por Omar Dalponte*
Los jueces Salvador Norberto Ruiz y Ebe López Piossek, miembros la Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que declaró la nulidad de las elecciones provinciales han puesto a la provincia de Tucumán al borde del incendio. Estos jueces han actuado con una irresponsabilidad supina además de colocarse al servicio de quienes de una u otra manera operan para alterar el funcionamiento normal de las instituciones y la paz social.Se trata de dos jueces próximos a jubilarse que respondiendo quien sabe a que oscuros intereses, desconocen y atropellan la decisión de miles de ciudadanos que han expresado a través de las urnas su voluntad de elegir. Sin lugar a dudas la resolución de estos jueces significa un ataque directo a la democracia y un claro intento desestabilizador que pone en serio riesgo la paz y el bienestar del pueblo tucumano.
Queda muy en claro que la oposición, en cualquiera de sus variantes, frente a la realidad de un escenario adverso, busca mediante artimañas de todo tipo entorpecer el proceso electoral, descalificarlo y producir hechos que lleven a situaciones límites que pueden tener consecuencias impredecibles. En Tucumán hay un intento de golpe de estado cuyos mascarones de proa son los dos jueces que produjeron un fallo injusto, de una brutalidad extrema sin antecedentes desde que recuperamos la democracia hace 32 años. Pero indudablemente, detrás de estos jueces golpistas están los poderes concentrados de la economía, de las finanzas y de las comunicaciones dispuestos a no permitir el avance de nuestro país mediante la profundización del proyecto nacional y popular que el kirchnerismo conduce y el pueblo apoya masivamente en cada elección.
Varias veces, desde el año 2003 hasta el presente, esos poderes han procurado de mil maneras derrocar al gobierno nacional y con mucha más ferocidad lo han intentado durante las gestiones de Cristina Fernández. Les molesta que los pobres tengan un lugar bajo el sol. Les irrita que nuestro país haya logrado avanzar notablemente en la recuperación de su soberanía integral y de la justicia social. No se resignan ante la consolidación y crecimiento del kirchnerismo en la política nacional.
Además se desesperan cuando, ante cada maniobra destituyente, el kirchnerismo emerge con más fuerzas. Pasó después del conflicto con las patronales del campo. Pasó luego de la pelada de trasero que se llevaron con el fiscal suicidado a quien pretendieron convertir en héroe y al final les resultó un pájaro de cuentas. Va a pasar ahora, después de que se desarticulen las falsedades jurídicas en la provincia de Tucumán. Dos prestigiosos constitucionalistas, Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis consideran correctamente que se ha descalificado la voluntad electoral de los tucumanos y reiteraron la figura de sedición. O sea que aquí, según estos profesionales, hay un levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo.
Por otro lado se adelantó que se avanzará con la denuncia de prevaricato en contra de los jueces Salvador Ruiz y Ebe López Píossek. Para que todos sepamos de que hablamos hay que decir que prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicte una resolución arbitraria a sabiendas de que dicha resolución es injusta.
También, el gobierno tucumano y el Partido Justicialista separadamente presentaron recursos de “per saltum” ante la Corte Suprema de Justicia de aquella provincia a fin de que ese tribunal superior defina a la brevedad sobre la validez del fallo que pretende anular las elecciones. No nos caben dudas que la batería de recursos legales que se opondrán a los golpistas tucumanos triunfará y que los autores e instigadores de las medidas antidemocráticas que lesionan la tranquilidad de los argentinos tendrán el castigo moral y material que merecen.
Roguemos que ante el tremendo papelón que les espera no se les ocurra imitar a Nisman.
(*) De Iniciativa Socialista
