A raíz de la nota de La Defensa que pone en evidencia que la Municipalidad de Lanús, vende los autos abandonados que recoge en la vía pública a una chatarrería privada, Marta Santos recuerda que al respecto hay una ordenanza que no se cumple. Promediando 2014 se aprobó en el HCD una ordenanza cuyo proyecto pertenece al hoy macrista, ex GEN, Oscar López por la cual se establece el control y disposición de los vehículos secuestrados en la vía pública y que permitiría saber qué pasa con cada uno de esos vehículos y de qué modo incrementarían en patrimonio municipal, en caso de no ser rescatados por sus dueños.
La ordenanza, que adhiere a la ley provincial Nº14547, trae al distrito lo legislado en la provincia de Buenos Aires y en su artículo 3º, establece: “Inventario Inicial. El Departamento
Ejecutivo, dentro de los treinta (60) días de la sanción de la presente, por medio de la autoridad de aplicación procederá a confeccionar un Inventario actualizado de los vehículos que se hallen a esa fecha en poder del municipio, ya sea en depósitos municipales ó de terceros, que sean producto de las causales señaladas en los incisos a y b de la Ley Nº 14.547. Dicho inventario será certificado por ante Escribano Publico, quien verificara mediante su intervención notarial la veracidad de los datos consignados. En él se deberán consignar los siguientes datos de los vehículos señalados: Número y fecha del acta de infracción y secuestro. Tipo, marca, modelo, año y color del vehículo. Numero de Dominio. Datos identificatorios de la persona a la cual se le secuestro el vehículo, de poseerse. Datos identificatorios del motor y carrocería. Estado del vehículo, detallándose los faltantes. Deuda del Impuesto a los automotores a la fecha en caso de hallarse municipalizado el vehículo. Domicilio donde se halla almacenado el vehículo”. Asímismo, la ordenanza establece la creación de un Libro de Inventario de Vehículos secuestrados que se confeccionará para tal fin y que será rubricado por el intendente y cinco concejales, uno por cada bloque, según la importancia de su representación en el HCD.
Con este procedimiento se llevaría un control exhaustivo de los vehículos secuestrados por el municipio -no los que correspondan a causas judiciales-, que serían devueltos a sus dueños en cuanto presentasen documentación que justificase su propiedad, o que podrán ser cedidos por los mismos al Municipio, en caso de no querer su rescate. Todo estaría registrado notarialmente y en el libro, que consignaría también si el Ejecutivo lo ingresa a alguna repartición propia, lo dona a alguna institución, lo envía a remate o a compactación. Y también se sabría el estado del vehículo incautado que según algunos denunciantes, entran “enteros” al predio municipal y aparecen con la ausencia de piezas importantes cuando el dueño intenta rescatarlos.
Lo cierto es que el libro de inventario parece no haberse implementado y ni siquiera se sabe si la ordenanza fue reglamentada por el Ejecutivo. Como sucede con muchas otras que intentan llevar orden y claridad a las acciones de la administración municipal, quedan en buenas intenciones.
Según lo revelado en La Defensa (foto) y las denuncias que hemos recibido de muchos vecinos, hay acumulación de vehículos que produce daños ambientales -en R. de Escalada, por ejemplo- y la disposición de los mismos transita por aguas no muy claras.
Ya en medio de una campaña electoral no autorizada: ¿no sería mejor que el intendente llevara a la práctica una ordenanza que fue aprobada? Pero ya se sabe: el intendente no sólo puede vetarlas, también puede postergar su reglamentación -cuando la misma lo requiere- y la ordenanza es letra muerta. Parece que es el camino que, como otras, siguió esta normativa.
Marta Santos