por Marta Santos
El Tribunal de Cuentas observó que el Municipio de Lanús realizó licitaciones privadas cuando hubieren correspondido hacerlas públicas, en el año 2012. Corresponden a la adquisición de pan para comedores y centros educativos y a la de alimentos para comedores infantiles y personas en estado de vulnerabilidad. Esto es señalado expresamente en el fallo emitido por el organismo de control y que llegó al Concejo Deliberante por la notificación que recibieran los legisladores respecto a sus dietas que -según entiende- fueron mal liquidadas.En folios 15 y 16, la sentencia indica que se adjudicaron, con fecha 22 de marzo y 28 de marzo de 2012 dos licitaciones privadas para la adquisición de pan, ambas con el mismo objeto y con diferencia de cuatro días hábiles, por $440.000 y $241.000 respectivamente, cuando “debió efectuarse Licitación Pública (monto total $681.800,00) para las contrataciones detalladas”. Ambas se adjudicaron a la firma Confitería El Colegio de Alberto Marzio. El Tribunal indica también que “la Delegación Zonal verificó que las invitaciones a participar de ambas contrataciones no llegaron rotativamente a todos los inscriptos en el rubro, no dándose cumplimiento con el requisito de rotación establecido en la norma reglamentaria”.
Lo mismo sucedió con otras dos licitaciones privadas (Nº7 y Nº5, expdientes 197 y 200 respectivamente) para la adquisición de alimentos. Ambas adjudicadas con diferencia de siete días hábiles, el 11 y el 20 de abril de 2012, sin la rotación en la convocatoria y cuando hubiese correspondido una sola licitación pública por $544,609,80.
Sin embargo, y pese a los señalamientos, el organismo de control finaliza aprobando la rendición de cuentas, tal como viene haciéndolo desde hace años. Consultados varios ediles no oficialistas, indicaron que “la sentencia es confusa, porque el tribunal señala varios errores administrativos de procedimiento pero al fin termina aprobando la rendición”. Heriberto Deibe expresó: “Desconozco que alguna vez el Tribunal haya rechazado alguna rendición”. Indicó
que como es un organismo de control administrativo, se maneja dentro de normas que permite a los municipios presentar diversos comprobantes para demostrar sus actos administrativos. “Puede señalar errores pero no hay penas porque no son delitos: los permite la ley. En todo caso hay multas a los funcionarios”. Respecto de los procesos licitatorios, reafirmó que “yo siempre dije que los procesos más limpios son los de compra directa. En las licitaciones es más fácil hacer trampas”. Jorge Schiavone, presidente del bloque Pro, expresó: “La verdad es que ignoramos la normativa por la que se rige el tribunal pero frente a estos señalamientos estamos aún más convencidos que la rendición no puede aprobarse así como así. Nosotros nunca lo hemos hecho”.
