por Lisandro Martínez*
lisandromartinez47@yahoo.com.arEl 8/10 se realizó en el Colegio de Abogados de La Plata la nueva audiencia pública. La justicia obligó a OCABA, a ABSA, al Defensor del Pueblo y al Gobernador Scioli a convocarla en una localidad urbana donde la asistencia fuera posible y superara las zancadillas geográficas de San Cayetano (localidad sin micros de larga distancia y a 500 km de los centros geográficos), allí en plena zona rural Scioli decidió hacer clandestinamente una audiencia el 19 de agosto pasado para que los usuarios no pudieran llegar y luego de ese “trámite” aplicar el aumento de tarifa en el agua.
La nueva audiencia del 8/10 contó con 200 asistentes de Moreno, Bahía Blanca, Cnel. Rosales, Bragado, Merlo, Punta Alta, Varela, Pehuajó, Casares, 9 de Julio, San Miguel, La Plata, Gonet etc. y Comisiones de vecinos que luchan por tener agua potable sin arsénico y que funcionen las cloacas. Estuvieron presentes Senadores, Diputados y Concejales de muchas localidades. Hubo 80 intervenciones de la oposición política y de las comisiones de vecinos y ninguna pudo evadirse del mandato popular de NO al aumento de tarifas y algunos reclamaron ¡fuera Scioli!
La audiencia, a pesar del cuidadoso léxico de los expositores, desnudó que ABSA sigue el “modelo Pedraza”: es una cueva de explotación del trabajo, de especulación y de ataque a la vida de millones que habitan 91localidades.
ABSA es Scioli, una S.A. mixta (Estado/Sindicato); el 90% es del Estado Provincial que maneja a discreción el gobernador y el operador es la Comisión Directiva de Obras
Sanitarias. El directorio no tiene legalidad, tampoco el organismo de control (OCABA) que destinado a defender al usuario es un aguantadero de punteros del sciolismo y es parte sustancial de la Caja de recaudación de recursos en negro del gobernador y principal candidato de Cristina.
Dos empresas tercerizadas en ABSA son explotadas con trabajo precario por la burocracia sindical de Obras Sanitarias que responde a Scioli como Pedraza respondía a los Kirchner.
ABSA ratificó en la audiencia que provee agua contaminada con arsénico, nitratos, metales pesados, cloruros, cloro en exceso e inclusive materia fecal. Los gerentes admitieron en la audiencia que el tratamiento de aguas cloacales es un circuito de contaminación alimentado por ABSA que vuelca sin tratamiento las aguas servidas a ríos, arroyos, canales y lagunas. Las abundantes pérdidas en cañerías, la contaminación y falta de tratamiento abarcan a 91 localidades de la PBA.
El tarifazo trata de esconder la quiebra de ABSA, con un déficit de u$s74 millones confesado en la audiencia por los gerentes. La empresa es una caja negra con balances dibujados no obstante los funcionarios reclamaron $400 millones para seguir funcionando.
En agosto de este año ABSA recaudaba $1024 millones (www.lanueva), cobrando el servicio a usuarios domiciliarios, quienes sólo consumen el 9% del agua. El oficialismo y la oposición política se niegan a cobrar el agua al otro 91% que son los grandes consumidores –industriales y explotadores del agro- quienes usan agua como principal insumo para su producción de mercaderías. Si ese 91% pagara el consumo, el superávit sería extraordinario y sobraría dinero para obras públicas.
Scioli, además de ser uno de los deudores de ABSA por $405 millones de aportes de capital en los últimos 2 años, está asociado a la empresa sionista Mekorot Water Company, que ha sido declarada por los organismos internacionales de DDHH como empresa genocida por sancionar a los palestinos con cortes de agua.
Los prontuarios del directorio de ABSA certifican que son “okupas” que no pudieron presentar sus declaraciones juradas, mientras dos gerentes anteriores están cumpliendo una “probation” por estafar a ABSA.
OCABA en un acto ilegal se engulle el 4% de la factura “para gastos”. Sólo de Bahía Blanca, se estipuló en la audiencia, se llevan $6 millones. Los funcionarios de OCABA presentes no pudieron explicar el destino del dinero recaudado.
Las pruebas fueron demoledoras con fotos de desbordes cloacales, nula evacuación de los efluentes sin tratamientos, poca presión, obras públicas millonarias que nunca funcionaron, falta de plantas potabilizadoras mal construidas y facturadas que hacen que en los últimos 100 años los habitantes de PBA puedan intoxicarse con arsénico y adquirir distintas variedades de cáncer; todo fue proyectado en “power point” por los oradores que señalaron con rigurosidad una a una las deficiencias en el servicio en los 91 distritos y demostraron que es injustificable el pretendido aumento por la gobernación.
Hubo tres impactantes intervenciones: 1) la de Alicia Tortora, Directora de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Plata, que se pronunció contra el ajuste. 2) la de Analía Canusso, una de la varias enfermas de Hacre (arsenicismo) presentes en la sala, quien contó con detalles como adquirió la enfermedad por beber agua de red contaminada con arsénico. 3) Una abogada que advirtió al directorio de OCABA y al de ABSA que sus mandatos son ilegítimos ya que no están inscriptos ante la justicia porque no pudieron o no quisieron presentar sus declaraciones juradas y que al no brindar el servicio que por estatuto están obligados a dar son contraventores de leyes de la nación que involucran a los funcionarios públicos, con lo que pueden ser imputados y terminar en la cárcel, la advertencia fue redondeada por la letrada quien señaló que iniciaba la demanda judicial, mandatada por varios de los presentes.
Al día siguiente el Defensor del Pueblo Carlos Bonicatto mintió en un reportaje a Radio Universidad “fue una reunión (audiencia) crítica y se opusieron al aumento dos o tres localidades”.
No obstante la acumulación de pruebas en contra del aumento, Scioli va a aplicar el tarifazo (Clarin.com iEco10/10/14).
Fuera los funcionarios de ABSA y OCABA
Reorganizar ABSA -por el Agua potable, contra las obras truchas- bajo el control de Comisiones de vecinos y trabajadores que auditen los libros contables de ABSA, OCABA y la Provincia de Bs As.
Suspensión del pago de facturas por incumplimiento de ABSA y el riesgo de vida al que somete a la población.
Indemnización a los usuarios por irregularidades y enfermedades (entre ellas HACRE) causadas por desidia gubernamental.
¡Abajo el tarifazo! Por miles de firmas y movilización a municipios, ABSA y gobernación.
(*) Miembro del Partido Obrero