Informe Económico Semanal del Banco Ciudad
En lo que constituye un nuevo paso adelante hacia la resolución definitiva del conflicto por la deuda, el proyecto de ley que convalida el acuerdo alcanzado con los “holdouts” obtuvo esta semana media sanción en la cámara baja, tras conseguir el apoyo de casi 2/3 de los legisladores presentes. El proyecto de ley, además de dar el visto bueno al acuerdo pactado con los fondos litigantes y otros tenedores de la deuda pública en default, impulsa la derogación de las leyes “cerrojo” y “de pago soberano” y habilita al gobierno a emitir nueva deuda para hacer frente a los pagos convenidos con los acreedores.Paralelamente, el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados incorporó, a instancias de la oposición, algunas modificaciones al texto original, dando cuentas de una flexibilidad
negociadora del oficialismo que permitió alcanzar un elevado consenso y rápido acuerdo. Entre las principales incorporaciones al proyecto oficial se destacó el límite de USD 12.000 millones al endeudamiento que podrá tomar el gobierno, siendo éste un importe que de todos modos resulta suficiente para hacer frente al monto máximo que habría que abonar si todos los acreedores aceptaran la propuesta argentina (el cual asciende a USD 11.684 millones, sobre un reclamo original cercano a USD 18.000 millones, el cual implica una quita total del 38%). De manera de minimizar los riesgos legales de la operación, también se estipuló que la aprobación del acuerdo por parte del Congreso quedará supeditada a la ratificación de la Corte de Apelaciones de Nueva York al levantamiento del embargo dispuesto por el juez Thomas Griesa, a la vez que se otorgaron mayores atribuciones a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa para fiscalizar el manejo de los fondos obtenidos con el nuevo endeudamiento.
Habiéndose conseguido ya media sanción en la cámara baja, el proyecto se encuentra ahora para su tratamiento en el Senado, pudiendo llegar a ser aprobado a fines de marzo, lo cual dejaría una ventana de tiempo razonable para que el gobierno salga a emitir deuda antes que venza el plazo límite para efectivizar los pagos acordados con los acreedores más representativos, el día 14 de abril, sin hacer uso de reservas internacionales.
En lo inmediato, las implicancias de la cercana resolución del conflicto por la deuda y la consecuente reapertura de los mercados globales de crédito empiezan a hacerse sentir, moderándose las presiones cambiarias. De hecho, ya se registraron los primeros casos concretos de emisiones de deuda de provincias y empresas, comenzando por los USD 1.250 millones que obtuvo la provincia de Buenos Aires la semana pasada y los USD 1.000 millones y USD 360 millones colocados por YPF e IRSA respectivamente esta semana. A esta primera ronda de colocaciones podrían llegar a sumarse, en el transcurso de los próximos meses, otras emisiones de deuda provinciales por aproximadamente USD 5.000 millones, que se agregarían a las liquidaciones de dólares del complejo agroexportador previstas para el segundo trimestre, por más de USD 7.000 millones.
En este sentido, con una oferta de dólares por distintas vías superior a los USD 15.000 millones en los próximos tres meses (equivalente a cinco veces el ingreso de divisas del campo del primer trimestre), el BCRA podría verse ante la necesidad de salir a intervenir para evitar una apreciación excesiva del peso. De hecho, en los últimos días se observaron los primeros movimientos en esta dirección, con el Banco Central comprando USD 500 millones derivados de la emisión de deuda que realizó la provincia de Buenos Aires, además de empezar a mostrarse activo en la plaza cambiaria local el Banco Nación.
En forma indirecta, el ingreso de divisas también permitiría ir recomponiendo gradualmente el nivel de actividad. En el segundo trimestre, la venta de la cosecha gruesa ayudaría a dinamizar las economías del interior del país, efecto que se sumaría a la recuperación del poder de compra de los salarios derivada de las paritarias, luego de transitarse una primera parte del año en la que la economía real sufrió los efectos del cambio de precios relativos asociado a la unificación cambiaria y la recomposición tarifaria, en un marco de salarios nominalmente estables. Adicionalmente, ya entrado el segundo semestre, el acceso a financiamiento externo comenzaría a verse reflejado en un repunte de la inversión tanto pública como privada, contando una porción significativa de los créditos a obtenerse por los gobiernos provinciales y nacional una asignación específica para obras de infraestructura.
Con una mirada más de largo plazo, el acceso a financiamiento externo resulta esencial para viabilizar un proceso de gradual reducción del déficit fiscal y estabilización de la economía. En particular, la vuelta a los mercados internacionales de crédito permitiría financiar una paulatina recuperación del equilibrio fiscal, contribuyendo a mitigar la dependencia de la emisión de pesos para asistir financieramente al Tesoro por parte del Banco Central, que recobraría grados de libertad para el diseño e implementación de la política monetaria. Sin acceso al financiamiento externo, las alternativas de política económica pasan por un abrupto ajuste fiscal o seguir recurriendo al financiamiento monetario para cubrir el rojo de las cuentas públicas, con sus correlatos en términos de contracción de la actividad económica y aceleración de la inflación, dos opciones con altos costos sociales.
