Esta solicitud que se suma a la del Pro, y que da por sentado que las compras “fueron hechas con precios ostensiblemente mayores a los que se ofrece en el mercado para los mismos productos”, pone el acento en el proveedor Pablo Amenta, y su relación con el secretario de Políticas Sociales, Leonardo Gonzalez (foto), relaciones que prohíbe el artículo 6º de la Ley Orgánica Municipal (LOM). Ley que además establece prioridad para proveedores del distrito, en el artículo 156 bis, “siempre que se configuren similares condiciones de precio y calidad”.
Este proyecto que pide todos los antecedentes de la compra y del proveedor, anotado con tres firmas -la suya como titular, Majusol y Glapa- en la nómina municipal, será presentado sobre tablas junto con el del Pro, en la próxima sesión. Pero como para su tratamiento se requieren los dos tercios del cuerpo, es dudoso que prospere: nueve concejales están más preocupados por sus bolsillos que por lo que comen los chicos que se asisten en la comuna, y por lo qué se hace con el dinero de los contribuyentes. Ese día, el jueves 6, se sabrá quien es quien.
