como José María Torello, jefe de asesores del presidente, compró u$s 800.000 a futuro vía la agencia Schweber Securities S.A. que vencieron en febrero. Gustavo Lopetegui, secretario de Coordinación de Políticas Públicas, entre el 23 y el 26/10/2015 compró y vendió 310 contratos que representan u$s310.000. El Fondo Pegasus cuyo número uno era Mario Quintana, hoy secretario de Coordinación Interministerial, operó u$s1.480.000 en septiembre del año pasado.
En los códigos procesales internacionales (suizo, griego, argentino, etc.) se describe la “gestión desleal” de los funcionarios en estos términos: “El que por disposición de la ley o contractualmente tenga la obligación de velar intereses patrimoniales ajenos y los haya perjudicado”, aumentándose la sanción en caso de que se hubiera obrado con propósito de lucro.
Hasta acá el relato de la estulticia, el peculado y la apropiación de lo ajeno que entrecruza las rutas del dinero K o M y está señalando a un régimen político en ruinas moral y política que desde la quiebra del 2001 viene crujiendo, mostrando públicamente que ha sido copado por distintas camarillas cuyo único fin es el enriquecimiento personal a través de transferir los recursos públicos a sus cuentas personales.
La “Ciudad de la mordida” (Tangentópolis) en que se transformó la república Italiana en los años 90 es ya el espejo en el que nos miramos y el slogan elaborado por Scalfari: “Una pandilla de ladrones se ha apoderado de la República” es ampliamente representativo de la Argentina desde hace varias décadas.
(*) Del Partido Obrero