por Lisandro Martínez*
lisandromartinez47@yahoo.com.arEl 13 de octubre de 2010 Cristina Kirchner vetó la ley del 82% móvil del salario mínimo para las jubilaciones, que unos días antes había sancionado el parlamento. CFK manifestó que lo hizo porque quienes habían sancionado la norma en el parlamento no tenían previsto de donde saldría el presupuesto para afrontar semejante gasto y que eso provocaría la quiebra del estado, agregando una frase sin sentido ni lugar: “la mayoría de quienes han votado esa norma son los que años antes habían rebajado un 13% las jubilaciones”.
La voz de la presidenta apareció inflexible por los medios de comunicación a la hora del anuncio contra los ancianos, quienes aportaron siempre hasta que llegaron los empleos precarios y en negro y el empresariado llevó al borde de la quiebra a las cajas de jubilaciones no haciendo los aportes.
Mientras a los ancianos el gobierno los trata con mano de hierro da a los saqueadores del país un trato con algodones y preferencial. Desde 2005 los Kirchner han demostrado su carácter de pagador serial de los usureros internacionales a los que han honrado con u$s 193 mil millones destinados a la deuda externa. Tomando las inversiones extranjeras se destaca que estuvo lejos de lo que se pagó como deuda en 10 años y clarifica que los u$s 193 mil millones y la fuga millonaria de capitales permitida por los Kirchner salieron del trabajo nacional y de la entrega de los recursos naturales. Durante el año 2012 la inversión extranjera llegó a u$s 12.551 millones, la
cifra más alta de 10 años de tasas chinas.
En la época del derrumbe capitalista las usinas del gran capital decidieron acabar con el sistema jubilatorio y cambiar el concepto de salario diferido por el que los trabajadores han aportado siempre y que la jubilación pase a ser una asistencia social.
El gobierno aumentó la jubilación un 17,1%: de $ 2.757,13 a $3.231,63.
No caben dudas para quien no está narcotizado por una renta, un salario o un puesto de la camarilla K, que en Argentina nadie sobrevive con $ 2.757,13 ni con $3.231,63 y que determinar que sí lo pueden hacer, propagandizándolo como un logro, caracteriza a miserables que han calificado a los jubilados con el epíteto de “jubilados buitres”.
Hay que sumarse al reclamo de un aumento de emergencia de $3.000 al mes para los jubilados y los pensionados.
Las largas colas para que no se retire el subsidio a la tarifa del gas mayormente es de jubilados que van con la ingenua interpretación de que seguro hay un error. Quien cobra $3.000 de jubilación no puede ni podrá pagar $1.200 ó $1.500 de gas. Las excepciones al aumento se anuncian para quienes perciben jubilaciones mínimas pero la decisión final corresponde al Ministerio de Planificación en función de “parámetros” secretos.
El aumento en los servicios pulverizó el rimbombante anuncio de aumento de las jubilaciones y la declaración del titular de ANSES “en términos reales los jubilados ganan hoy más que nunca”, ignorando el colosal achatamiento de la pirámide de jubilaciones; hoy el 53% cobra la mínima y en el 2001 era el 15%, sin contar quienes entraron a la moratoria que cobran
menos que el mínimo mientras otro 17% está en un rango intermedio de más o menos $5.000.
Los jubilados con un aumento del 17,21% completan el año con un incremento del 30.5% contra una inflación del 40% y aún mayor en los alimentos. Con esto se pretende que hagan frente a la inflación y devaluación del peso hasta marzo 2015.
Estas cifran revelan lo que tiende a ocultarse: la ley de movilidad eliminó el ajuste de las jubilaciones por la inflación o los salarios, medidos en forma independiente del INDEC. Puso, en cambio, un techo a los aumentos y además obligó a que los jubilados y pensionados absorban la recesión –que se expresa en menor recaudación– y la caída de los salarios reales.
Por estas razones el jubilado tiende a ser un proscripto social. Hay datos que lo ilustran, por ejemplo el pase gratuito –previo trámite– en el subte permite viajar entre las 10 y las 16 horas, no más.
La lista de consumos de lo que se considera gasto básico del jubilado omite alquileres (si lo hubiere) o mantenimiento de la casa propia, ya que el anciano es lógico no tiene condiciones físicas para abordar la refacción ni tiene los medios para la compra de materiales; es necesario también que la canasta del jubilado cubra el abono del cable e internet, salidas de recreación y gastos vacacionales.
El aumento de emergencia para jubilados y pensionados está planteado por este cuadro y por la depredación constante de los haberes por inflación.
¿Cuál debe ser el monto del reclamo? La canasta básica de mayores confeccionada por la Defensoría de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de Ciudad de Bs. As. en mayo de este año era de $5.668. Si se suma cable/internet, recreación, vacaciones actualizado a agosto, el costo supera $6.500. Esto plantea la lucha por un aumento de emergencia de $3.000.
En la apreciación del FIT/PO, el aumento de emergencia para jubilados y pensionados es parte de una reorganización social de conjunto. El derecho al salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, un seguro al parado y a la jubilación equivalente al 82 % móvil del salario en actividad, un plan de inversiones públicas financiado con impuestos al capital, el repudio a la deuda usuraria, la nacionalización de la banca y del comercio exterior, son parte del planteo que permita sacar a la economía del marasmo y a las masas más postergadas de la tragedia social.
La defensa de un aumento de emergencia para la gente de la tercera edad no es más que la defensa del salario y del trabajo, lo único a lo que se puede aspirar bajo este régimen social. Los fondos para este aumento existen, sólo que están siendo usados para subsidiar al capital –pago a Repsol, al Club de París, etc.-. Hay que restituir los aportes patronales y gravar las rentas financieras, mineras y petroleras.
El FIT presentó en febrero de este año, acompañado por el Defensor de la Tercera Edad y distintas organizaciones de jubilados, un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación para fijar un aumento de emergencia de $ 3.000, un salario mínimo igual a la canasta familiar (en ese momento en $ 9.000) y un haber mínimo jubilatorio del 82% del salario mínimo.
La coronación del trabajo legislativo del PO tiene su complementación en la movilización popular.
(*) Miembro del PO
