Informe Económico Semanal del Banco Ciudad
Esta semana el INDEC dio a conocer el nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano (IPCNu), indicador que apunta a reemplazar al criticado IPC-GBA, el cual adolecía de la más mínima credibilidad desde la intervención “de facto” de la oficina nacional de estadísticas, en el año 2007.El nuevo índice compila las mediciones de precios de 23 provincias, agrupadas en 6 regiones (excluyendo a la Ciudad de Buenos Aires, que confecciona su propio indicador), y arrojó en enero un incremento de 3,7% mensual, 5 veces mayor a la variación promedio del viejo IPC durante los últimos 7 años (0,7%). Se trata, así, de la mayor suba para un mes de enero desde la hiperinflación de 1991, con un alza que, anualizada, trepa al 55%, consolidando a la inflación de Argentina como la segunda más alta de la región detrás de la de Venezuela, y una de las más elevadas del planeta. De hecho, la variación resultó una de las más pronunciadas en nuestro país en los últimos 23 años, ubicándose sólo detrás de las subas registradas en marzo (4%), abril (10%) y mayo (4%) de 2002, tras la maxidevaluación que siguió al abandono del régimen de Convertibilidad.
Si bien la variación del IPCNu fue casi 1 punto porcentual inferior a la capturada por las estimaciones oficiales y privadas para la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, la diferencia resulta razonable, en la medida que durante enero se produjeron fuertes ajustes en las tarifas de determinados servicios, como el transporte público de pasajeros, que tuvieron lugar exclusivamente en el área metropolitana. El IPC Congreso y el índice elaborado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires señalaron una suba de los precios minoristas del 4,6% y 4,8% mensual, respectivamente (30% interanual), con un aporte de los precios regulados cercano, justamente, al punto porcentual que los separa de la medición nacional del INDEC.
Paralelamente, el ente oficial de estadísticas publicó sus estimaciones de inflación mayorista
, las cuales, al igual que en el caso del IPC, exhibieron una importante aceleración, reflejo de cierto sinceramiento también en este relevamiento, más allá de los previsibles efectos de la devaluación sobre los precios al productor. El Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) registró una suba del 4,9% mensual, que cuadriplica su variación promedio de 2013 (1,2%), elevando su tasa de crecimiento interanual del 15% al 19%.
Pese a todos estos avances, el INDEC no publicó aún la apertura de la inflación minorista por regiones, información que sería deseable que se divulgue, de manera de dotar de mayor transparencia a las nuevas mediciones oficiales.
Aún así, con los nuevos índices consideramos que el gobierno cuenta con una oportunidad para intentar recuperar al INDEC como proveedor de estadísticas confiables, no sólo por tratarse de una responsabilidad indelegable del Estado, sino por ser además un primer paso indispensable para comenzar a trazar cualquier política anti-inflacionaria. Sin un indicador que permita consensuar cuál es la verdadera dinámica de los precios, resulta imposible siquiera plantear una estrategia para atacar seriamente el problema.
Con el nuevo IPC Nacional (cuya credibilidad deberá ser refrendada con el correr de los meses) se volvería a contar con un termómetro para medir la fiebre del paciente, resultando ahora acuciante comenzar a aplicar la receta adecuada. Puesto en otros términos, el reconocimiento de la inflación y su cuantificación por parte de las autoridades es un avance importante, pero por si sólo no es garantía de nada (Venezuela tenía un IPC que, al menos hasta el año pasado, no era mayormente criticado, a la vez que contaba con una inflación superior al 50%).
Sin más dilaciones, la iniciativa está ahora del lado del gobierno. El Banco Central tiene la posibilidad de comenzar a desarrollar un programa monetario-cambiario consistente con un objetivo (explícito) de inflación descendente, que permita anclar las expectativas y obtener logros duraderos en este frente. Pero para que el programa tenga éxito, el gobierno debería dar señales claras y contundentes de que el déficit fiscal dejará (al menos gradualmente) de recostarse en la emisión monetaria, luego que el año pasado se imprimieran $94.000 millones para asistir al Sector Público (un 98% más que el año anterior), explicando la totalidad de la expansión monetaria. Hoy las expectativas inflacionarias se encuentran fuera de control, por encima del 30%, y el mercado descuenta que la pulseada de cortísimo plazo ganada para sostener la nueva paridad cambiaria podría volver a perderse en el segundo semestre (una vez pasada la cosecha), de no modificarse la actual dinámica inflacionaria.
