A pocos días del rechazo a la rendición de cuentas del ejercicio administrativo de 2013 que enviara el intendente, cuyo resultado fue negativo por 14 votos a 9, el requerimiento del tribunal -órgano de control de la administración municipal-, que tiene 94 páginas, fecha del 4 de junio y llegó la semana pasada al Concejo Deliberante, ha inquietado a muchos ediles. Es que en ese fallo -procedimiento anterior a la sentencia definitiva- hay un artículo que cuestiona la dieta que perciben los concejales y que indica que cobran más de lo que les corresponde, y deben devolver dinero al estado municipal.
De acuerdo al dictamen, los ediles habrían cobrado un promedio de aproximadamente $3.000 mensuales de más (algunos más, otros un poco menos) desde el año 2011 y deberían reintegrar el total del importe acumulado, lo que hace una suma importante del patrimonio personal de cada uno de ellos. Esto ha motivado la inquietud de los legisladores, que vienen realizando consultas permanentes y que el viernes tendrían una reunión en la que acordarían los argumentos del descargo a presentar.
Los ediles mencionados en el documento son: “El presidente del Honorable Concejo Deliberante Héctor Antonio Bonfiglio y los concejales Griselda Gloria Regueira, Daniel Antonio Píccolo, Francisco Malvaso, Héctor Jorge Montero, Mariano Germán Amore, Vanesa Laura Orbes, Gabriel David Di Masi, Carlos Barbagallo, Cristian Ezequiel Bosio, Jorge Schiavone, Stella Maris García, Susana Gloria Arce, Luciana María Agustavicius, Carlos Raúl Torlaschi, María Angela La Rosa, Emiliano Martín Bursese, Oscar Gerardo López, Gabriel Norberto Sandobal (sic), Heriberto Manuel Deibe, Pedro David Gómez, Carlos Alberto Simino, Roberto Favio Camiña, Héctor Eduardo Vélez, Alfredo Raúl Giorno, José Alberto Sierra, Omar Eduardo López, José Luis Pallares, Alicia Beatriz Iglesias, Salvador Darío Baratta, Silvia Graciela Lizarraga, Jorge Martín Sosa, Rafael Carlos Folino y Mabel Ana Gagino”.
El Tribunal de Cuentas, como su nombre lo indica, es el organismo que controla las cuentas
municipales. Con este requerimiento se verán afectados no sólo los ediles que cumplieron mandato desde 2011 sino también los nuevos que asumieron en diciembre, porque las dietas siguen liquidándose con ese señalado error.
En diciembre de 2013 ya se conocía el requerimiento del Tribunal de Cuentas. El deliberativo hizo entonces -el día 9- una sesión para aprobar una resolución en la que se solicitaba a la Legislatura provincial la modificación del artículo 92 de la Ley Orgánica de las Municipalidades para que la fórmula que regula la liquidación de las dietas no dejara lugar a confusiones, dado que su terminología daba lugar a dos interpretaciones disímiles, según las cuales cada municipio puede hacer la cuenta de dos modos. La Legislatura aún no ha procedido a esa modificación y el Tribunal entiende que los concejales han cobrado demás durante varios años.
Sin embargo, el documento emanado del Tribunal de Cuentas lleva unos días en mano de sus destinatarios y se guarda un hermético silencio al respecto, porque es la primera vez que el organismo de control indica en forma escrita a los primeros controladores de las cuentas municipales -el HCD- que ese control no existió. Los ediles reaccionaron rápidamente y ya están estudiando la respuesta que darán al Tribunal en forma urgente.
El viernes tomarían la decisión definitiva en cuanto a su argumentación, que será la misma en todos los casos. Se pondrán de acuerdo. Las diferencias político partidarias no existirían a la hora de cuidar su bolsillo.
Marta Santos
