por Lisandro Martinez*
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El 26/2/16 La Defensa digital informa “en el programa La Noticia del Día, de C5N, y ante los anuncios de cortes y piquetes hechos por Del Caño, el senador provincial José L. Pallares dijo: “Está tan mal la criminalización de la protesta como la demonización a aquellos que sólo pretenden un poco de orden social”. Y agregó que “el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución, pero quienes quieran circular libremente deben tener un carril para hacerlo, en la ruta o carretera del país que esté cortada. Todos, deben estar avisados de cortes, marchas o movilizaciones.”
Es fantástico que militantes cuyo movimiento proviene de una irrupción callejera como nunca se había visto hasta 1945 en el país -y al cual un “niño bien” llamado Jorge Luis calificó como aluvión zoológico capaces de lavarse las patas en la fuente-, ahora midan las baldosas que debe ocupar la movilización popular que reclama por derechos.
El sometimiento político de los movimientos nacionalistas integrados a la patronal abruma el raciocinio de sus militantes que a cambio de festejos sanos celebran a la patota de la
burocracia sindical como “la columna vertebral del movimiento”, sin importarles que los mandatos de esos gerontes llevan entre 20 y 30 años de continuidad con lista única, escandalosos fraudes apoyados desde el Estado y garantidos con el asesinato de opositores políticos: Rosendo García, Mariano Ferreyra y sigue la lista que continúa con la malversación de fondos de Sindicatos, Obras Sociales y el servicio de sepelio, de los que trabajan.
Estas personas devenidas en ortivas de las modalidades que toma la lucha política sólo se ponen de acuerdo con su espejo -el Presidente Macri y su ministra del protocolo- porque la represión le garantiza posteriormente al PJ beneficios económicos como a sus gobernadores ansiosos porque lleguen los créditos del endeudamiento colosal que Prat Gay obtendrá al cierre del acuerdo de pago a los buitres.
Los gobernadores del PJ están muy apurados para que vuelva el endeudamiento del país, las provincias y los municipios, no les importan despidos, salarios a la baja o sobreendeudamiento del país porque de esa bolsa de inmundicias van a comer.
Por lo tanto se ponen a tono con sus iguales y saludan el Protocolo represivo para que no vayan ha surgir voces discordantes ni masas que se rebelen ante el brutal ajuste. Este pasará –circunstancialmente- si logran no sólo despejar las calles sino derrotar al movimiento obrero, una pesadilla recurrente de los dueños del país ya que incluso la política más criminal que aplicaron fue pulverizada el 30/3/1982 con movilizaciones -prohibidas por los genocidas- que llenaron las calles con “se va a acabar la dictadura militar” y que fueran boicoteadas hasta el último minuto por el PJ/UCR.
El protocolo Bulrrich es un intento más; Alfonsín que gobernó para el Consenso de Washington enviaba “Sérpicos” a las marchas y creó vía SIDE la oficina de espías de manifestantes, el cerebro fue el guardaespaldas presidencial Raúl Guglieminetti, torturador de la dictadura.
Menem publicó una solicitada instruyendo a los fiscales para procesar a todos quienes cortasen rutas o calles. De la Rúa cuando asumió mandó tirar a matar en el Puente de Corrientes amenazando -ojo al piojo- y disparó corrido por la movilización popular. Duhalde montó un escenario de guerra en el Puente Pueyrredón, mató, lo descubrió un fotógrafo y tuvo que irse. Ella inauguró en 2013 la Asamblea legislativa en el Congreso reclamando “basta de cortes”, su propuesta no pasó la prueba de sus juristas. Ya había fracasado con su ilegal Proyecto X con Berni y sus caranchos.
Por sentencias en firme, protestas y reclamos se pueden realizar cortando calles y vías. El juez Leopoldo Schiffrin señaló “Es preciso subrayar que las manifestaciones en la vía pública forman parte del derecho de reunión”. El juez examinaba el corte de vías del 23/12/2010 y la interrupción durante 7 hs. del servicio de ferrocarril al que la jauría mediática y política calificaba de acto criminal (Infobe 25/7/2012).
En un país donde gobiernan funcionarios que se suceden transfiriendo a sus cuentas el erario público y subastando las riquezas naturales, es lógico que las masas explotadas que son quienes pagan con sus condiciones de vida y las de sus familias los ajustes y devaluaciones hayan hecho evolucionar sus métodos para acabar con el flagelo. De allí que el piquete, corte y escrache son todas iniciativas callejeras protagonizadas por el colectivo humano hambriento de justicia social.
En 1996 cuando Menem soñaba que los fiscales actuaran de oficio ante piquetes y cortes, comenzó los trámites de retiro. YPF en Cutral Co había despedido a 5.000. Los desocupados cansados de rodar entendieron la necesidad que el reclamo se viralizara al mundo cortando la ruta Nacional 22 y durante 7 días y 6 noches 20.000 cutralquenses multiplicaron sus imágenes por TV al país; éste fue el método de lucha aprobado y la Argentina de ancho a largo se hizo piquetera para combatir la desocupación provocada por otro gobierno ajustador con el cuento de los ñoquis, como hoy el gobierno de Macri.
El 20/6/1996 la jueza Margarita Guidiño de Arguelles, impulsada por el gobernador Sapag, apuró a los 20.000 a desconcentrarse porque cometían delito de sedición; cuando finalizó su arenga un rugido de furia partió de miles de gargantas y Margarita antes de echar a correr junto a sus 300 Gendarmes se declaró incompetente. Allí se comprobó que la asamblea, el piquete y la huelga eran un combo imbatible. (Clarín 26/6/1996)
La Asamblea Nacional Piquetera funcionó con planes de lucha y cortes de rutas del 2001 al 2004.
El pueblo hace piquetes cuando falta la luz, no hay justicia, hay hambre, no hay medicamento oncológico, cuando mediante un accidente un hijo del poder mata a alguien, por un femicidio, si violan a un niño, si el gatillo fácil mata, si ABSA expende agua con arsénico, si las mineras y los agroquímicos contaminan.
La búsqueda de justicia colectiva y su notoria ausencia es lo que anima a todo un pueblo.
Para los gobiernos de los monopolios la tarea represiva es insalubre y corren el riesgo que en cualquier momento ellos mismos pasen a recibir el mismo mal trato pero duplicado de manos del pueblo. En Francia siglo XVI, la guillotina pasó a ser un espectáculo festivo de las masas hartas del manoseo de las Cortes, los nobles, el clero y los reyes.
El primer derecho de un estado de derecho es garantizar la protesta no criminalizarla.
(*) Del Partido Obrero
