Los amigos y militantes del Pro tuvieron que esperar hoy dos horas, en la barra, hasta que se decidieron a hacer la preparatoria, que duró 15 minutos. La ordinaria duró hasta las 16:30 y comenzó con un minuto de silencio en memoria de Silvia Muntaner. El primer tema propuesto sobre tablas, luego del tratamiento de los expedientes que tenían dictamen y que se aprobaron rápidamente, fue el convenio por la policía municipal, que debía contar con la aprobación del concejo.
Emiliano Bursese expuso durante más de una hora: “Esta policía lo único que tiene de municipal es el nombre. Cuando propusimos el consejo de seguridad, hace dos años, era para elaborar políticas de estado. Se le dio al intendente una lista de 14 puntos, de los cuales la mayoría no se cumplió. Necesitamos aclaración sobre la financiación, requisitos laborales, capacitación, asistencia técnica, antes de aprobarlo”.
También presentaron objeciones los concejales del FR, con Salvador Baratta como principal orador, que sostuvo que “esto es un mamarracho: le están dando más poder a una cúpula policial que es ineficiente, ya lo demostró. ¿Hacía falta este marketing de un gobernador que en siete años no hizo nada?”, preguntó. “A la policía hace 30 años que la maneja la política”, expresó. Pero votó afirmativamente el convenio porque “¿cómo le explicamos a la gente que estamos rechazando 473 efectivos más?”, según el argumento que sostuvieron todos los ediles massistas.
De allí que Jorge Schiavone argumentara que no entendía las órdenes de Sergio Massa ni la postura del senador José Luis Pallares, dado que calificaron el decreto del gobernador como “un engendro... ¿y ahora lo votan sin discutirlo en comisión?”. Schiavone había propuesto que el convenio se enviara a comisión para mayor debate. Cuando quiso hablar Martín Medina y usar el ejemplo de la Metropolitana para ejemplificar de la preparación de los suboficiales -un tema que preocupa a la mayoría de los ediles, incluidos algunos oficialistas- una moción de orden de Omar López le impidió hacerlo porque “debe atenerse al expediente”. Un rato antes
cuando Daniel Píccolo había mencionado a los jefes policiales de Santa Fe “asociados a los narcos” para chicanear a los ediles de UNEN, no sucedió lo mismo: ahí no importó que se trajeran ejemplos de otros lados.
Oscar López dio por sentado que “el gobernador no sabe cómo solucionar el problema de la seguridad y se lo tira al intendente, pero la policía comunal será manejada por la provincia. Aquí nadie la quiere pero la obediencia debida hace que hoy la acepten”. A lo que Mabel Gagino, rápida, replicó que “a mí nadie me dice lo que debo decir o pensar. Sabemos que el tiempo de preparación de los agentes es insuficiente pero no podemos decir que no a más efectivos”. La concejal había compartido la sugerencia de Gabriel Sandoval, que propuso un observatorio de la policía municipal, conformado por funcionarios, concejales de todos los partidos políticos y fuerzas vivas “porque el convenio tiene zonas grises” y habría que hacer un seguimiento del accionar de la nueva fuerza. Es una propuesta para mejorar lo que hay”.
Omar López argumentó que “este es el principio del camino” porque todo lo que se haga será poco “pero hay que hacer”. Stella Maris García, por su parte, agregó que “el tema de la seguridad debe ser debatido a fondo desde el gobierno nacional, dada la incidencia de la droga” en todo el país. Indicó que, pese a denuncias, no hay investigación seria sobre componentes de la fuerza policial: “seguimos con las mismas estructuras”, alegó.
A las 16:00 se votó el expediente, contando con 16 votos afirmativos. Los ediles Heriberto Deibe y Gabriel Di Masi faltaron a la sesión.
Luego se aprobó la declaración de emergencia eléctrica, que se hace para que el municipio colabore con la reparación del tendido eléctrico y el pedido de informes para que “la secretaría que estime corresponder” informe con carácter urgente si la compra (denunciada por La Defensa) de cámara y accesorios “realmente existió y de ser cierta, se detalle características de la compra y valores en que se ha adquirido, así como también se remita copia detallada del expediente administrativo en cuestión”.
Jorge Montero aclaró que la compra existió aunque “no podemos darle curso a cualquier pedido de informes por denuncias que hace un periódico, sea el que sea, sin investigar si hay pruebas”( aunque los opositores le indicaban, a viva voz, que “las pruebas están: fijate la factura”), que la empresa “es seria”, que el equipo que se adquirió era importante, con accesorios especiales y que se incluía un curso para su manejo para tres empleados. “El oficialismo no tiene nada que ocultar”, concluyó.
Cabe señalar que el pedido de informes fue tratado en el recinto por una confusión, que reconoció públicamente, del jefe del bloque del FV, que entendió que se pedía la inclusión solamente y dio su aprobación, sin reparar que se había pedido también su tratamiento. Este expediente fue aprobado por unanimidad.
Ahora sólo falta que la respuesta llegue dentro de los 25 días, como lo estipula la ordenanza.
Marta Santos