por Marta Santos
Si una escuela pierde prestigio puede perder matrícula. De ese modo pueden cerrarse aulas, pierde categoría y hasta corre peligro de cerrarse. La responsabilidad es de los directivos, ya que no han logrado que el establecimiento continúe o crezca. En estos basamentos está, quizás, la respuesta a las preguntas de los padres de la escuela primaria Nº7, de Juncal y Mamberti, en un barrio cercano a la estación, en Lanús E.
“¿Por qué no hubo respuesta inmediata de la dirección de la escuela ante nuestros reclamos?”, inquieren varios papás en la puerta del colegio. ¿Por qué tanta demora en reconocer que algo estaba pasando y no separar inmediatamente, en forma preventiva, al
adulto acusado de abusar de un chiquito de 7 años? ¿Es verdad que ese adulto es responsable de lo que se lo acusa? ¿Por qué el nene no lo señala directamente? ¿Y si fue otro?
Lo cierto es que, mientras que la justicia debe intensificar la investigación, apurar tiempos de peritajes médicos físicos y psicológicos y tomarle la declaración a la pequeña víctima, hay corresponsables entre el cuerpo docente. Porque, más allá del hecho, la certeza de las lesiones del niño -según sus padres- si fueron ocasionadas en la escuela por un adulto, nos plantea la falta de cuidado del cuerpo docente para con los alumnos. Otros compañeritos fueron hilando una historia de abusos cuando, frente al estímulo de sus padres para que les contasen, expresaron acciones que, como “un juego”, fueron encaminando los hechos en la dirección que, al final, se revela: en esta escuela no se cumplen las disposiciones de cuidado de los alumnos, sobre todo de los más pequeños. En los minutos de recreo, los maestros deben estar vigilando el patio de recreos y la puerta de los baños: está establecido desde hace muchos años, con horarios que reparten responsabilidades entre los docentes. No -como comentó Gisel, que sacó a sus hijos de la escuela hasta ver que el quiosquero no estuviese más allí- para que las maestras se encierren en un aula con una persona que va a venderles ropa. No para que estén en la cocina tomándose un cafecito. El cuidado de los chicos no tiene descanso y eso integra también la vocación docente. No sirve ponerse la escarapela y hacer actos donde algunos niños interpretan danzas autóctonas. Hay que ayudarlos a que se conviertan en buena gente.
En las escuelas el quiosco era atendido por los padres de la cooperadora, más interesados que nadie en el bienestar de los niños, y sus ingresos se utilizaban para ayudar al arreglo, la manutención o la compra de materiales y muebles hasta hace algunos años, en que la Dirección General de Escuelas decidió que se adjudicarían por licitación, llevada adelante por el Consejo Escolar local. Y la cooperadora percibiría lo que se estipulase como alquiler de ese puesto. O sea que cualquiera que se presente a la licitación como mejor postor puede acceder al quiosco y por ende, a los niños. Fuentes confiables me revelaron que no se hace un examen psicofísico de la persona que gana la licitación. En el caso de la Escuela Nº7, además, el inquilino era ayudado por su madre en la atención del quiosco, a quien, obviamente, tampoco le hicieron ese examen.
El presidente del Consejo Escolar local, Roberto Crovella, y la jefa de inspectores Silvia Martínez, muy cautos en sus declaraciones, coincidieron en que “ni bien tomaron conocimiento del hecho denunciado comenzaron la investigación”. Pero el incidente fue denunciado el 5 de mayo y la investigación se inició varios días después, “por otros hechos” que luego devinieron en esto, según Martínez. Al principio se guardó silencio. Entre ayer y hoy recién se tomaron varias medidas: se separó preventivamente a la directora, vice directora y maestra de grado, y lo mismo sucedería con otras docentes y psicopedagogas desde hoy hasta que se investiguen corresponsabilidades. Las clases continuarán con otro personal a cargo. El quiosquero se retiró “acompañado” por la policía y no puede volver. Fue anunciado en mi programa en las últimas horas de ayer, después que los medios llegamos y pedimos explicaciones, quince días después de la denuncia de los padres del niño afectado.
Esa escuela pública, la de mis hijas, siempre estuvo considerada como una de las que los padres preferían por su nivel educativo. Ahora está cuestionada. Es imprescindible que este abuso sea aclarado rápidamente y que se castigue al culpable. Es indispensable que se logre la declaración del niño antes que su testimonio pueda ser afectado por el torbellino de comentarios y el circo que se monta en la puerta de la institución.
Es necesario que los adultos volvamos a sentir que el mejor, el lugar más seguro para nuestros niños, fuera del hogar, es la escuela.