Un dictamen del Tribunal de Cuentas ha puesto en jaque al ejecutivo municipal y al concejo deliberante. Se trata de una interpretación sobre la forma de liquidar las dietas de los concejales quienes habrían cobrado por mes aproximadamente $2.500 de más. Esta suma se estaría liquidando desde mediados del año 2011 y de ser así, los legisladores deberían devolver ese monto, es decir unos 75.000 pesos por cabeza.
Pero el problema no es para Lanús solamente sino que alcanza a todos los municipios que adhirieron a una reforma del artículo 92 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y liquidan los haberes de ese modo. Esa liquidación se hace basada en una fórmula en la que se toma la categoría 13 (el sueldo más bajo de los municipales) y se suma y multiplican distintos factores. Pero el Tribunal de Cuentas multiplica y suma de distinto modo -algunos técnicos consultados indican que una coma en el texto del art. 92 está colocada de modo tal que puede dar lugar a la interpretación- obteniendo un resultado inferior a lo que se abona.
El resultado del dictamen no afecta solamente a los ediles en ejercicio sino también a los jubilados, cuyos sueldos estarían mal liquidados, de progresar esta decisión.
Durante los últimos 10 días se realizaron urgentes reuniones entre el presidente del HCD Héctor Bonfiglio, el concejal Carlos Folino, el intendente Darío Díaz Pérez y sus secretarios de Hacienda, de Gobierno y de Asuntos Legales. También efectuaron otras con el Tribunal de Cuentas a fin de aclarar la situación.
Pero como sólo la legislatura provincial puede modificar e interpretar correctamente (si hay
dudas) el texto de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el municipio de Lanús habría optado por pedir el expediente al ejecutivo y con el dictamen del tribunal solicitar a la legislatura que aclare cuál es su interpretación. Hasta que eso no se produzca, se seguirían liquidando todas las dietas como es habitual.
Marta Santos
