por Lisandro Martinez*
lisandromartínez47@yahoo.com.ar En el capitalismo la construcción de viviendas no se realiza para los necesitados sino para abastecer al mercado. Lo que importa no es combatir el déficit habitacional sino el lucro que se va a extraer de una necesidad básica y para eso el estado es la Celestina que licita entre amigos la construcción de viviendas y entrega los fondos necesarios y los terrenos fiscales que se enajenan y pasan a ser privados, incluso los que fueran campos de detención, tortura y fusilamiento, como Astarsa en Tigre o Campomar en Lanús.
Los planes de viviendas antes y luego de la democracia fueron minúsculos y no aportaron soluciones en gran escala para los trabajadores sin hogar. En los ’80 dicen que el déficit habitacional en el país era de 1.500.000 viviendas.
“El análisis de los censos 1980, 1991,2001, 2010, muestra que 60.000 nuevos hogares se suman cada año al problema de falta de vivienda. Entre 2001 y 2010 el número de inquilinos subió del 11,1% al 16,1%. Hoy las viviendas deficitarias son 3.386.606 y más de 6.000.000 de familias tienen problemas de vivienda.“La sociedad argentina, según censo 2010, es algo más de 12 millones de hogares, 60% de los cuales integran la clase media (media baja, media típica y media alta). Según la encuesta realizada en 2011 para la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) por D’Alessio-IROL, 6 de cada 10 hogares de clase media, es decir más de un tercio del total de
los hogares del país, quisieran comprar una primera vivienda o cambiarla y no logran hacerlo. Los problemas relevados: baja relación de sus ingresos versus el costo de la vivienda y dificultad para acceder a un crédito hipotecario adecuado.
“A esto se suma que la precariedad o mala calidad de la vivienda está en el centro de la problemática del 30% más pobre de la población (casi 500.000 hogares en viviendas irrecuperables según censo 2010), concluyendo que más del 50% de los hogares argentinos tienen algún grado de problema con respecto a su vivienda.
“La dificultad de acceso a la vivienda tiene décadas de antigüedad y muchas facetas hacen a la complejidad del problema.” (www.revistavivienda.com.ar/ 3/12/2012)
A las dificultades se suma que los créditos hipotecarios tienen una tasa de 20% o más que imposibilita toda operación destinada a otorgar vivienda para los sectores populares o más sumergidos. Los expertos en vivienda social señalan que la tasa de interés no puede superar el 5% para resolver las necesidades de las grandes masas.
La ley 24.464/95 llamada Sistema Federal de vivienda, menemista; el Plan federal de construcción de viviendas (2004/2007) kirchnerista y el llamado Plan Pro.Cre.Ar cristinista, fueron las últimas versiones de la malversación de fondos públicos y transferencia de riquezas públicas a especuladores y punteros.
Las tres normas son inconducentes a la hora de llevar adelante una acción coherente contra el déficit habitacional que padece el país.
Un problema irresuelto por la dirección burguesa es la carencia de infraestructura urbana que asfixia en general al GBA y al interior del país, circunstancia que imposibilita cualquier plan de construcción.
La ley 24.464/95, Sistema Federal de vivienda, fue sancionada amparándose en el artículo 14 de acceso a la “vivienda digna”. El FONAVI tenía como fondos de recursos un porcentaje de la recaudación de un impuesto a los combustibles que no podía ser inferior a los 75.000.000 de pesos/u$s, por mes calendario. El BNA debía transferir diariamente a cada jurisdicción el monto de la recaudación que correspondía de acuerdo al coeficiente (distinto % distributivo entre las provincias y la municipalidad de la CABA).
Esos gigantescos montos fueron al pozo negro en el que está autorizado cada gobierno a reasignar partidas y guardarse la guita. Esto acabó con cualquier plan de viviendas en provincias y municipios.
El Programa Crédito para la Vivienda única (Pro.Cre.Ar Bicentenario) fue creado el 12/7/2012 y se anunciaron 400.000 unidades en cuatro años.
Pro.Cre.Ar es una línea de créditos presentada por el gobierno Nac&Pop que está en manos privadas por medio de una sociedad anónima llamada Banco Hipotecario SA, que administra mediante un fideicomiso con fondos de la ANSES de $20.000.000. Esta corporación privada inmobiliaria y urbanizadora persigue la gran rentabilidad del negocio y lucra con la especulación financiera, por lo que es imposible que sus objetivos sean de solidaridad social.
Los entendidos ya han calificado la operatoria como ruinosa para la ANSES señalando que por cada dos pesos que presten los jubilados al fideicomiso van a perder uno.
El Grupo IRSA -de lazos estrechos con Macri y el gobierno kirchnerista- posee el 30% del paquete accionario del Banco Hipotecario S.A., tiene mayoría en el directorio y varios de sus integrantes son propietarios de la Empresa Cresud uno de los grupos económicos más poderosos asociado a los fondos buitres, poseedor de 473.093 hectáreas aquí y otro tanto en la región y dueño del imperio inmobiliario más grande de la Argentina. (www.argenpress.info 16/4/2013)
Por la “lógica” de los negocios de especulación inmobiliaria, los créditos Pro.Cre. Ar no dan ninguna solución a la vivienda popular, no resuelven situaciones informales (tomas de tierras, títulos, escrituración de asentamientos o villas). Tampoco es una línea de créditos blandos para trabajadores precarizados.
Los subsidios del ANSES son aprovechados por los pudientes. La Voz del Interior 6/8/2013 dice: “Aparecen casas Procrear en barrios exclusivos de Córdoba”, y aclara: “Según fuentes del mercado inmobiliario de Río Cuarto, un lote de mil metros en barrio Golf puede valer u$s120 mil de costo”.
Con el sorteo entre 1.600 familias del Pro.Cre.Ar en octubre de 2013 los precios de los terrenos subieron espectacularmente por la especulación inmobiliaria avisada de la necesidad de los adjudicados de adquirir lotes.
Las opciones de “planes” para viviendas populares además de no adecuarse a las necesidades del gran déficit habitacional existente en el país, son parte de la rapiña de especuladores y de la llamada patria contratista.
Hay que plantear un Plan de Viviendas Populares que sea financiado con un fuerte impuesto a los especuladores inmobiliarios, que reúna un caudal que garantice la construcción de viviendas para resolver el déficit habitacional y salvar al ANSES de la quiebra en ciernes a mano de los fondos buitres.
(*) Miembro del PO
