Informe Económico Semanal del Banco Ciudad
En la última semana se conoció el dato del balance comercial de febrero, el cual sumó sólo USD 44 millones, acusando un derrumbe de 92% con respecto al mismo mes del año anterior. Este menor ingreso de dólares comerciales, que mantuvo las tensiones en la plaza cambiaria y llevó al Banco Central a presionar a los bancos a reducir sus tenencias de dólares y a los grandes exportadores a anticipar parte de sus liquidaciones de la próxima cosecha, se produjo a partir de una caída de 6% en las exportaciones, combinada con un incremento de 2% en las importaciones, gatillado principalmente por las mayores compras de energía.Esta performance del balance comercial pone de manifiesto, a todas luces, la soja dependencia de la economía argentina, fenómeno que resulta una bendición y una maldición a la vez, según el cristal con que se lo mire. Puede considerarse una bendición, porque garantiza un importante flujo de dólares de un sector que, pese a las limitaciones impuestas por la actual política agropecuaria, ha sabido mantenerse a flote, generando año a año un ingreso de divisas que, en 2014, podría trepar a los USD 25.000 millones, a partir de la mejora proyectada en la cosecha de la oleaginosa, que se espera que se acerque a un récord de 54 millones de toneladas.
Pero esta dependencia de un solo cultivo implica también una maldición, ya que genera una gran estacionalidad del ingreso de divisas, toda vez que otros sectores han ido perdiendo competitividad y enfrentando crecientes limitaciones para exportar, lo cual lleva a imponer restricciones a las importaciones, factor que impide el normal funcionamiento del aparato productivo y, en un año como el 2014, profundiza el sesgo recesivo.
Este año, las exportaciones de cereales han mostrado un abrumadora caída de 57% en el primer bimestre (-54% en febrero), que bajo otras condiciones claramente no se hubiera observado. Si el mercado del trigo se hubiera mantenido libre de las regulaciones estatales que ahogaron esa actividad, hoy la Argentina podría seguir produciendo, como mínimo, las casi 16 millones de toneladas alcanzadas en la campaña 2000/01, de manera que el sector
triguero podría haber generado un ingreso de divisas de USD 1.800 millones adicionales, amortiguando la escasez de divisas característica del primer trimestre de los últimos años.
Por otro lado, otro elemento que presiona a la baja a las ventas externas es la caída observada en las exportaciones industriales, que en febrero se contrajeron un 2%, en lo que fue su tercer baja consecutiva, pese al salto cambiario de enero. Lo anterior demuestra que, más allá del tipo de cambio, hay otros elementos que operan sobre las ventas externas, como el ciclo económico en los países vecinos, la dificultad de recuperar rápidamente mercados que se han ido desatendiendo, o las trabas a las importaciones, que funcionan como una suerte de sábana corta, al generar grandes ruidos a lo largo de todo el tejido manufacturero.
Con todo, en el corriente año prevemos un incremento del saldo comercial del 34%, hasta los USD 12.000 millones, no tanto por un alza de las exportaciones, sino por la caída proyectada en las importaciones, asociada a la menor actividad económica y la persistencia de las trabas comerciales. Esto ayudaría a descomprimir la restricción externa, sobre todo entre el segundo y tercer trimestre, previéndose que vuelvan a sentirse las tensiones cambiarias sobre el final del año, una vez que se haya exportado la mayor parte de la cosecha gruesa.
Por último, esta semana también se divulgó el dato de febrero del flamante IPCNu del INDEC, el cual arrojó un incremento de 3,4%, inferior al capturado por mediciones alternativas como el IPC Congreso (4,3%) o el IPC de la Ciudad de Buenas Aires (4,4%). Estas diferencias, que en el acumulado del primer bimestre resultan aún más marcadas, con un alza del IPCNu de 7,2% y del IPC Congreso y de la Ciudad del 9,1% y 9,4%, respectivamente, se suman a cierta falta de transparencia que aún pesa sobre las nuevas mediciones oficiales, en lo referido a la no publicación de precios medios, una apertura por regiones o la información de la canasta básica alimentaria y total, utilizadas para medir las líneas de indigencia y pobreza. Como resultado, tras la buena recepción del dato de enero, en febrero volvió sentarse cierto manto de dudas sobre la medición oficial de precios, golpeando a los títulos ajustables por CER, que habían experimentado un fuerte incremento en sus cotizaciones, tras el debut del nuevo IPC el mes previo.