Mientras que el club Independiente abrió sus puertas para que familiares y amigos del Gallego Fernandez pasearan su féretro por el estadio, es comprometida la situación de los detenidos por su asesinato.
Como se recordará inscripto en la guerra de la barrabrava de Lanús, Fernandez fue muerto de un balazo en el pecho en Basavilbaso y Cabral, en Gerli este. Y como sucede siempre en Lanús, al revés de lo que acacece en otros distritos, ninguna cámara de seguridad registró ni el antes ni el durante ni el después del hecho.
Pero la policía, que llegó de inmediato a la escena del crimen, tiene cuatro detenidos: Gabriel Farías, Gabriel Soto, su hijo Matías Polaquito Soto, y Juan Soto. Este último es una primera espada de Nicolás Russo, pero hasta hace poco fue director del Concejo Deliberante de Lanús, puesto al que accedió tras acompañar al julianista Omar Lopez en la lista de concejales del Frente para la Victoria. Juan Soto manejaba una mutual que le hacía préstamos a jubilados y al parecer se enojó con el kirchnerismo cuando desde el gobierno se liberaron los créditos sin interés para ese sector.
El papel del ex director del concejo, en el hecho que le costó la vida a Fernandez es delicado, porque fue en su camioneta donde la policía halló la pistola con que según las primeras apreciaciones, su hermano Gabriel, padre del Polaquito, efectuó el disparo mortal “en defensa propia”, de acuerdo a su primera declaración.
Ha trascendido de fuentes ligadas con el caso, que Julián Alvarez le puso un abogado a El Polaquito.
Como se ve, la política está siempre presente en este tipo de hechos.