por Lisandro Martínez*
lisandromartinez47@yahoo.com.arLa crisis policial no es tal, la base es el completo derrumbe del modelo económico K; Repsol uno de los saqueadores ha recibido un bono con un interés único en el mundo del 8,75% en dólares.
El ejemplo político del derrumbe es Jorge Capitanich saludado por todos como “una forma diferente” que fue rescatado por “la retirada” Cristina, quien había decidido ejercer el poder desde “sus aposentos”, abrazada a un perro y un pingüino de peluche, cuando la realidad dio por finalizada su imitación de Luis Bonaparte. Esto revela que la crisis política se abre paso con el fracaso económico de “ellos, ellas y los otros”.
El fracaso es de todos los defensores del capital (Binner, Lozano, Carrio, Macri, Massa, Solanas, los K); ellos, ante “la inseguridad”, clamaron siempre por más policía y cámaras de vigilancia, entendiendo que intoxicándose con bebida se cura el alcoholismo y con vouyerismo se evitan los delitos. Lo mejor es ir a las fuentes del delito colocando bajo control de vecinos las comisarías, abrir sus libros y disponer medidas para que se elijan por voto popular comisarios y jueces, revocándolos si incumplen.
Todos los bloques de la Cámara de Diputados –menos el Frente de Izquierda- cerraron filas con los K por el “ataque a la democracia”, cuando el motor es el fracaso histórico de la burguesía antinacional argentina entregada a los monopolios. De allí en más la hiperinflación y la devaluación no tienen que ver con el calendario, son “ellos” desde “sus” instituciones quienes actúan para terminar así los ciclos políticos del capital.
La crisis del régimen está señalada por el lugar de “peón” que Argentina ocupa en el mercado mundial por la bulímica burguesía nacional que vive de comer y vomitar las migajas que le dejan los saqueadores internacionales en su paso por el país.
El acuerdo de la Cámara de Diputados no es contra la yuta golpista sino contra el incremento
general de salarios; los diputados del régimen de explotación decidieron anticiparse a la conmoción política del mundo del trabajo que gana salarios de $4000, tercerizado, en negro y que ve como las fuerzas represivas conquistan un salario mínimo igual a la canasta familiar.
El intento de todos los epígonos de la Cámara es barrer con los derechos obreros cortando el derecho de huelga bajo la especie de que debe preservarse el “bien común”, por lo que un camillero hospitalario, cuyo salario cubre el 40% de la canasta, ya no sólo debe velar por el bien común sino transformarse en un anacoreta. El pronunciamiento de los lobby que actúan en el Congreso viola las leyes que dicen defender. Son a todas luces anticonstitucionales los “acuerdos democráticos” que advierten a los trabajadores contra cualquier tentativa de reclamar salarios mínimos de $ 8.500. La Burocracia sindical “la correa de transmisión de las patronales” se ha llamado al inmovilismo.
El parlamento de pagadores seriales de la deuda alimentó declaraciones del Gobierno de La Pampa (UCR) que dijo “La paz social no es cuestión que se deba mezclar con un interés político o gremial. La seguridad ciudadana debe estar por encima de cualquiera de esas circunstancias y cada uno de los actores sociales y políticos debe ponerse en su lugar y asumir las responsabilidades que les corresponden”. (laarena.com.ar 13/12/2012)
Si combatir el hambre y las condiciones de vida humillantes que nos quieren imponer afectan la “Paz Social”, quiere decir que el pronunciamiento de los partidos del régimen es que nos ajustemos el cinturón sin chistar, solo faltaría en la chachara medieval que nos recuerden que si nos mantenemos en la pobreza tenemos el cielo asegurado; los trabajadores siempre hemos preferido traer el cielo a la tierra o ganarlo por asalto.
Pero el delito, la prostitución, la trata, los transas, las cocinas de Paco y los puntos de venta de la falopa en todas las barriadas ¿no violan acaso la paz social cuando la recaudación de esos negocios mafiosos es manejada por funcionarios públicos de todos los partidos del régimen? Estas brutales declaraciones del poder político revelan que para que haya una salida humana el ajuste hay que hacerlo sobre “ellos”.
Por lo tanto los acuartelamientos de las fuerzas de seguridad exigiendo aumentos salariales (e impunidad para personal con medidas disciplinarias y exonerados), los saqueos y su secuela de muertos son un emergente del fin de ciclo kirchnerista, acompañado en danza y toque de tambores por Cristina desde Plaza de Mayo.
Los gobernadores, con aval del gobierno nacional, han salido presurosos a cerrar el levantamiento policial otorgando aumentos salariales que en muchos casos equivalen al 100%. Esto contrasta con el techo del 18 al 20% que el gobierno y las patronales quieren imponer para las paritarias de los trabajadores, utilizando al salario como “un ancla a la inflación”.
“Para que la Casa esté en orden” los gobernadores y el gobierno nacional rápidamente cedieron al pliego policial, porque necesitan de una fuerza de choque para enfrentar a los trabajadores que salen y saldrán a luchar contra la licuación de sus salarios por vía inflacionaria. Hay que desmantelar las fuerzas represivas.
No al despliegue de Gendarmería “Proyecto X”. Rechazamos se aproveche para reforzar a las Fuerzas Armadas e imponer el nombramiento de Milani, e incluso declarar el Estado de Sitio.
El FIT apoya todas las luchas de los trabajadores en curso y reclama el establecimiento inmediato de un salario mínimo y móvil de $8.000 para todos los trabajadores sin distinción y el 82% móvil para los jubilados. Plata hay, que no se indemnice a Repsol ni se pague la deuda externa. Que la guita se use para las urgentes necesidades de los trabajadores y el pueblo.
Advertimos que la crisis policial NO ha transformado a las fuerzas de seguridad en aliadas de los trabajadores o que ya no son represores. Quienes así piensen serán desmentidos vertiginosamente por los propios acontecimientos.
El FIT llama al movimiento obrero a exigir a sindicatos y centrales obreras un inmediato Paro Nacional con movilización a Plaza de Mayo, en el marco de un plan de lucha por todas sus reivindicaciones y las del resto de la nación explotada y oprimida, contra el fortalecimiento del aparato represivo del Estado y por la inmediata absolución a los trabajadores petroleros de Las Heras, injustamente condenados.
¡Ahora vamos por lo nuestro!
(*) Del PO
