por Lisandro Martínez*
lisandromartinez47@yahoo.com.arEl gobernador de PBA maneja a gusto y paladar la empresa ABSA cuya clientela cautiva suma casi 4 millones de personas en 91 localidades.
ABSA se constituyó a los apurones en medio de la quiebra de 2001 cuando las privatizadoras -Azurix-Enron- y Aguas de Gran Buenos Aires (AGBA), el grupo italiano Impregilo y los españoles Aguas de Bilbao Bizkaia y Dycasa, que debían proveer agua potable y cloacas a PBA, junto a otras empresas extranjeras, decidieron iniciar juicio en el CIADI porque con la devaluación las tarifas no continuaron a precio dólar.
El estado nacional y provincial luego de 3 años de incumplimientos vinculados a la renovación de cañerías, expansión del servicio, metas de micromedición, etcétera, perdonó todas las violaciones al contrato vigente sin reaccionar. Sólo y fundamentalmente tras la propia retirada de los privatizadores, en marzo de 2002 el PE provincial sancionó tardíamente el Decreto Nº 508/02 por el cual le rescindió el contrato a Azurix SA y a AGBA por “culpa del concesionario”. Luego sancionó el Decreto Nº 517/02, ratificado con la Ley 12989/02, en el que declaró la “emergencia pública sanitaria ysocial” de los servicios en las zonas prestadas por las privatizadoras.
La provincia no denunció la ruptura del contrato por violación de las privatizadoras Azurix SA y AGBA quienes desde 1999 incumplieron con la potabilización del agua y las inversiones. El estado a cargo de pejotistas, aliancistas y kirchneristas dejó, como verdadero cómplice, correr los juicios que fueron finalmente comprados a precio vil por fondos buitres “amigos”: Blue Ridge Investiment, CC-WB Holdings LLC, NG-UN Holdings y Gramercy Funds Management.
Gramercy es un fondo de inversión cuyos vínculos con el vicepresidente Amado Boudou vienen desde 2008/2010 cuando se organizó la reapertura del canje (pago) de deuda y Amado era ministro de economía. Gramercy está asociada a la consultora Arcadia de M. Etchebarne y “colaboró” para asegurar la operación “vendepatria”. Gramercy tiene como accionista a Black Rock, que es también accionista de petroleras que operan ilegalmente en las islas Malvinas como Rockhopper, Desire Petroleum y en Falkland Oil and Gas, lo que supone la violación de lo establecido por la Ley 26659 que impide asociarse con los “enemigos de la patria”.
En 2013 el gobierno nac&pop que luego elaboraría la consigna de “Patria o buitres” hizo un arreglo extra judicial de “servidumbre nacional” pagando a los fondos buitres $3.000 millones (Clarín 20/10/2013). En relación a la denuncia de Azurix en julio de 2006, el tribunal arbitral condenó a la Argentina a pagar u$s 165.000.000, poco menos del 30% del reclamo original de la empresa. La cifra final de $3000 millones es una estafa al tesoro nacional dividido entre 4 fondos buitres y los funcionarios de la “Patria Pagadora”.
ABSA -fundada por Duhalde y la burocracia del Sindicato de Obras Sanitarias en 2002- tampoco invirtió un centavo para potabilizar el agua en las 40 localidades cuyas napas contienen arsénico, no garantizó el caudal suficiente a los usuarios domiciliarios de las 91 localidades ni subsanó las pérdidas de miles de litros que se escurren por las cañerías instaladas en el siglo XVIII. ABSA es una empresa cuyo paquete accionario está repartido: 90% al estado provincial y 10% de las acciones son del sindicato. La presidencia de ABSA está en manos de Esteban Scarcella, yerno de Albano Harguindeguy y Scioli tiene como contratista privilegiada a la empresa israelí Mekorot Water Company, experta en sancionar a la franja de Gaza con cortes de agua.
Scioli en 2009 aplicó un aumento tarifario del 600% y desde entonces fue a la carga con distintos tarifazos sobre los usuarios domiciliarios, 180% en 2012, 46% en 2013 por revaluó inmobiliario y ahora espera a través de la audiencia pública aplicar el 146% de aumento.
En la audiencia pública de San Cayetano, ABSA -donde trató de espaldas a los usuarios domiciliarios y con la complicidad OCABA y del Defensor del Pueblo de aplicar un tarifazo- señaló un déficit previsto para este año de más de u$s120 millones (La Nueva Provincia 22/8/2014).
La política de Scioli es reventar a ABSA y pasar a otro esquema ya que el estado provincial lleva dos años sin hacer su aporte anual de $ 200 millones.
Lo paradójico es que por el final de ciclo de CFK, Scioli resulta el candidato nac&pop según las encuestas, ya que encabeza la grilla de presidenciables y que se erige como heredero del cristinismo que le dará continuidad al modelo de “La Patria Pagadora”.
El intento de legalizar el tarifazo en la audiencia en San Cayetano, en agosto 2014, localidad de PBA sin micros directos, provocó que esa audiencia en un pequeño teatro fuera el lugar donde los funcionarios, entre ellos Bonicatto el llamado Defensor del Pueblo, fueran vapuleados a su antojo por los vecinos y la oposición. No obstante el nivel de repudio generado, los funcionarios de OCABA y ABSA confirmaron que el tarifazo del 146% no se retrotrae. La respuesta fue repudiar la audiencia y presentar un recurso de amparo que obligó a repetir la audiencia ahora en la ciudad de La Plata, en el Colegio de Abogados el 8/10/2014.
La nueva audiencia pública para aplicar el tarifazo es parte de una crisis política y económica colosal del gobierno de Scioli que ha puesto al borde de la quiebra a “su empresa” ABSA, que continúa una política contra los usuarios domiciliarios y no ha invertido en ninguna mejora desde 2007.
La crisis obligó a la oposición política (Unen, FR, etcétera) y al propio FV a oponerse al tarifazo en 9 de Julio, Bahía Blanca, Pehuajó y otras localidades, donde debieron pronunciarse los concejos deliberantes.
El aumento no tiene sustento legal ya que Scioli tiene decidido no cobrar el agua a las grandes industrias y propietarios del campo que consumen el 91%, por ejemplo el Polo Petroquímico de Bahía Blanca utiliza el 40% del agua de la localidad sin costo. Para la mayoría de los explotadores es uno de los principales insumos de producción pero los tarifazos la “Patria Pagadora” los descarga sobe los usuarios domiciliarios que utilizan el 9% del agua.
Tampoco existen fundamentos para cobrar el servicio de agua con arsénico distribuida por red en 40 localidades de PBA.
El tarifazo no debe pasar.
¡Todos a la audiencia pública! el 8/10/2014!
(*) Miembro del PO
